El terremoto de magnitud 7.7 en la escala de magnitud de momento (Mw), con epicentro en la península de Azuero, demolió de golpe el mito de nuestra inmunidad. La tierra tembló con una violencia atroz, liberando aproximadamente 2.24 × 10¹⁶ julios de energía radiada —equivalentes a 5.35 megatones de TNT o a la detonación simultánea de más de 300 bombas atómicas como la que sufrió la ciudad japonesa de Hiroshima—. Este sismo se sintió en todo el territorio nacional, sacudiendo estructuras y sembrando la zozobra colectiva.

En medio del estremecimiento, nuestra querida Panamá recibió la noticia más valiosa: no hemos tenido que lamentar víctimas fatales.

Es insólito que un terremoto de esa fuerza no haya cobrado vidas humanas, que suelen contarse en otros pagos por centenares y miles.

Que una sacudida de semejante escala no se haya traducido en una tragedia de pérdidas humanas no es producto del azar. Es el triunfo contundente de la previsión técnica y de la ciencia. Como bien ha señalado el arquitecto Álvaro González Clare, contar con un código sismorresistente —no antisísmico— tan avanzado es una conquista ética de la ingeniería nacional que transformó la manera de diseñar y construir en Panamá, dotándonos de un marco normativo que nos ha salvado la vida.

Aquel proyecto visionario, impulsado hace medio siglo por Diego Pardo, Adolfo Quelquejeu, César Kiamco y Salomón Cherem —coordinados por la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) y respaldados por Víctor Levi, líder universitario—, fue la base del Reglamento Estructural de Panamá. Al convertirse en ley, la norma obligó a que el diseño priorizara la vida. Las altas torres de la capital oscilaron el 9 de octubre con flexibilidad, absorbieron la energía telúrica y mantuvieron su integridad. No eran hamacas, pero se les asemejaban.

El terremoto expuso una realidad contrastante en el interior. Si la capital resistió con solvencia, las provincias centrales mostraron la vulnerabilidad de su infraestructura social. El sismo fracturó inmuebles donde late la identidad histórica, como el Museo de la Nacionalidad en La Villa de Los Santos, la fachada de la Escuela Normal de Santiago y centenarios templos coloniales. Más grave aún: la sacudida puso en riesgo a miles de niños y pacientes al comprometer cerca de doscientas escuelas y múltiples edificaciones de salud en Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé. La falla en estructuras anteriores a las normas modernas exige atención inmediata.

Frente a esta gravedad, los tomadores de decisiones deben liderar una reconstrucción ejemplar. La reparación del patrimonio histórico exige técnicas de retrofit de precisión —inyección de cales hidráulicas, tensores de acero inoxidable ocultos y fibra de carbono— para devolver la solidez a los muros sin alterar su alma arquitectónica. El Estado debe ejecutar un plan nacional de auditoría y reforzamiento estructural en las escuelas y hospitales afectados.

La solidaridad del pueblo se manifiesta con fuerza. Lo ocurrido en Azuero debe ser el punto de partida para traducir el rigor técnico que elogió González Clare en una política pública inclusiva, que lleve la seguridad sísmica a cada escuela, hospital y monumento de la República, sin importar si se encuentra en una zona rural o urbana.

El autor es filólogo y periodista.