La modernización del sistema judicial panameño ha dado un paso audaz con el nuevo Código Procesal Civil (CPC), pero su verdadera transformación no se limita a la oralidad o al expediente electrónico. Con la entrada en vigor del artículo 172 de la Ley 402, se ha abierto la puerta a una innovación de gran envergadura: la integración de la inteligencia artificial (IA). Aunque esta visión de futuro promete una mejora exponencial en la eficiencia, también nos obliga a considerar los retos que enfrentamos en este camino.
El potencial de la IA para combatir la histórica mora judicial es innegable. La ley otorga a la Corte Suprema de Justicia la facultad de implementar estas herramientas en la gestión de actuaciones procesales, lo que sugiere una visión de vanguardia. La IA podría utilizarse para automatizar tareas repetitivas y de poco valor sustancial, como la gestión de calendarios, la anonimización de datos o la redacción de actos de mero trámite. Esta automatización, junto con el análisis predictivo para optimizar la gestión de casos, podría reducir drásticamente la congestión de los tribunales.
Esta visión de automatización ya es una realidad en otras jurisdicciones. En Alemania, por ejemplo, el asistente de IA llamado OLGA, creado por IBM, ayuda a automatizar tareas repetitivas. Por su parte, la Corte Constitucional de Colombia utiliza PretorIA, una herramienta que analiza, selecciona y estructura sentencias, demostrando cómo la IA puede facilitar el trabajo de los operadores judiciales. Estos ejemplos muestran que esta tecnología actúa con mayor rapidez que un ser humano, procesando grandes volúmenes de datos en segundos.
Sin embargo, adoptar la IA no está exento de desafíos. El sistema judicial panameño, aún acostumbrado a la escrituralidad, enfrenta una curva de aprendizaje pronunciada. El primer gran reto es la adaptación continua, pues la tecnología avanza a un ritmo mucho más rápido que la ley. La experiencia práctica de la implementación podría revelar la necesidad de ajustes normativos para garantizar un uso ético, transparente y respetuoso de los derechos fundamentales. Como bien establece la Ley 402, la IA no puede reemplazar el razonamiento humano del juez, un principio crucial para salvaguardar la justicia.
El éxito de esta iniciativa dependerá de una inversión significativa en infraestructura tecnológica y, sobre todo, en la capacitación de todos los operadores del sistema. Jueces, magistrados, abogados y personal administrativo deben entender no solo cómo utilizar estas herramientas, sino también las implicaciones éticas y los posibles sesgos de los algoritmos. Una mala implementación podría, incluso, exacerbar las desigualdades en lugar de reducirlas.
En conclusión, la previsión del Código Procesal Civil sobre la IA marca un precedente para un sistema judicial panameño cada vez más digitalizado y tecnológicamente avanzado. La posibilidad de automatizar y optimizar la gestión de casos es una solución poderosa para reducir la congestión judicial. No obstante, la transformación no será instantánea: es un proceso dinámico que exige visión a largo plazo, inversión tecnológica y, sobre todo, el compromiso de la comunidad jurídica con el aprendizaje y la adaptación. La IA no es una varita mágica, sino una herramienta valiosa que, si se implementa de manera responsable y estratégica, puede contribuir a construir la justicia ágil y moderna que Panamá necesita.
El autor es licenciado abogado y su tesis de grado se centró en el análisis de la Ley 402 de 2023.
