Dado que el pasado 15 de octubre se celebró el Día del Fonoaudiólogo, me ha parecido oportuno compartir con la comunidad nacional una serie de reflexiones relacionadas con la labor del fonoaudiólogo panameño.
La carrera de fonoaudiología es, en esencia, una fusión entre la logopedia o terapia del lenguaje y la audiología. Su campo de acción abarca la evaluación, diagnóstico y tratamiento de los trastornos de la voz, el habla y el lenguaje, además de otros aspectos fundamentales como la alimentación y la deglución.
Dentro de este marco, es vital recalcar el papel del lenguaje en el desarrollo intelectual. Tal es su importancia que autores como Lev Semiónovich Vygotsky y Alexander Románovich Luria destacan su carácter esencial no solo como una de las funciones psíquicas superiores (FPS), sino como la principal, pues coadyuva al surgimiento y desarrollo de las demás funciones del ser humano.
Sobreestimar el papel del lenguaje es prácticamente imposible. Por ello resulta preocupante que, siendo una función tan importante, Panamá no cuente con una ley que garantice el equipamiento de las personas con pérdida auditiva —especialmente los niños con sordera severa o profunda— con audífonos de última generación o implantes cocleares a edad temprana. Esto permitiría asegurar una rehabilitación e integración oportuna y efectiva de esta población vulnerable.
Tampoco se han fortalecido los procesos necesarios para garantizar la intervención temprana y altamente calificada de suficiente personal idóneo. Si bien existen profesionales preparados, muchos no han sido nombrados.
En este sentido, el recurso humano es el más valioso. En Panamá se forman fonoaudiólogos desde hace más de 25 años, pero muchos de ellos siguen sin empleo, no por falta de necesidad, sino por ausencia de voluntad institucional para su nombramiento.
Quienes conocen de cerca la situación coinciden en que lo ideal sería contar con al menos un fonoaudiólogo por escuela. En el Ministerio de Salud también sería conveniente designar uno en cada centro de salud del país, sin mencionar los requerimientos de clínicas, policlínicas y hospitales tanto del Minsa como de la CSS.
El Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE) presenta igualmente un déficit crítico de estos especialistas, ante la creciente demanda de atención. La pobreza estructural y la desigualdad que persisten en amplias regiones del país hacen aún más evidente la necesidad de profesionales expertos en los trastornos de la comunicación.
Incluso la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), al haber “automatizado” las pruebas auditivas, ignora disposiciones legales y reduce oportunidades de empleo para jóvenes profesionales. Este es un error con una solución sencilla si se aplicara la normativa vigente.
Para completar el panorama de errores, omisiones y falta de visión, el 6 de octubre de 2025, La Prensa publicó en primera plana un artículo titulado “Ejecutivo planteará a la Asamblea desmantelar las leyes especiales”, acompañado de una fotografía del ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman. En dicho texto se señala que el ministro busca “desmantelar” las leyes especiales, eliminar subsidios estatales y terminar con la obligación del Estado de destinar el 7% del PIB al presupuesto del Meduca.
Según el artículo, el objetivo sería “flexibilizar” el presupuesto nacional. Se menciona que los aumentos de los funcionarios amparados por leyes especiales se otorgan de manera automática, sin considerar que estos dependen de evaluaciones satisfactorias.
Es claro que, para recibir servicios públicos de calidad, se deben pagar salarios justos y dignos. Sin embargo, el “gobierno de empresa privada” parece tener otras prioridades, como “flexibilizar” el presupuesto. Habrá que ver a quién beneficia esa flexibilidad.
Es sabido que el Gobierno destina el 7% del PIB a educación, pero luego, mediante traslados de partidas, deja al sector en condiciones precarias. Esa práctica revela una preocupante miopía política.
El respaldo a la salud y la educación es la mejor inversión de los países que aspiran a un futuro digno. Defender los presupuestos institucionales, las leyes especiales y el nombramiento de profesionales —como los fonoaudiólogos— será fundamental para construir un Panamá con verdadero progreso, justicia social y paz, objetivos que, lamentablemente, parecen cada vez más lejanos.
El autor es logopeda.
