En abril de 2024, el sector público de Panamá contaba con 258,266 funcionarios, con un sueldo bruto de B/.434.1 millones mensuales. De estos funcionarios, 234,964 eran permanentes y 23,302 eventuales (según el último informe de la Contraloría General). Sumado a esto, las recientes declaraciones de las nuevas autoridades sobre “planillas cash back” (funcionarios que no trabajan y le dan un porcentaje al padrino político) y la alta cantidad de “botellas” (funcionarios que cobran sin trabajar), la cifra es alarmante y pone de relieve la urgente necesidad de un consenso nacional para el fortalecimiento y la aplicación más rigurosa de una Ley de Carrera Administrativa y demás carreras públicas, para combatir la corrupción, mejorar la calidad del servicio público y garantizar la eficiencia del gasto público.
La Ley de Carrera Administrativa: una legislación con desafíos
La Ley de Carrera Administrativa de 1994 y sus reformas de 2017 fueron diseñadas para asegurar que la contratación y promoción de los funcionarios se basen en méritos y competencias. Sin embargo, la realidad es otra y los nombramientos siguen siendo utilizados como un “botín político” para satisfacer la insaciable sed de nombramientos políticos, lo cual el último gobierno del Partido Revolucionario Democrático (PRD) ha llevado al extremo. La contratación de personal sin los méritos, experiencia y vocación de servicio ha llevado a un aumento exorbitante y desproporcionado de la planilla, afectando negativamente el presupuesto nacional y la calidad de los servicios ofrecidos a los usuarios.
En abril de 2024, la planilla mostró un incremento de 2,906 funcionarios, en su mayoría eventuales, en comparación con el mes anterior. Este aumento se concentró en instituciones clave como el Ministerio de Educación y la Caja de Seguro Social, donde, independientemente de que su ingreso es a través de un supuesto sistema de méritos, la calidad del servicio es muy deficiente. Esto indica que hay que reformar el sistema de ingreso, la evaluación del desempeño junto con el incremento salarial y la estabilidad en los cargos. Los indicadores de salud y educación lo demuestran, siendo una preocupación constante para la ciudadanía.
Impacto presupuestario y deficiencias en el servicio
El gasto en sueldo bruto se desglosa en B/.403.5 millones mensuales para funcionarios permanentes y B/.30.6 millones mensuales para eventuales. Este incremento representa una carga significativa para el presupuesto nacional. En el mes anterior, marzo 2024, se registró un aumento de B/.5.7 millones (1.3%) en el sueldo bruto, y en comparación anual con abril de 2023, hubo un aumento de B/.27.2 millones (6.7%).
Esta situación es un claro indicativo de que el gasto en funcionamiento supera con creces al rubro de inversión en la mayoría de las instituciones y que el uso de los avances tecnológicos y la contratación basada en méritos es más una excepción que una regla.
Corrupción y la necesidad de reformas integrales
La falta de un sistema de méritos riguroso en la contratación de funcionarios, evaluaciones del desempeño, capacitaciones enfocadas en la mejora continua y la equiparación en un sistema salarial para que no existan desigualdades salariales en posiciones de la misma índole, junto con el establecimiento de una política de retiro voluntario que brinde una salida digna a ese 20% que suma aproximadamente 50,000 funcionarios jubilados o con edad avanzada, es un desafío y una necesidad urgente en la gestión pública. Sabiendo que el éxito en la calidad del servicio público y de un gobierno es, sin duda, su capital humano, el no invertir en ello no solo afecta la eficiencia del sector público y la inversión económica, sino que también alimenta la corrupción. La contratación de personal sin las competencias necesarias crea un entorno propicio para prácticas corruptas, donde los favores políticos y el nepotismo prevalecen sobre la capacidad y el profesionalismo.
Implementar y fortalecer la Ley de Carrera Administrativa y las leyes de las carreras públicas actuales es crucial para combatir la corrupción y aumentar la confianza de los usuarios en las instituciones del Estado.
Relevancia de las alianzas internacionales
Es preocupante que los organismos internacionales, especialmente aquellos que otorgan financiamiento, no ejerzan suficiente influencia sobre Panamá, requiriendo la adecuación de carreras públicas a estándares internacionales, especialmente en sectores críticos como la seguridad, salud y educación. A pesar de que estos sectores deberían operar bajo estrictos criterios de mérito, la insatisfacción ciudadana y la abultada planilla indican que estos principios no se aplican adecuadamente.
Los organismos internacionales tienen la capacidad de jugar un rol importante, incentivando reformas y proporcionando asistencia técnica para fortalecer los mecanismos de control y evaluación en la administración pública panameña. Esto no solo beneficiaría a Panamá, sino que también contribuiría a la estabilidad, seguridad jurídica y desarrollo económico de la región, por las condiciones socioeconómicas que brinda nuestro país.
Reto gubernamental
La Ley de Carrera Administrativa, en conjunto con las demás leyes de carreras públicas en Panamá, necesita una implementación más estricta, lo que conlleva necesariamente a una inminente “purga del servicio público” para garantizar que la contratación de funcionarios se base en méritos y competencias, sin ver la planilla como un “botín político” para premiar a copartidarios, amigos o familiares. El gran reto es poder tener la voluntad política para establecer un consenso nacional, en una mesa de concertación con la participación de todos los actores nacionales, para definir una política pública permanente de empleo público, para combatir la corrupción, mejorar la eficiencia del sector público y asegurar que el gasto se utilice de manera efectiva.
Solo mediante la selección por meritocracia, la profesionalización permanente de los funcionarios y la transparencia se podrá mejorar la calidad de los servicios públicos, combatir la corrupción, satisfacer las necesidades de los ciudadanos y asegurar un futuro más próspero para Panamá.
El autor es abogado y ex director de Carrera Administrativa.
