Hace poco escuché al azorbispo José Domingo Ulloa en una homilía durante una misa cuya fecha no recuerdo, en la cual reclamaba la inequidad de la justicia, comentando que un muchacho que había capturado una iguana estaba cumpliendo una pena de ocho años, mientras que quienes roban al Estado ni siquiera son enjuiciados.
Bueno, no es nada nuevo; esta es una historia que se repite en espiral desde que tengo conciencia. Y no solo ocurre lo que comenta monseñor Ulloa, sino también en cuanto a lo que, en ocasiones especiales, se convierte la justicia. Todos sabemos que hay situaciones en las que la justicia no solo es selectiva, sino que se vuelve temeraria, instrumento del poder y medio de inseguridad frente a la tutela jurídica que la ciudadanía espera de jueces y magistrados a quienes el Estado les paga para cumplir esta misión.
Muchos actos, en distintos momentos históricos, ha cometido el sistema judicial, acumulando una severa desconfianza de la población hacia quienes deben administrar justicia. Veamos un ejemplo contundente: el señor Ricardo Martinelli, conocido por todos, fue condenado por cometer un delito común, igual a robarse una gallina. Un juez de cumplimiento debió haber hecho ejecutar lo sentenciado por la jueza que impuso la condena y el Ministerio Público debió garantizar que dicho delincuente no se fugara del país, haciendo las gestiones necesarias, tal como lo dispone el artículo 529 del Código Procesal Penal. Nada de esto se hizo. El condenado se acogió a un vulgar asilo político que, de acuerdo con las reglas internacionales, no procedía, y ni el Ministerio Público ni el Órgano Judicial hicieron absolutamente nada.
De acuerdo con las conclusiones de monseñor Ulloa, si el delincuente hubiese sido el muchacho que se llevó la iguana, de seguro la misma Interpol ya lo hubiera traído para que rindiera cuentas. ¿Por qué el Ministerio Público y el Órgano Judicial actúan de esta manera? Recordemos que a los magistrados de la Corte los nombra el presidente de la República; además, ganan salarios de cortesanos y muchas veces hay dudas de que entre magistrados y delincuentes de cuello blanco haya algún tipo de componenda. En cuanto a los magistrados de los tribunales superiores y jueces, muchas veces el temor y los salarios que ganan pesan más que la dignidad y el valor moral. El artículo 87 del Código Judicial obliga al pleno de la Corte a vigilar que todos los jueces y magistrados —incluyendo a los de la propia Corte— administren pronta y cumplida justicia, pero esto no parece ser preocupación de los magistrados.
En los medios informativos hay noticias de algunos jueces que han sido castigados y destituidos; sin embargo, hay muchos casos en los que ni siquiera se logra investigar. Y así andan, como dice monseñor Ulloa, sembrando una desconfianza descomunal entre la sociedad que espera seguridad jurídica y certeza de una buena administración de justicia en Panamá.
El autor es abogado y profesor.
