Panamá ha decidido eliminar el Ministerio de la Mujer, una entidad creada durante la administración anterior. Esta medida plantea interrogantes sobre si responde únicamente a la intención de reducir la estructura estatal o si obedece también a motivaciones políticas.
El propósito principal de este ministerio, como en otros países, es promover la igualdad de género, proteger los derechos de las mujeres y reducir las brechas entre hombres y mujeres, especialmente en el ámbito público. Entre sus funciones estaban el diseño y la implementación de políticas orientadas a erradicar desigualdades y fomentar la equidad, en áreas como la participación política, el empoderamiento económico de mujeres en situación de vulnerabilidad (indígenas, migrantes o en pobreza), la educación y, especialmente, la lucha contra la violencia de género.
Desde su creación, el ministerio enfrentó desafíos significativos: presupuesto limitado, escasa capacidad operativa y poca visibilidad pública. Como muchas otras instituciones nuevas, fue percibido como irrelevante por amplios sectores de la ciudadanía, lo cual puede atribuirse a fallas en su gestión y comunicación.
Sin embargo, más allá de esas deficiencias, su supresión representa una pérdida. Un ministerio con estas atribuciones es clave para combatir la violencia contra las mujeres y ofrecer atención integral a las víctimas. Sus funciones incluían brindar asistencia legal, social y psicológica, así como administrar y crear albergues. También debía coordinar con otras entidades públicas y privadas, transversalizar el enfoque de género en las políticas nacionales y representar a Panamá en foros internacionales.
En Chile, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género impulsa leyes sobre pensiones alimenticias, femicidio y programas para mujeres en pobreza extrema, con un enfoque inclusivo hacia personas de género diverso. En República Dominicana, el ministerio coordina con la policía y la fiscalía, y ha sido clave en la declaración de emergencia nacional por violencia de género, priorizando la atención y prevención. Panamá, en contraste, registra un aumento en los casos de violencia contra la mujer y femicidios.
En otras jurisdicciones, estos ministerios promueven leyes de igualdad laboral, operan líneas de ayuda y desarrollan contenidos educativos sobre derechos humanos y género para fuerzas de seguridad. También asesoran a otras instituciones y coordinan esfuerzos contra el acoso y la discriminación.
Eliminar el Ministerio de la Mujer en Panamá significa un retroceso institucional. Se pierde autonomía, presupuesto e influencia; se debilita la capacidad de liderar políticas de género, se reduce su visibilidad y se margina la transversalidad en esta materia. Además, envía un mensaje político y cultural de desinterés por los derechos de las mujeres.
La decisión parece responder más a razones políticas que a una verdadera lógica de eficiencia estatal. Si el objetivo fuera reducir el aparato estatal, otras oficinas prescindibles —como el Despacho de la Primera Dama o entidades clientelistas— deberían haberse suprimido antes. El camino correcto no era eliminar, sino fortalecer, revisar su ley y nombrar personas idóneas para liderarlo. Se ha perdido una oportunidad valiosa.
El autor es abogado, investigador y doctor en Estudios Avanzados en Derechos Humanos.
