La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) ha sido, durante décadas, símbolo de eficiencia, neutralidad y confianza institucional tanto en el ámbito nacional como internacional. Este prestigio se sostiene sobre pilares sólidos: transparencia, meritocracia y un código de ética riguroso que regula la conducta de todos sus funcionarios, en especial la de sus directivos.
Por ello, resulta profundamente preocupante la reciente revelación de que Jorge González, miembro de la junta directiva de la ACP, habría ofrecido sus servicios como consultor a la empresa CHEC —integrante del consorcio encargado de la construcción del cuarto puente sobre el Canal— por un pago mensual de $13 mil. La finalidad, según reportes del medio digital Contrapeso, era “agilizar procesos” ante instancias del Ejecutivo y del Legislativo, además de coordinar una “sala de crisis”.
Independientemente de la legalidad del contrato en sí, el hecho de que un directivo de la ACP haya mantenido vínculos comerciales con una empresa vinculada a un proyecto de infraestructura de alto perfil —y en potencial interacción con la propia Autoridad— plantea un grave conflicto de interés, al menos desde una perspectiva ética. La legitimidad institucional no se sostiene solo con la ley en mano; también requiere integridad, coherencia y sentido del deber público.
Más preocupante aún fue la ausencia de González ante la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal de la Asamblea Nacional, a la que había sido invitado a rendir explicaciones. Ante su inasistencia, los diputados han anunciado su citación formal, mecanismo que puede derivar incluso en conducción forzosa si se persiste en el incumplimiento.
El reglamento interno del Legislativo es claro: los funcionarios públicos están obligados a comparecer cuando son citados. Pero más allá de lo normativo, está la responsabilidad moral de responder ante el país. La ciudadanía merece explicaciones claras y contundentes cuando la ética pública se ve comprometida, especialmente en una institución tan estratégica como la ACP.
Nadie está por encima de la ley ni exento de rendir cuentas. Este principio, tan básico como esencial, debe ser aplicado sin miramientos a todos los funcionarios públicos, incluidos —y sobre todo— aquellos que ocupan cargos en entidades de alta sensibilidad institucional. Si se comprueba la existencia de un conflicto de interés, deben activarse los mecanismos sancionadores correspondientes, tanto en el plano legal como en el reglamentario.
La ACP ha construido su reputación gracias a décadas de profesionalismo, neutralidad y disciplina institucional. Permitir que situaciones como esta pasen sin consecuencias sería poner en riesgo no solo su imagen, sino la confianza nacional e internacional que el Canal de Panamá ha logrado consolidar.
Es imperativo que se investigue a fondo, que se determinen responsabilidades y que se actúe con total transparencia. La ética no admite atajos. Y cualquier actuación que comprometa la imparcialidad de un directivo de la ACP debe ser sancionada, conforme a la ley y a los principios que rigen el buen gobierno.
Cuando la ciudadanía percibe que el poder se utiliza para beneficio privado, la democracia se resiente. Y cuando las instituciones no corrigen estos desvíos con firmeza, la corrupción encuentra terreno fértil para avanzar. Por eso, ningún ciudadano debe permanecer en silencio.
El autor es máster en administración industrial.
