Nuestra hoja de ruta sobre la tenaza hídrica y el rescate del lago Bayano —a la que volveremos en próximas entregas— exige una pausa constructiva. El reciente sismo de magnitud 7.5 en el centro del país trajo consigo una lección geológica que obliga a una serena y profunda reflexión técnica sobre el manejo de nuestros recursos naturales.
El deslizamiento en la antigua mina de Remance, en Veraguas, puso en evidencia la vulnerabilidad de infraestructuras que no completaron un cierre integral. En su comunicado oficial del 23 de octubre de 2026, el Ministerio de Ambiente y el MICI reconocieron con franqueza técnica que los proyectos mineros sin un plan de cierre formal generan “daños ambientales que pueden ser irremediables a largo plazo”.
Más allá de las medidas sanitarias iniciales, la dimensión del evento llevó al propio Estado a constatar la presencia de metales en el suelo y a tramitar de urgencia sistemas industriales de tratamiento especializado por B/.780,000 para restablecer el agua potable en comunidades de la zona. La lección presupuestaria es clara: cuando las operaciones privadas concluyen sin una remediación efectiva, los costos de mitigación y la atención a la salud pública terminan recayendo sobre el Estado.
Lo ocurrido en Remance no es un caso aislado, sino un patrón histórico que amerita corrección. El país ya vivió situaciones complejas tras el abandono intempestivo de la mina Santa Rosa (Cañazas, Veraguas) en 1999, cuyos drenajes y afectaciones en afluentes locales fueron ampliamente documentados en investigaciones de La Prensa en junio de 2013 y octubre de 2021; así como en Petaquilla Gold (Molejón, Donoso), inactiva desde 2014, donde reportajes en el terreno en marzo de 2019 y julio de 2021 registraron pasivos e insumos expuestos al rigor del clima tropical. Frente a este historial documentado, la pregunta técnica resulta obligada: ¿se ejecutaron en su momento las remediaciones integrales y las garantías necesarias para salvaguardar esas cuencas? La evidencia demuestra que la respuesta del Estado ha sido reactiva y postergada en el tiempo.
Esta realidad refuerza las observaciones que formulamos respecto a la auditoría de SGS. En procesos de alta complejidad ambiental no existen márgenes secundarios: aquel 12% de falencias advertido encubría precisamente los riesgos latentes de drenajes ácidos de roca y la estabilidad de las tinas de relaves, aspectos que exigen la máxima rigurosidad.
Remance, Santa Rosa y Molejón fueron faenas de menor escala que el megaproyecto de Donoso. Si faenas de esa dimensión demandan hoy costosas intervenciones estatales ante eventos climáticos o sísmicos, gestionar la cuenca del río Coclé del Norte exige una prudencia extrema. Las dinámicas hídricas no reconocen fronteras administrativas: cualquier afectación en los acuíferos de la vertiente caribeña representa un riesgo latente para el sistema de lagos que hace posible la operación del Canal de Panamá y abastece a la población metropolitana.
Plantear estas realidades no responde a una postura opuesta a la inversión privada ni al desarrollo económico. Al contrario: el verdadero desarrollo, aquel que atrae capital de calidad y genera prosperidad duradera, solo florece sobre la base de la seguridad jurídica, la sostenibilidad y el apego irrestricto a la ley y a los fallos de la Corte Suprema de Justicia. Intentar soluciones transitorias al margen del marco legal o postergar la definición de más de una docena de concesiones en suspenso no brinda certidumbre; abre la puerta a la discrecionalidad y a riesgos de litigios internacionales por trato desigual.
Conclusión: la oportunidad histórica de un liderazgo de Estado
Con el informe de la comisión ministerial en su despacho, el presidente de la República se encuentra ante una encrucijada propicia para alzarse como el estadista que el país demanda. La grandeza de gobernar radica en transformar un dilema heredado en una política de Estado con certidumbre y visión de largo plazo:
Consulta popular por referéndum: la certidumbre jurídica y la paz social no se sostienen sobre arreglos transitorios. El presidente tiene la oportunidad histórica de convocar a la nación y dirimir cualquier decisión estratégica en las urnas mediante un referéndum nacional organizado por el Tribunal Electoral, replicando el exitoso precedente de la ampliación del Canal de Panamá.
Nueva institucionalidad: superar el anacrónico Código Minero de 1963 mediante una Autoridad Autónoma de Recursos Soberanos, con rigor técnico, gobernanza corporativa e independencia funcional inspiradas en la ACP.
Filtro OCDE: activar formalmente el Punto Nacional de Contacto (PNC) bajo los lineamientos de la OCDE para exigir debida diligencia ambiental a corporaciones extranjeras y prevenir litigios internacionales.
Jerarquía del gasto público: priorizar el presupuesto en agua potable y en la solidez del motor logístico nacional (Canal y puertos) antes de comprometer recursos en proyectos de transporte secundario.
El sismo nos ha brindado una advertencia oportuna. El respeto riguroso al Estado de derecho no es un obstáculo para el progreso; es el único cimiento sobre el cual Panamá podrá construir un desarrollo genuinamente próspero, soberano y sostenible.
El autor es industrial.
