A lo largo de nuestra vida, se hace evidente la relevancia de poder acceder a una formación de excelencia como un derecho humano, desde la primera infancia y a lo largo de la vida.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece, en su artículo 26, el derecho a acceder a la educación superior. Indica que “será igual para todos, en función de los méritos respectivos”.
Según el Instituto de Estadísticas de la UNESCO, la tasa bruta de matriculación en América Latina y el Caribe, aumentó considerablemente entre 2000 y 2018, pasando de un 23% al 52%. Empero, es lamentable que solo la mitad de los estudiantes matriculados logran completar su formación.
En Panamá, a pesar de que se ha reflejado también un incremento en la matrícula (35%), como lo expresaba el Banco Mundial -al menos un millón matriculados entre 2008 y 2018-, solo un 17% logró completar su educación universitaria, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).
El derecho a la educación se sustenta en 4 dimensiones: la disponibilidad -que brinda una oferta educativa en todo el territorio nacional-; la accesibilidad -que dota a cualquier persona de la posibilidad de estudiar sin discriminación alguna-; la aceptabilidad -por parte de todos, de los contenidos educativos brindados-; y la adaptabilidad de la educación -al contexto y a las características del individuo-, todo ello a fin de garantizar una verdadera transformación de la persona y de la sociedad.
Un reto paralelo al aumento de la población universitaria, es que la oferta educativa superior no ha sido acompañada de un robusto financiamiento, que garantice que el acceso a una casa de estudios superiores sea disfrutado en igualdad de condiciones. Las últimas décadas se caracterizan por la precarización de las instituciones públicas que la brindan y el crecimiento de la oferta privada. La existencia de instituciones privadas en todos los niveles educativos es válida y aceptable: incrementa la oferta formativa y ofrece a la población estudiantil, alternativas educativas. La paradoja es que el acceso de estudiantes pobres a las universidades oficiales se convierte en una quimera debido a la debilidad formativa que traen de su formación escolar. Ello implica que en las carreras científicas y técnicas es frecuente que los estudiantes de las escuelas particulares terminen asistiendo a universidades públicas y, por el contrario, en el caso de los estudiantes con limitaciones económicas, al no poder pasar los exámenes de admisión de las universidades oficiales, terminan teniendo que acceder a universidades privadas con costos muy por encima de sus capacidades económicas. Es preocupante que el acceso a una buena formación sea restringido en las carreras de alta demanda en las universidades públicas mientras que en aquellas cuya calidad es dudosa, justo ahí es dónde tienen acceso los más necesitados, que pudieran acceder a un mejor entorno laboral y/o a diferentes condiciones de vida si fueran otras las circunstancias.
Para consolidar una educación superior de calidad como un derecho inalienable para todos los panameños, debe garantizarse que las instituciones de educación superior estén respaldadas con un financiamiento apropiado, sin recortes presupuestarios; que cuenten con docentes altamente calificados en todo el territorio nacional; que haya investigación, desarrollo y formación continua para los catedráticos y una infraestructura apropiada en todos los centros universitarios.
Un financiamiento público adecuado, debe incentivar a que todos puedan tener la oportunidad de terminar sus estudios, sin recurrir a los “auxilios económicos”, que tanto han dado que hablar últimamente. ¡La educación superior es un derecho inalienable! No puede ser vista bajo el prisma de una simple actividad comercial. El Estado debe asumir su responsabilidad y, nosotros, como panameños, debemos velar por su cumplimiento, para que haya cada vez más panameños que culminen su educación superior.
La educación superior debe ser vista como un bien común que coadyuva a que haya una mejor sociedad. Es una inversión del Estado que genera justicia social, tan relevante en estos tiempos. ¡Por una educación universitaria accesible a todos los panameños y panameñas, no a unos cuantos!
El autor es egresado del Laboratorio Latinoamericano de Acción Ciudadana (LLAC) 2020 y miembro de Jóvenes Unidos por la Educación.
