La Corte Suprema de Justicia atraviesa un momento delicado. En lugar de resguardar la prudente distancia que debe mantener frente al poder político, su máxima autoridad ha optado por un protagonismo público orientado a la construcción de simpatías. Esta actitud no solo expone al tribunal a lecturas partidarias, sino que debilita uno de los pilares esenciales del sistema republicano: la independencia judicial.
En una democracia constitucional, la separación de poderes no es una formalidad ceremonial, sino una garantía concreta para la ciudadanía. Magistrados y procuradores están llamados a controlar la legalidad de los actos del Poder Ejecutivo y a velar por el respeto de la Constitución. Por ello, su rol exige sobriedad, reserva y una clara conciencia de los límites institucionales. Participar en desfiles patrios organizados por el gobierno de turno o inaugurar obras junto al Ejecutivo no es un gesto inocuo: comunica cercanía política y compromete, al menos en apariencia, la imparcialidad que se espera de quienes deben juzgar sin presiones ni afinidades.
Cuando el órgano encargado de controlar la constitucionalidad de los actos del Poder Ejecutivo parece aproximarse a él, se erosiona la confianza ciudadana. La justicia no solo debe ser independiente; debe también parecerlo. La percepción pública importa, porque la legitimidad de las decisiones judiciales descansa en la convicción social de que estas se adoptan sin favores ni alineamientos.
El argumento no es negar el valor de las fechas patrias ni desconocer la relevancia de las obras públicas. Se trata, más bien, de reconocer que cada poder del Estado tiene espacios y símbolos propios. La presencia de jueces y procuradores en actos de fuerte carga política o gubernamental diluye esa frontera y abre la puerta a sospechas innecesarias. La independencia judicial se cuida tanto en las sentencias como en los gestos.
La fortaleza de la Corte Suprema no reside en la cercanía con el poder, sino en su capacidad de actuar con autonomía, sobriedad y respeto por las reglas institucionales, aun —y especialmente— en contextos políticos cambiantes. Mantener distancia no es desdén; es responsabilidad republicana. Solo así la justicia puede cumplir su misión esencial: ser contrapeso, no acompañamiento, del poder político.
El autor es abogado.
