La participación política de las personas con necesidades especiales continúa siendo una asignatura pendiente, a pesar de ser un derecho humano reconocido internacionalmente por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este instrumento consagra los principios de no discriminación; participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; igualdad de oportunidades; y accesibilidad. Se entiende por “necesidades especiales” los obstáculos que experimentan las personas con diversidad funcional para acceder, en igualdad de condiciones, a servicios, oportunidades y derechos. El derecho a la participación política garantiza elegir y ser elegidas, integrarse en partidos, asociaciones y coaliciones, expresar opiniones, incidir en políticas públicas y acceder a la información necesaria para ejercer plenamente sus derechos.
La Convención reconoce la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás e impulsa el uso de la lengua de señas, el braille y otros formatos de comunicación accesibles elegidos por la propia persona. Además, establece el derecho a un trabajo digno, a ejercer derechos laborales y sindicales, a desempeñarse en entornos abiertos e inclusivos. En materia de participación política, obliga a los Estados Partes a garantizar procedimientos electorales accesibles, el voto secreto con la asistencia requerida y a fomentar la creación y representación de asociaciones de personas con discapacidad en todos los niveles.
Panamá ratificó la Convención mediante la Ley 25 del 10 de julio de 2007, comprometiéndose legalmente a garantizar la participación política en igualdad de condiciones. Sin embargo, su implementación enfrenta varios desafíos. La Ley 42 de 1999, modificada por la Ley 15 de 2016, promueve la equiparación de oportunidades —incluida la vida política—, pero su aplicación no es uniforme. Aunque el artículo 29 de la Convención exige garantizar el voto secreto y la participación efectiva, en Panamá la provisión de tecnologías de apoyo y asistencia adecuada no siempre está disponible, especialmente para personas con discapacidades intelectuales o sensoriales. Persisten barreras de accesibilidad física y comunicacional, prácticas discriminatorias, escasez de información adecuada y baja visibilización en los discursos partidarios.
En el contexto panameño, la representación de candidaturas de personas con discapacidad es muy limitada y los partidos políticos prestan escasa atención a esta temática. Los pocos aspirantes con discapacidad suelen aparecer como suplentes y no como titulares, lo que reduce sus posibilidades de incidir en la toma de decisiones.
En América Latina se registran algunos avances. En Perú se implementaron el voto preferente, el voto en casa y un “Protocolo para la atención a las personas con discapacidad y la atención preferente”. En México, desde 2001 se realiza el Parlamento de Personas con Discapacidad, un espacio para visibilizar su participación política y promover su inclusión en cargos públicos. Este evento busca escuchar sus propuestas y contribuir a resolver problemas de accesibilidad, mediante etapas como instalación, trabajos parlamentarios y sesiones plenarias. Los temas abordados en el Parlamento incluyen empleo, inclusión, seguridad, salud, procuración de justicia, educación, capacitación, asuntos electorales, derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos, discriminación, movilidad. Esta actividad ha permitido presentar iniciativas para mejorar la calidad de vida y fomentar la inclusión, destacando la importancia de la participación ciudadana en la toma de decisiones y la necesidad de respuestas integrales. Asimismo, subraya la pertinencia de considerar estas acciones como una inversión social. En Chile se reconoce el voto asistido y en Argentina se adoptó tecnología de apoyo para facilitar la votación, en concordancia con la Convención.
En el ámbito normativo panameño, además de la Ley 15 de 2016 que reforma la Ley 42 de 1999 y establece la equiparación de oportunidades, rigen los Decretos 333 de 2019 y 88 de 2002. Existen, además, el Plan Nacional de Accesibilidad Universal Panamá 2022–2023 y el Plan Estratégico Nacional para las Personas con Discapacidad “Inclusión y Oportunidad 2020–2024”, impulsados por entidades gubernamentales y organismos internacionales. No obstante, estos planes aún no se han implementado plenamente. Panamá participa en la Agenda 2030 y en sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), incorporando la inclusión de las personas con discapacidad como eje clave. La discapacidad está presente en varios ODS, como el ODS 4 (educación inclusiva y sin barreras), ODS 8 (empleo y condiciones laborales justas), ODS 10 (reducción de desigualdades e inclusión social) y ODS 11 (accesibilidad y participación urbana). Estos objetivos buscan un desarrollo sostenible e inclusivo para toda la población.
Cabe recordar que el 29 de febrero de 2024, en la sede del Tribunal Electoral, representantes de los partidos políticos, la Defensoría del Pueblo y candidatos presidenciales —incluido el actual presidente— firmaron el Pacto por la Inclusión de las Personas con Discapacidad y sus Familias. En ese acto se reconoció la necesidad de incorporar el pacto en los planes de gobierno y trabajo para evitar que quede sin efecto, se asumió el compromiso de impulsar la creación de un Ministerio de la Discapacidad. Estas acciones reflejan un compromiso orientado a eliminar barreras, transformar percepciones y generar resultados tangibles.
Para avanzar hacia un Estado verdaderamente inclusivo, Panamá podría fortalecer su marco normativo incorporando en la Ley Electoral disposiciones claras sobre adaptaciones razonables, materiales accesibles y mecanismos de supervisión. También debería mejorar progresivamente la infraestructura de los centros de votación con rampas, accesos amplios y tecnología de asistencia; garantizar la comunicación inclusiva con información electoral en braille y lectura fácil, y con intérpretes de lengua de señas en sedes y medios digitales; promover una cultura inclusiva mediante la capacitación de funcionarios electorales y partidos políticos; e incentivar la representación política mediante cuotas o incentivos que impulsen candidaturas de personas con discapacidad, además de crear espacios de asesoría y mentoría. La participación política de las personas con discapacidad fortalece la representación de sus intereses, facilita la atención a sus necesidades y protege sus derechos. Al integrarse en los procesos democráticos, contribuyen a formular y aplicar políticas públicas que reflejen sus expectativas, impulsando sociedades más inclusivas e igualitarias. La inclusión plena, por tanto, exige no sólo reconocer derechos, sino garantizar condiciones efectivas para ejercerlos.
El autor es abogado, investigador y doctor en Estudios Avanzados en Derechos Humanos.
