Del 6 al 10 de junio de 2022 se celebrará, en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos de América, la IX Cumbre de las Américas, la cual reunirá a los jefes de Estado y de Gobierno de las Américas. Estas cumbres tienen lugar desde 1994, pero sus antecedentes se remontan a las cumbres presidenciales de los años 1956 y 1967. Además, son un foro idóneo para discutir la situación política regional, para la búsqueda de soluciones innovadoras a problemáticas comunes y para el desarrollo de una visión compartida sobre el futuro del orden regional.
La negativa de un número plural de Estados a participar de la justa regional ante la exclusión de los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela, así como el llamado de otros Estados hacia la “inclusividad” de la misma, constituye un error que va en detrimento de las normas comunitarias de gobernanza democrática.
En julio de 1956 se celebró la Cumbre de Panamá en la que se dieron cita 19 líderes del hemisferio, quienes en su gran mayoría detentaban el poder a través de la fuerza. Estos incluían a los dictadores Fulgencio Batista, Alfredo Stroessner, Anastasio Somoza y Marcos Pérez Jiménez. Dicha cumbre concluiría con la Declaración de Panamá, la cual enfatizó en que el éxito de la recientemente establecida Organización de Estados Americanos (1948) era una muestra de lo que se podía obtener a través de la cooperación entre naciones soberanas, lo cual hacía necesario el robustecimiento de los organismos interamericanos y que una América unida debía contribuir a lograr una paz para el mundo fundada en la justicia y la libertad.
A partir de 1994 se inicia el nuevo proceso de cumbres, el cual buscaba reorganizar las relaciones interamericanas a través de un entendimiento común de preceptos políticos fundamentales para una nueva agenda hemisférica.
Las cumbres, desde un principio, adolecieron de una institucionalización formal, al no ser parte de la OEA. No obstante, siendo la OEA el foro político principal del hemisferio y al contar con la capacidad técnica e institucional, pasó a brindar los servicios de secretaría técnica del nuevo proceso de cumbres. Para ese entonces, la democracia y los derechos humanos ya constituían pilares fundamentales de la OEA. El sistema interamericano de derechos humanos se encontraba en pleno funcionamiento con la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya constituidas.
En 1985 se había adoptado el protocolo de Cartagena de Indias que incorporaba a los propósitos esenciales de la organización, la promoción y la consolidación de la democracia representativa en el hemisferio. También eran una realidad el compromiso de Santiago con la democracia (1991), la resolución AG/Res. 1080 titulada “Democracia Representativa”, así como la declaración de Nassau (1992) y Managua (1993), todas estableciendo un entendimiento común a nivel regional sobre democracia.
Con estos antecedentes, en el año 2001, en la III Cumbre de las Américas, se adopta la Declaración de Quebec, la cual es taxativa al decir que “cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático en un Estado del hemisferio constituye un obstáculo insuperable para la participación del Gobierno de dicho Estado en el proceso de Cumbres de las Américas”. Esta declaración es el antecedente más próximo a la Carta Democrática Interamericana. La misma continúa vigente y constituye un obstáculo insuperable para la participación de Cuba, Nicaragua y Venezuela en la próxima cumbre.
En ese sentido, mucho se ha discutido el caso de la VII Cumbre de las Américas, celebrada en Panamá, en donde se hizo una “excepción” y se invitó a Cuba a participar de la misma. Esto trajo consigo un período de “normalización” de las relaciones bilaterales entre Cuba y los Estados Unidos de América. No obstante, estamos ante un momento político distinto, las protestas de 2021 en Cuba y la represión masiva subsecuente en contra de los líderes del movimiento San Isidro son prueba de ello. Lo mismo podría decirse de los regímenes de Maduro y Ortega, quienes han llegado a despreciar de tal manera las normas comunitarias de gobernanza democrática y de derechos humanos al perpetrar fraudes electorales y crímenes de lesa humanidad, e, incluso, presentando sendos instrumentos de denuncia a la Carta de la OEA. Hace algunas semanas se suscitó un hecho sin precedentes, la ocupación, la confiscación y el cierre forzado de las oficinas de la OEA en Managua, en abierta contravención con instrumentos jurídicos internacionales vigentes.
La situación que enfrenta la región es muy compleja. Tradicionalmente, las Américas han contado con una vocación democrática, humanista, humanitaria y en pro de la transparencia, la cual convive con estructuras autoritarias, abusivas y corruptas en una suerte de péndulo. Los avances han sido muchos, e incluyen la Carta Democrática Interamericana, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención Interamericana contra la Corrupción, por listar algunos.
Con el surgimiento y la consolidación de regímenes iliberales y su irrupción en el escenario regional, a través de organizaciones y cumbres alternas, se está intentando reemplazar el multilateralismo inclusivo y el orden regional basado en reglas, aquel que promueven foros como la Cumbre de las Américas, la OEA y otros instrumentos interamericanos, con un modelo en el que prima la diplomacia transaccional y que busca, precisamente, condenar al olvido esos valores y principios interamericanos como la democracia, los derechos humanos y la transparencia.
El autor es es abogado y profesor de derecho internacional
