Cuando la anarquía reina, la razón pierde espacio, y aunque organizada, una campaña electoral no deja de tener esos rasgos, lo que, en ocasiones, hace imposible evaluaciones objetivas. De hecho, hay algunas que llegan tarde a la hora de la paciencia y del conteo sano y reflexivo. Es probable que sea ese el escenario que se requiera para evaluar los 60 meses de la administración del presidente Laurentino Cortizo, que hizo de la lucha contra la pobreza uno de sus ejes fundamentales. Congregada en 300 corregimientos del país, de los más de 700 mil panameños que vivían en pobreza multidimensional al inicio de su mandato en julio de 2019, más de 130 mil han superado esa condición, de acuerdo con el Índice de Pobreza Mundial y el Banco Mundial. Dato importante, por tres razones: ningún gobierno lo había logrado antes; se ha registrado en medio de una pandemia de connotaciones planetarias, y destaca a Panamá como uno de los países que ha emprendido esta lucha con éxito, demostrando que es posible. Un compromiso con el fortalecimiento del sistema de justicia y dispuesto a respetar la separación de poderes, fue su primer anuncio al respecto. Y en noviembre de 2023, demostró lo serio que hablaba. Por primera vez puso en marcha en el país una designación imparcial de los magistrados de la Corte Suprema, a través de un sistema de méritos, trayectorias y capacidad. El amiguismo fue el gran ausente de esa jornada. Más adelante, aportó $15 millones para la implementación de la carrera judicial.
Cortizo deja un país sin discrecionalidad en el manejo de las contrataciones públicas, una vieja fuente de conflictos por el manejo anticipado y discreto de datos decisivos a la hora de licitar. Todo el proceso fue digitalizado y eliminó los mediadores indiscretos.
Pero hay un aspecto que marca sus cinco años de gobierno: la pandemia de la covid-19, por la decisión con que enfrentó un problema inédito, tanto, por su agresividad como por su novedad. En 100 años ningún gobierno lo había enfrentado, no había antecedentes del acto en sí, ni de sus repercusiones. En lo inmediato, era la vida misma de las personas, tal cual lo mostraba la ola creciente que llegaba desde Asia, Europa y Norteamérica, y luego las repercusiones sobre toda la vida de la sociedad. “Salvar vidas” significaba atacar el mal y proteger a las personas, y luego estaban los efectos sobre la estructura económica, financiera y laboral del país… sobre los ingresos de todos, del Estado, el desempleo creciente, y de aquellos “que menos tienen”, decía Cortizo. Antes que otros países y considerando los estragos que produjo el no contar con mecanismos eficaces para detener la epidemia, Panamá entró a negociar con las casas farmacéuticas las vacunas que apenas se comenzaban a fabricar. La idea era que Panamá estuviera entre los primeros países en adquirirlas. Habría que recordar la solemnidad con que la madrugada del 20 de enero de 2021 el propio Cortizo y parte de su gobierno recibían una pequeña caja con el antídoto milagroso. Es posible que nadie olvide (aquí, como en otros pueblos, la memoria borrada es parte del folclore) que a partir de esa fecha comenzaron a disminuir las muertes; ya los pacientes no se quedaban en brazos de médicos y enfermeras. Antes de la vacuna, hubo días en que los muertos superaban los 50.
Dos de los tres años de la gestión de Cortizo estuvieron dedicados a detener el flagelo, en circunstancias en que el desorden financiero heredado, la significativa reducción de ingresos y las urgencias sociales que iban apareciendo, obligaba a acudir al mercado financiero internacional. De acuerdo con la OPS, la letalidad del flagelo en América Latina fue de 1.5%, mientras que en Panamá alcanzó 0.8%, lo que indica que las víctimas hubiesen podido ser el doble si la letalidad hubiera sido de 1.5. A eso habría que añadir los miles de panameños que superaron el contagio. Para la OMS, Panamá fue uno de los países que mejor manejó este problema. Los encierros como mecanismo de corte a la propagación del virus, sobre todo entre el 9 de marzo de 2020 y el 20 de enero de 2021. Como resultado, además de combatir el virus, el país hereda de esta etapa $112,000 millones en infraestructuras, entre ellas las de salud, para que el sistema del país no vuelva a ser tomado desprevenido.
El 30 de junio próximo, cuando Cortizo abandone el Palacio de las Garzas, deja un país que creció económicamente en los últimos cinco años, pese a la pandemia; que redujo el desempleo de 18% a 7% entre 2021 y 2023, donde poseen plazas de trabajo un 1, 938,997 personas. Un país con una de las inflaciones más bajas del mundo, 1.3. Asimismo, la primera política agroalimentaria de Estado, en toda la historia de Panamá, un complejo de carreteras cuya construcción registra un 70% de progreso; una Ciudad de las Artes para el creativo mundo intelectual, reconstruido el Fuerte de San Lorenzo, por tantos años abandonados. En una palabra, obras en cada provincia y comarca, las mejores evidencias de su ejecución. Obviamente, ese trabajo y las condiciones en las que se desarrolló poseen un costo: $50,000 millones de deuda pública y la imposibilidad de atacar como hubiera querido los males educativos que afectan al país hace varias décadas y cuya solución no depende de un gobierno, al igual que el tema de la mina. No pudo transformar los aportes de ese recurso en apoyo para educadores, jubilados o el programa de vejez, invalidez y muerte. Será una tarea para el gobierno entrante, al igual que la recuperación del grado de inversión, afectado por la eliminación del contrato.
Sobresale de su herencia un aspecto que debe ser abordado inevitablemente: su estilo de gobierno: de diálogo, de puertas abiertas, de negociación… de tolerancia. Una situación similar en la historia del país se registró en mayo de 1958. Masas movilizadas exigían en aquella ocasión “más escuelas, menos cuarteles”. El movimiento popular llenó la Plaza de la Catedral y la Guardia Nacional protegía en el Palacio de las Garzas al gobierno del presidente Ernesto de la Guardia, uno de los más progresistas con los que ha contado el país. En medio de la manifestación, alguien disparó una granada de gases lacrimógenos que le partió en dos el pecho al estudiante José Manuel Araúz. Hubo otros caídos. Nito se va sin dejar mártires.
El autor es periodista
