Introducción
Hablar de integrar los servicios de salud en Panamá ya no basta. El diagnóstico está hecho, los miedos de gremios y asegurados han sido expuestos, y el marco legal necesario está claro. Ahora el país necesita una hoja de ruta concreta, con fases, tiempos, costos y responsables. Solo así el mandato del artículo 115 de la Constitución dejará de ser letra muerta para convertirse en una política pública real.
Costa Rica y Uruguay, con poblaciones semejantes a la panameña, demostraron que la integración es posible y rentable. Panamá, que ya gasta cerca del 10% de su PIB en salud, no necesita más diagnósticos: necesita ejecutar con disciplina y visión.
1. Fase I (0–12 meses): integración funcional mínima
Pilotos regionales en Veraguas, Chiriquí y Panamá Oeste.
Lista única de espera por especialidad, evitando duplicación de agendas.
Uso compartido de quirófanos en turnos vespertinos y de fin de semana.
Compra conjunta de los 50 medicamentos e insumos más críticos, con cuadro básico único.
Historia clínica electrónica (HCE) mínima en hospitales piloto (identificador único, receta electrónica, laboratorio).
Tablero público de indicadores sobre tiempos de espera, ocupación de camas y abastecimiento de medicamentos.
👉 Meta: reducir en 20% los tiempos de espera y alcanzar 80% de abastecimiento de medicamentos esenciales en un año.
2. Fase II (12–24 meses): marco legal y financiero
Aprobación de la Ley de Desarrollo del Artículo 115, que cree el Fondo Nacional de Salud y defina un Paquete Garantizado de Servicios (PGS).
Integración presupuestaria inicial: aportes del MINSA, CSS y el Estado en un solo fondo solidario.
Nuevos modelos de pago: a) Capacitación en Atención Primaria de Salud (APS): pago global por persona inscrita para financiar prevención, control de crónicos y consultas básicas. b) Grupos Relacionados por Diagnóstico (GRD), conocidos en inglés como Diagnosis Related Groups (DRG): pago a hospitales por caso atendido según diagnóstico y complejidad, en lugar de presupuestos históricos.
Cláusula de sostenibilidad: la ley debe dejar estipulado que el proceso de integración superará más de un período gubernamental, y que el presupuesto asignado y las metas de cumplimiento serán de estricto cumplimiento legal, evitando retrocesos o suspensiones arbitrarias.
Expansión de la HCE nacional con interoperabilidad básica en todas las provincias.
Mesa laboral para homologar incentivos, movilidad de personal y estabilidad en la transición.
Meta: bajar el gasto de bolsillo del 37% al 32% y ampliar la cobertura de APS al 70% de la población.
3. Fase III (24–48 meses): escalamiento nacional
Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS) en todo el país, eliminando la división Minsa–CSS a nivel operativo.
Petitorio único de medicamentos con trazabilidad digital y compras consolidadas.
Sistema nacional de acreditación y calidad, con auditorías independientes y resultados públicos.
Portabilidad plena de pacientes: cualquier ciudadano puede atenderse en cualquier hospital público, sin importar si es del Minsa o la CSS.
👉 Meta: reducir listas de espera quirúrgicas a menos de 90 días y cubrir con APS al 85% de la población.
4. Fase IV (48–60 meses): consolidación
Fondo Nacional de Salud plenamente operativo.
Protocolos y estándares clínicos unificados en todo el país.
Centros de alta complejidad (neurocirugía, cardiología, oncología) funcionando como referencia nacional.
Protección financiera plena: gasto de bolsillo <25% del gasto total en salud.
Cobertura efectiva (UHC, Universal Health Coverage): ≥82 puntos, comparable con Costa Rica y Uruguay.
👉 Meta: un sistema integrado, eficiente y sostenible, con mejores indicadores de equidad y salud poblacional.
5. Costos estimados
La integración no exige gastar más, sino invertir mejor. Sin embargo, requiere un esfuerzo inicial en prevención, digitalización y calidad.
Escenario A (conservador): a) 0.5% del PIB/año (~US$430 millones). b) Total trienal: US$1,290 millones.
Escenario B (ambicioso): a) 0.8% del PIB/año (~US$690 millones). b) Total trienal: US$2,070 millones.
Ambos escenarios son viables para Panamá, cuyo PIB supera los US$86,000 millones y cuyo presupuesto estatal 2025 ronda los US$30,000 millones.
6. Indicadores de éxito
Corto plazo (12 meses): a) 20% en tiempos de espera. b) 80% abastecimiento de medicamentos críticos. c) Tablero de indicadores en línea.
Mediano plazo (36 meses): a) OOP (gasto de bolsillo) ≤30%. b) APS ≥80% de la población. c) HCE nacional funcionando para más del 80% de ciudadanos.
Largo plazo (60 meses): a) OOP <25%. b) Cobertura efectiva (UHC) ≥82 puntos. c) Esperanza de vida nacional >80 años.
7. Lecciones regionales
Costa Rica integró su sistema sanitario nacional bajo la CCSS desde 1949, financiado por tres sectores y con una red de APS.
Uruguay lanzó en 2007 el Fonasa, fondo único para servicios públicos y privados, ofreciendo beneficios iguales. Ambos países disminuyeron el gasto de bolsillo y garantizaron acceso universal. Panamá podría lograr resultados similares si toma decisiones claras.
Conclusión
La integración de los servicios de salud en Panamá debe dejar de ser una promesa. Con una estrategia definida, costos viables y buena coordinación, en cinco años las áreas piloto pueden transformar el sistema y servir de modelo para su expansión.
Aunque los determinantes sociales de la salud requieren abordaje multisectorial, esto no debe postergar la mejora de la prestación de servicios, que debe ser más eficiente, justa y coordinada.
Es clave fortalecer la atención primaria de salud (APS) como base del sistema, aprovechando la infraestructura existente y orientando recursos al primer nivel, donde se previenen complicaciones y se reducen costos.
Tras evaluar las áreas piloto, corresponde escalar la integración nacionalmente, ajustando según experiencias.
La Constitución exige la integración, la población la necesita y los recursos existen; hace falta voluntad política. Integrar es un deber social y constitucional: significa proteger a todas las personas y garantizar un sistema justo y eficiente.
El autor es neurocirujano.
