Colombia está en pleno año electoral. En marzo y mayo de 2026, respectivamente, se elegirán el nuevo Congreso y presidente de la República para los siguientes cuatro años. Así, los balances de lo que hasta ahora se ha logrado están en el orden del día para el gobierno liderado por el presidente Gustavo Petro. Los temas por revisar serían muchos, desde la Paz Total hasta la política energética de Colombia. La gestión de la migración, particularmente la de personas provenientes de Venezuela, hace parte de esta lista, aunque solo por el hecho de que en Colombia se encuentran cerca de 3 millones de venezolanos. Este es el mayor número de nacionales venezolanos en la región latinoamericana y a nivel global fuera de su país. Entonces, ¿qué se ha logrado en temas migratorios en estos tres años largos? ¿Ha habido avances importantes, retrocesos, oportunidades perdidas?
Para responder a estas preguntas, hay que recordar, ante todo, la herencia que dejó el anterior gobierno y el hecho de que, desde 2017 hasta hoy, la migración hacia Colombia ha cambiado. Solo así es posible tener un balance, si no definitivo, por lo menos ilustrativo de cómo va este gobierno en la gestión migratoria a menos de un año de las elecciones.
La herencia del gobierno de Iván Duque en la gestión migratoria
Ningún balance de la gestión de la migración en Colombia sería correcto ni justo si no se empezara por recordar lo hecho por el gobierno de Iván Duque. De hecho, fueron los gobiernos anteriores los que tuvieron que repensar el derecho migratorio colombiano para hacer frente a la llegada de nacionales venezolanos. Para entender esto basta decir que, según datos oficiales, los venezolanos en Colombia pasaron de ser 400,000 en 2017 a cerca de 1,771,000 en 2019, un aumento del 343% en solo dos años.
Merece la pena recordar la ruptura de relaciones diplomáticas y consulares con Venezuela desde febrero de 2019 hasta agosto de 2022. Esto significó que, por más de dos años, para los venezolanos en Colombia no fue posible realizar trámites ante las autoridades de su país, como la expedición de pasaportes o el registro de nacimientos ocurridos en territorio colombiano. Así que Colombia, por ejemplo, empezó a aceptar pasaportes venezolanos vencidos desde 2019, así como otros documentos sin las formalidades requeridas a los demás extranjeros, como la apostilla o la legalización. Ese mismo año se adoptó la medida conocida como “Primero la Niñez”, que establece que los niños nacidos en Colombia de padres venezolanos serán nacionales colombianos. Esta medida, que acaba de ser extendida hasta 2027, responde a la situación de apatridia en la que se encontraban estos niños ante la imposibilidad de acceder a la nacionalidad de sus padres por derecho de sangre. Se calcula que, hasta marzo de 2025, 138,200 niños habían accedido a la nacionalidad colombiana gracias a “Primero la Niñez”.
Finalmente, la medida que quizás marcó más la gestión migratoria bajo el gobierno de Iván Duque fue la adopción, en 2021, del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. Así, Colombia pasó de dar permisos especiales de dos en dos años, bajo la idea de que su permanencia era pasajera, a otorgarles un permiso válido hasta 2031. A diciembre de 2024, casi 2 millones de venezolanos tenían este permiso.
Ahora bien, el gobierno anterior dejó también deudas importantes en la gestión migratoria. El sistema de refugio colombiano, por poner solo un ejemplo, respondió de manera absolutamente insuficiente a la necesidad de protección internacional de quienes llegaban desde Venezuela y otros países, pero nunca fue modificado. Tanto es así que, en 2023, la Corte Constitucional de Colombia ordenó al gobierno reformar el sistema de refugio para resolver sus múltiples falencias.
Gobierno Petro: qué se ha hecho y cuáles son las deudas pendientes
El gobierno de Gustavo Petro ha tenido que reaccionar a las nuevas dinámicas de la migración, así como a los cambios en la gestión migratoria de los Estados Unidos. Aunque la población venezolana en Colombia se ha mantenido estable entre 2022 y 2024, con 2.8 millones de personas según datos oficiales, la migración de tránsito por el país ha aumentado exponencialmente. Solo entre 2023 y 2024, más de 940,000 personas en tránsito salieron de Colombia. En su mayoría eran venezolanos que, por el Tapón del Darién, buscaban llegar a Panamá y, de allí, a la frontera sur de Estados Unidos.
La drástica bajada de estos números en 2025 —menos de 92,000 personas han usado las mismas rutas para salir de Colombia en lo que va de año— coincidió con las medidas migratorias restrictivas adoptadas por el segundo gobierno de Donald Trump. Así, Colombia ahora no es solo un país que recibe flujos inversos, es decir, de extranjeros que regresan por la imposibilidad de continuar su viaje, sino que también recibe migración de retorno de sus propios nacionales, deportados de Estados Unidos en números nunca vistos antes. Todo esto, además, coincidió con el fin de los proyectos financiados por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en Colombia.
Ante esta situación, ¿cuál fue la apuesta del gobierno Petro en materia migratoria? El Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos sigue en pie —más por necesidad que por convicción, podría pensarse— pero no se ha hecho nada significativo para resolver sus deficiencias, como la imposibilidad de acceder a este mecanismo para adultos que ingresaron irregularmente después de enero de 2021. Aunque en octubre de 2024 se creó un permiso especial para padres de niños venezolanos regularizados bajo el Estatuto, su reglamentación tardó 10 meses en llegar. Además, este permiso solo podrá solicitarse hasta abril de 2026, es decir, hasta la finalización del mandato de este gobierno.
La visa especial creada en diciembre de 2024 solo para venezolanos es un mecanismo insuficiente y de difícil acceso para muchos, en el marco de una política de visas que carece de cualquier enfoque diferencial. La reforma del sistema de refugio, pese a la orden de la Corte Constitucional en 2023, no ha avanzado significativamente. El país tampoco cuenta con un marco normativo para proteger a las personas migrantes en tránsito, como lo ha señalado la Corte, ni para responder a las necesidades de sus propios nacionales deportados.
A menos de un año de las elecciones, el balance en materia migratoria del gobierno Petro revela más promesas que resultados. La lentitud en la implementación de varias medidas y la ausencia de protección para los más vulnerables muestran que aún queda mucho por hacer para garantizar una migración digna.
La autora es profesora asociada de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes.
