China comenzó a aplicar el 1 de julio una de las leyes más trascendentales —y, al mismo tiempo, menos conocidas— de la era del presidente Xi Jinping. La llamada Ley de Promoción de la Unidad y el Progreso Étnico puede parecer, a primera vista, inofensiva. Habla de «unidad», «armonía social» y un «destino compartido». Sin embargo, entre sus numerosas disposiciones se esconde un elemento que debería preocupar a todas las democracias: un mandato explícito para perseguir a quienes critiquen las políticas de China, vivan donde vivan, incluso en España.
El artículo 63 de la nueva ley ordena a las autoridades chinas actuar contra organizaciones e individuos fuera del territorio chino por cualquier acto que «socave la unidad y el progreso étnicos o fomente la división étnica». Pekín está afirmando, de manera inequívoca, que se atribuye la autoridad legal para perseguir a ciudadanos extranjeros —incluidos panameños— por expresarse de forma que el Partido Comunista considere una amenaza para su narrativa sobre el Tíbet, Xinjiang o cualquier otro grupo étnico o religioso.
China ya ha desplegado amplios esfuerzos para vigilar e intimidar a disidentes en el extranjero. El mes pasado, Lu Jianwang, ciudadano estadounidense residente en el distrito neoyorquino del Bronx, fue declarado culpable de actuar como agente ilegal del Ministerio de Seguridad Pública chino al operar una supuesta «comisaría de policía» china en Manhattan. La Fiscalía demostró que Lu actuaba siguiendo instrucciones de funcionarios chinos para reprimir a disidentes en suelo estadounidense. Se enfrenta ahora a una pena de hasta 30 años de prisión. La nueva Ley de la Unidad Étnica proporciona ahora una cobertura jurídica explícita para actuaciones como la suya.
Para comprender hacia dónde conduce este modelo, basta con observar el Tíbet, hoy cubierto por puestos de control policial, tecnología de reconocimiento facial y sistemas de vigilancia de las comunicaciones. Cuadros del Partido Comunista Chino están integrados directamente en aldeas y monasterios, con la misión de supervisar a las familias tibetanas y garantizar su lealtad política. Los monjes son sometidos a campañas de «educación patriótica». Escritores han sido encarcelados, entre ellos el autor tibetano Gangkye Drubpa Kyab, que cumple una condena de catorce años por «incitación al separatismo» y que anteriormente ya había sido encarcelado por exhibir una fotografía del Dalái Lama.
Cuando Chen Quanguo —posteriormente sancionado por Estados Unidos por violaciones de los derechos humanos— fue secretario del Partido Comunista en el Tíbet entre 2011 y 2016, desarrolló el sistema conocido como «gestión en cuadrícula», que divide las comunidades en pequeñas unidades sometidas a una vigilancia permanente. Tras ser trasladado a Xinjiang en 2016, aplicó el mismo modelo, que evolucionó hasta convertirse en un sistema de detenciones masivas, vigilancia predictiva y uno de los mecanismos de control social más sofisticados del mundo contemporáneo.
La nueva ley establece el mandarín como lengua principal de la educación, la administración pública y las organizaciones sociales. Pese a las reiteradas negaciones de Pekín, estas disposiciones contradicen directamente la Constitución china, que reconoce a las distintas nacionalidades del país el derecho a preservar sus propias lenguas y costumbres. La ley consolida, además, un sistema de internados coloniales en el que cerca de un millón de niños tibetanos ya han sido separados de sus familias y comunidades para ser sometidos a adoctrinamiento comunista.
La norma exige, asimismo, que todas las actividades religiosas promuevan la «unidad étnica» y se sometan al proceso de «sinización», término utilizado por Xi Jinping para definir la subordinación de las tradiciones religiosas a la ideología del Partido Comunista. En el caso del budismo tibetano, donde la lengua constituye un elemento inseparable de la cultura y de la vida comunitaria, esto supone un proceso de borrado cultural dirigido por el Estado.
La importancia de esta cuestión aumentará con la futura sucesión del Dalái Lama, previsiblemente uno de los episodios religiosos y políticos más decisivos de la próxima década. Pekín ya sostiene que toda reencarnación de un líder del budismo tibetano requiere la aprobación del Estado. Todo indica que China designará a su propio Dalái Lama y recurrirá a instrumentos diplomáticos y de otra naturaleza para tratar de legitimar internacionalmente esa designación.
Los responsables políticos panameños deberían reconocer la Ley de Promoción de la Unidad y el Progreso Étnico por lo que realmente representa: una declaración de que la jurisdicción ideológica de Pekín se extiende más allá de sus fronteras. Esta ley, y la represión que la acompaña en el Tíbet, se sitúan en el centro de la creciente confrontación entre la libertad y el autoritarismo.
A unos 240 kilómetros de la frontera tibetana, en Dharamsala (India), el Dalái Lama y la Administración Central Tibetana en el exilio representan una visión de esperanza para el mundo. A través de un mensaje basado en la compasión y la bondad, el liderazgo espiritual y moral del Dalái Lama encarna la victoria de la libertad y la fe frente a la autocracia y la represión. Merece el apoyo de la comunidad internacional.
Durante demasiado tiempo se ha considerado que el Tíbet es un problema lejano. No lo es. Fue allí donde se desarrollaron y perfeccionaron muchas de las herramientas modernas de control autoritario que hoy comienzan a proyectarse más allá de las fronteras chinas. Cuando Pekín pretende criminalizar las críticas extranjeras a sus políticas étnicas, está poniendo a prueba si la comunidad internacional aceptará la premisa de que nadie, en ningún lugar del mundo, puede cuestionar la versión de la historia impuesta por el Partido Comunista. Es una prueba que la comunidad internacional no puede permitirse perder.
El autor es actor y presidente de la International Campaign for Tibet.
