Crónica anunciada. No esperó el fallo de la Corte Suprema. Después del fallo de una corte federal de los Estados Unidos, Ricardo Martinelli entendió que era el final, pues se aferraba a quedar en libertad y con el derecho a correr por la presidencia de la república en 2029. Para José Raúl Mulino era una especie de pain in the ass, pues si lo soltaba, sus aliados de la empresa privada y sus representantes en el gobierno le quitarían el apoyo que hasta hoy recibe, y renunciarían los más probos, quedando sin piso y sin techo.
Consciente de estar listo para la foto, puso en acción su plan alterno: huir del país hacia su nuevo partner, Gustavo Petro, no sé a cambio de qué, aunque es fácil imaginarlo. Solo hay que recordar los juicios de los pinchazos, en los que las denuncias de compra de jueces, publicadas en los medios y con el apoyo del Ejecutivo que se hizo de la vista gorda, se confirmaban con los chivatazos de oficiales de la embajada gringa sobre la extorsión a esos jueces.
No cabe duda de que en esta ocasión algunos magistrados de la Corte Suprema no dieron señales de querer repetir la historia, razón por la cual, al no tener los votos necesarios, Martinelli decidió huir del país, burlándose nuevamente de los panameños y de sus instituciones.
No tengo la menor duda de que Mulino buscó denodadamente alternativas para ponerlo en la calle; investigó y no encontró lagunas legales para ayudarlo sin afectar su conciencia de jurisconsulto. Aunque era consciente de que no existía fórmula legal para soltarlo y pagarle por los votos que lo llevaron al poder, tampoco encontró —evidentemente— la vía política que le permitiera una narrativa plausible, como la que ensayó en reiteradas ocasiones al señalar que “la justicia panameña no sirve para nada”. Temía quedar en manos de Martinelli, ya que en libertad el delincuente le haría la vida a cuadritos, pues aspiraba a ser el líder de la oposición en el país.
Pero con la vulgar fuga hacia Colombia, el presidente Mulino queda peor parado ante la opinión pública y ante la ley. Martinelli fue procesado con todas las garantías que se otorgan a los ciudadanos en los tribunales. Pasó por todas las instancias judiciales, apelando ante el Tribunal Superior de Apelaciones y la Sala Penal de la Corte Suprema, para culminar en lo contencioso, como último recurso. Todas las decisiones en esos niveles de la administración de justicia fueron adversas a sus pretensiones.
Se metió en la embajada nicaragüense huyendo de la cárcel, pues, por ser condenado en sentencia firme y ejecutoriada por blanqueo de capitales, y con otros juicios pendientes, encontró cobijo en ese recinto, argumentando falazmente ser un perseguido político, esperando que fallaran sobre el principio de especialidad, que negó la corte estadounidense.
La gran mayoría de los miembros de su gobierno, así como algunos de sus colegas de la empresa privada, todavía huyen en estampida, están presos o son objeto de procesos judiciales. La última sentencia recayó sobre su exministra de Trabajo, quien, después de recorrer los mismos recovecos legales, fue condenada por apropiación indebida a 32 meses de prisión.
El propio Mulino no escapó de imputaciones: fue señalado por corrupción en el caso del consorcio italiano Finmeccanica, cuando fue ministro de Seguridad Pública. Afloraron en las investigaciones coimas por más de 25 millones de dólares para la compra de antenas y helicópteros, en una operación de 250 millones de dólares. En Italia, este hecho le costó el poder a Silvio Berlusconi y su amigo el empresario Valter Lavítola —coordinador de la repartición de esas coimas— fue encarcelado por los tribunales italianos. Igual destino siguieron altos ejecutivos de esa empresa, como lo señala la valiente investigación del licenciado Fernando Berguido, Anatomía de una trampa, en la que no deja títere con cabeza, incluyendo la cabeza del mismo Mulino.
Mulino conoce la calaña de Martinelli: su condición delincuencial, su patológica mitomanía y su calidad de prófugo de la justicia. Al darle el salvoconducto también le da la razón cuando aduce persecución política, lo que no está dentro de sus funciones ni prerrogativas, y contradice a la máxima autoridad jurídica del país, la Corte Suprema.
Es probable que Mulino haya actuado contra la ley por extralimitación de funciones y por prevaricato, situándolo en una posición de mayor debilidad política por la ayuda que le brindó a Martinelli en su fuga. Quizás consideró que, de todas sus opciones, sacarlo del país era la mejor.
Queda demostrado que Mulino y Martinelli son la misma vaina, como decían en la pasada campaña electoral. Por lo tanto, él, como el canciller Martínez-Acha, podrían tener responsabilidad y tendrían que encarar, en su momento, a los tribunales.
Con la fuga de Martinelli, la denuncia de Paco Nadal sobre la justicia panameña cobra vigencia: las leyes son “hechas para proteger a los patrones”. Patrones que hoy gobiernan y ponen al país, con todas sus estupideces, al borde de ser un Estado fallido. Porque la clase política, en los últimos años, ha ejercido el poder a favor de esas élites empresariales y de sus figuras más preponderantes, aunque la justicia los declare criminales.
El autor es abogado y ex secretario general del PRD.
