Los desastres naturales suelen medirse por su magnitud, el número de víctimas o el costo económico que dejan a su paso. Sin embargo, también pueden analizarse como una prueba de la capacidad real del Estado. Una emergencia revela qué riesgos fueron anticipados, qué instituciones existían antes de la crisis y qué tan preparado estaba un gobierno para responder y administrar con eficacia y transparencia los recursos extraordinarios de la reconstrucción.
Esto conduce a una pregunta esencial: ¿cuánto de un desastre natural es realmente “natural”? Un gobierno no puede impedir un terremoto, pero sí puede decidir dónde y cómo se construye, cuánto invierte en prevención o qué controles operarán cuando comiencen a movilizarse millones de dólares en ayuda. El Marco de Sendai, como se conoce al documento internacional adoptado por países miembros de la ONU, parte de esa premisa al asignar al Estado un papel central en la comprensión, gobernanza y reducción del riesgo.
Ecuador, México, Haití y Chile permiten observar esta relación desde realidades institucionales distintas. Sus experiencias muestran que los desastres también ponen a prueba si las prioridades y decisiones de un gobierno guardan relación con las vulnerabilidades del país que administra.
Ecuador: conocer el riesgo no significa estar preparado
El terremoto de magnitud 7,8 que golpeó Ecuador en abril de 2016 dejó cientos de fallecidos, miles de heridos, decenas de miles de desplazados y graves daños en infraestructura educativa y de salud. Las evaluaciones posteriores insistieron en fortalecer las normas de construcción, reforzar edificios vulnerables y evaluar la infraestructura crítica.
La reconstrucción abrió una segunda prueba institucional. Años después, los organismos de control y la justicia ecuatoriana documentaron irregularidades y responsabilidades penales vinculadas al manejo de recursos destinados a la reconstrucción de Manabí. Este caso expone dos vulnerabilidades: la de las edificaciones frente al terremoto y la de las instituciones frente a los recursos destinados a reconstruirlas.
La prevención no termina en la ingeniería. Un Estado que conoce su exposición al riesgo debe proteger vidas e infraestructura, pero también evitar que la urgencia debilite los controles sobre el gasto público.
México: aprender de un desastre sí funciona
Los terremotos de septiembre de 2017 afectaron miles de viviendas, escuelas e instalaciones públicas. Sin embargo, los estudios posteriores mostraron que varias reformas adoptadas después del terremoto de 1985 como códigos de construcción, instituciones de protección civil, simulacros e información pública habían aumentado la resiliencia del país. Muchos de los edificios que colapsaron en 2017 eran anteriores a las normas constructivas posteriores a 1985.
México demuestra que la memoria institucional importa. Convertir una tragedia en normas, capacidades y prácticas permanentes puede reducir las consecuencias de la siguiente. La preparación física, sin embargo, no garantizó una adecuada trazabilidad de los recursos. Auditorías posteriores identificaron deficiencias en la entrega de apoyos y en el registro de donaciones internacionales.
Haití: cuando el desastre encuentra una fragilidad anterior
El terremoto de magnitud 7,2 de agosto de 2021 volvió a golpear a un país que ya había sufrido una catástrofe devastadora en 2010. Miles de personas murieron o resultaron heridas y más de cien mil viviendas quedaron destruidas o dañadas. La evaluación posterior determinó que el plan de contingencia sísmica databa de 2013, que varios ejercicios de simulación habían sido postergados y que no existían suficientes suministros ni equipos de rescate previamente posicionados.
Haití plantea una pregunta incómoda: ¿cuándo una catástrofe deja de poder calificarse enteramente como inesperada? Tener un plan no equivale a estar preparado si ese plan no se actualiza, financia, prueba y ejecuta. La vulnerabilidad depende también de la capacidad institucional existente antes del desastre.
Chile: incorporar el riesgo a la política pública
Chile ofrece una experiencia distinta. Su exposición sísmica ha llevado al país a integrar el riesgo en sus normas de construcción, sistemas de alerta, educación ciudadana y protocolos de evacuación. El terremoto de Quellón de 2016, de magnitud 7,6, tuvo un impacto relativamente acotado frente a otros eventos de intensidad similar.
La escala del daño nunca puede atribuirse exclusivamente a la acción estatal: importan también la localización, la profundidad y las características del evento. Pero la experiencia chilena muestra que una exposición elevada puede convertirse en una variable permanente de planificación pública. El riesgo deja de ser una excepción y pasa a formar parte de la forma ordinaria de gobernar.
Cuando prevenir también es gobernar
La capacidad de un gobierno frente a un desastre se construye antes de la emergencia. Pero la prevención debe incluir también la integridad. Las emergencias suelen implicar procedimientos acelerados, contratación extraordinaria y decisiones bajo presión. Por ello, aumentan los riesgos de fraude, favoritismo, conflictos de interés y desvío de fondos. Prepararse significa definir con anticipación cómo se registrarán las donaciones, qué controles existirán sobre la contratación y quién supervisará los recursos.
Los planes de gobierno deberían partir de un mapa de vulnerabilidades y acompañarlo de un mapa de riesgos de integridad. En territorios sísmicos, ello implica normas de construcción fiscalizadas, evaluación de infraestructura crítica, protocolos de evacuación y capacidad de rescate, pero también controles capaces de sobrevivir a la urgencia. El Regional Assessment Report 2024 de UNDRR advierte que, en los países latinoamericanos analizados, menos del 35% del gasto estudiado se destinaba a medidas prospectivas y correctivas de reducción del riesgo.
Si los riesgos ya son conocidos, esperar a que se materialicen para actuar no es simplemente falta de previsión. También es una decisión de gobierno. La verdadera pregunta no es qué hará el Estado después del próximo desastre, sino por qué decidió no hacer antes aquello que ya sabía que era necesario.
La autora es internacionalista y especialista en derechos humanos y gobernanza.
