La inteligencia artificial puede redactar un escrito en minutos, pero no puede asumir la responsabilidad de quien lo firma. Esa diferencia, aparentemente obvia, corre el riesgo de perderse entre el entusiasmo por la tecnología y la prisa por entregar resultados. A mi juicio, ahí está el verdadero debate para la abogacía: no en si debemos usar IA, sino en qué estamos dispuestos a dejar de comprobar cuando la usamos.

No creo que la respuesta sea prohibirla. Sería negar una ayuda valiosa para resumir documentos, ordenar información o preparar borradores. Pero tampoco podemos confundir rapidez con rigor. Un texto convincente no es necesariamente un texto correcto, y una respuesta bien escrita no sustituye el estudio de un expediente.

El problema empieza cuando dejamos de tratar el resultado como un borrador y lo recibimos como una conclusión. Una norma sin vigencia, una sentencia inexistente o un hecho inventado pueden pasar inadvertidos si la fluidez del lenguaje nos hace bajar la guardia. En el trabajo jurídico, esa confianza no es inocua.

El caso Mata v. Avianca lo mostró en 2023: un escrito presentado ante un tribunal federal de Nueva York incluyó sentencias inexistentes obtenidas con ChatGPT y terminó en sanciones. La lección no es que la herramienta esté prohibida, sino que pedirle que confirme su propia respuesta no equivale a verificarla.

Buscar la sentencia, leerla y comprobar qué dice sigue siendo tarea del abogado. También lo es determinar si resulta pertinente para el asunto. La tecnología puede facilitar esa labor; no debería convertirse en una excusa para omitirla.

Me preocupa que terminemos midiendo la calidad del servicio por la velocidad con que se produce un documento. El cliente no necesita únicamente una respuesta rápida: necesita una respuesta que podamos defender. Si el tiempo que ahorramos al redactar se pierde en corregir errores que no revisamos, la promesa de eficiencia queda vacía. Prefiero una abogacía que aproveche la IA para dedicar más atención al caso, no una que la utilice para justificar menos atención. Ahorrar esfuerzo no debería significar renunciar al criterio.

Firmar tampoco puede reducirse a un trámite al final de una cadena de producción. Quien entrega una demanda, un recurso o una opinión legal debe comprender sus argumentos y poder explicarlos. Da igual quién preparó el primer borrador: un colega, un asistente o una máquina.

Hay, además, una dimensión menos vistosa que las sentencias inventadas: la información del cliente. Copiar contratos, mensajes o estrategias en una plataforma puede ser sencillo, pero esa facilidad no resuelve las preguntas sobre su almacenamiento, sus posibles usos y su protección. La confidencialidad no debería sacrificarse para ahorrar unos minutos.

Ahora bien, sería injusto afirmar que cualquier error de la IA genera automáticamente responsabilidad para el profesional. Hay que distinguir la equivocación de la herramienta de la conducta de quien la utiliza. Importan la revisión realizada, la posibilidad de detectar el error y sus consecuencias. No toda falta profesional implica, por sí sola, una obligación de indemnizar.

Esa distinción no debilita la exigencia de cuidado; la hace más precisa. No merece la misma revisión una lista de notas que el argumento central de una demanda. Cuanto mayor sea el peso de la IA en una decisión, más exigente debe ser el control humano.

Por eso, considero que los abogados y las firmas necesitan reglas claras: qué herramientas utilizar, qué información no compartir y quién revisará el documento antes de entregarlo. No basta con reaccionar después de un problema. La responsabilidad también consiste en organizar el trabajo para prevenirlo.

Esas reglas deberían formar parte del trabajo cotidiano, no quedarse en una declaración de buenas intenciones. Antes de incorporar una respuesta de IA, tendríamos que poder explicar qué comprobamos y por qué decidimos utilizarla. También deberíamos conservar la libertad de desecharla cuando no resulte fiable, aunque esté redactada con seguridad. Una herramienta útil no tiene que convertirse en una autoridad. Aprender a usarla exige, a mi juicio, aprender también a desconfiar de ella y a reconocer cuándo conviene prescindir de su respuesta.

La discusión sobre si la IA reemplazará a los abogados distrae de una pregunta más urgente: ¿estamos usando la tecnología para pensar mejor o para dejar de pensar? Nuestro valor no está solamente en producir páginas, sino en comprender los hechos, contrastar las fuentes y decidir qué argumentos podemos sostener.

La IA puede proponer, pero el abogado debe juzgar. Puede redactar, pero el abogado debe comprender. Y cuando llega el momento de dar explicaciones al cliente o al tribunal, no es la máquina la que comparece. Las herramientas cambian; la responsabilidad de quien firma no debería cambiar con ellas.

El autor es abogado.