Panamá enfrenta la crisis educativa más severa de su historia reciente. Con 120,000 menores excluidos del sistema y más de 500 días lectivos perdidos entre marzo de 2020 y mayo de 2025 —equivalentes a 2.45 años escolares completos—, el país atraviesa lo que acertadamente se ha denominado un sexenio perdido.
Las interrupciones concatenadas han devastado la continuidad educativa: 380 días por la covid-19; 25 días por protestas contra el alto costo de vida; 45 días por el conflicto minero y 45 días adicionales por las manifestaciones contra la reforma de la CSS. Los estudiantes de séptimo grado en 2020 perdieron 40.8% de su educación secundaria, mientras que los de cuarto grado sacrificaron 36.4% de su formación primaria en etapas críticas de desarrollo cognitivo.
Las consecuencias socioeconómicas son graves: 33% de las mujeres jóvenes están fuera del mercado laboral y educativo (frente a 18% de los hombres), con proyecciones de 268,000 jóvenes sin estudiar ni trabajar para 2025. Además, 60% de los empleos juveniles son informales, lo que perpetúa ciclos de pobreza intergeneracional.
Antes de la crisis, los indicadores ya eran alarmantes. Solo 6 de cada 10 niños accedían al preescolar, 7 de cada 10 a la premedia y apenas 5 de cada 10 a la educación media. En las comarcas indígenas, las cifras se desploman al 16%, 19% y 32%, respectivamente, evidenciando inequidades estructurales profundas.
Los resultados internacionales confirman este retroceso. En el ERCE (Estudio Regional Comparativo y Explicativo) 2019, Panamá obtuvo puntajes similares a los de Nicaragua, a pesar de tener un PIB per cápita tres veces mayor. Las evaluaciones PISA (Programme for International Student Assessment) muestran una caída sostenida entre 2009 y 2022 en lectura, matemáticas y ciencias, ubicando al país por debajo del promedio regional.
El diagnóstico de la Defensoría del Pueblo en 449 centros educativos revela indiferencia y negligencia sistemática: 91% presenta problemas de infraestructura, 30% carece de agua potable y 65% sufre deficiencias de energía eléctrica. Mientras Costa Rica garantiza electricidad en 100% de sus escuelas y agua en 93%, Panamá apenas alcanza 83% y 70%, respectivamente.
Este panorama hace incomprensible la inversión multimillonaria en tecnología educativa sin asegurar primero los servicios básicos. ¿Cómo implementar programas digitales sin electricidad estable y sin acceso a internet? ¿Cómo promover hábitos de higiene sin agua potable? Niños y jóvenes arriesgan sus vidas cruzando ríos para asistir a escuelas sin puentes seguros, mientras se destinan recursos a computadoras que no pueden usarse.
El documento La Ruta Acordada por Ejecutar, elaborado por la Fundación para el Desarrollo Económico y Social (FUDESPA) y Jóvenes Unidos por la Educación (JUxLaE), consolida tres décadas de consensos nacionales desde 1995 e integra 17 iniciativas que identifican, de manera consistente, los mismos retos: inversión insuficiente, gestión deficiente y formación docente precaria, factores que generan inequidad y baja calidad educativa.
Sin embargo, existe una desconexión entre esos consensos históricos y las políticas implementadas. Con frecuencia se diseñan estrategias que no incorporan los acuerdos previos ni aprovechan la evidencia acumulada, lo que impide la continuidad y coherencia de las políticas públicas.
La agenda debe centrarse en cinco pilares:
Implementar la Ley 50 de 2002, garantizando agua potable y electricidad en todos los centros educativos antes de cualquier inversión en tecnología.
Transferir competencias de alimentación escolar, nombramientos docentes y recursos administrativos a niveles regionales, para mejorar la eficiencia y pertinencia de la educación local.
Desarrollar programas integrales que mantengan a los estudiantes en el sistema y reincorporen a quienes lo abandonaron, priorizando a las comunidades más vulnerables.
Fortalecer la formación docente inicial y continua, basada en evidencia, con énfasis en pedagogías orientadas a recuperar los aprendizajes perdidos.
Implementar evaluaciones sistemáticas (PISA, ERCE, CRECER) que guíen decisiones educativas basadas en resultados.
Panamá no puede permitirse otro sexenio perdido. Los estudiantes han sacrificado demasiado tiempo en un sistema que los ha abandonado. La implementación de la ruta acordada requiere liderazgo político que priorice resultados sobre promesas, evidencia sobre improvisación y equidad sobre privilegios.
Mientras no se garanticen los servicios básicos, cualquier inversión educativa será ineficiente. La educación debe convertirse en prioridad nacional, con acciones concretas que transformen las aulas panameñas de espacios de abandono en epicentros de oportunidad y desarrollo humano.
El autor forma parte de Jóvenes Unidos por la Educación.
