No cabe duda de que el narcotráfico es una de las actividades de mayor auge a nivel mundial. Muchos se hacen millonarios en muy poco tiempo si logran burlar la vigilancia y el cerco que existen sobre esta actividad.
Es quizá la única actividad delictiva con una alta demanda, que genera enormes cantidades de dinero de manera meteórica y que ha dejado una estela de millones de muertes y personas con daños físicos y mentales irreversibles.
La venta y el control de los mercados de la droga no son asuntos fáciles. En primer lugar, se requiere tener una mentalidad delictiva, una ambición desmedida, sagacidad y una dosis de valentía para enfrentar los contratiempos que se presentan en el camino. En el mundo del narcotráfico se asciende rápido, pero también se puede caer en las profundidades en un abrir y cerrar de ojos.
Siendo un “negocio de riesgo” que genera enormes cantidades de dinero, también necesita de la complicidad y apoyo de abogados especialistas, así como de autoridades. Para blindarse ante posibles efectos de leyes antinarcóticos, los narcotraficantes han visto en la política una vía eficaz para buscar inmunidad y lavar dinero.
El narcotráfico, como cualquier otro flagelo que corrompe y destruye valores, ha adquirido la capacidad de infiltrarse en las esferas de la justicia y la seguridad del Estado, convirtiéndolas en títeres de sus letales intereses.
Colombia libró una feroz batalla contra los carteles de las drogas en la década de los ochenta, que costó un sinnúmero de muertes de representantes de la ley e incluso de personajes de alto perfil, como el candidato presidencial Luis Carlos Galán. Fue una guerra en la que estaba en juego la supervivencia de la democracia, el estado de derecho y la seguridad ciudadana.
En el libro de Astrid María Legarda (El verdadero Pablo: Sangre, Traición y Muerte) se recoge el testimonio de Jhon Jairo Velásquez, alias “Popeye”, quien afirma que Pablo Escobar decidió incursionar en la política para obtener la protección e inmunidad que el cargo de diputado le ofrecía. Pero no fue el único; otro conocido narcotraficante, Carlos Lehder Rivas, fundó un partido político para lavar su imagen ante la sociedad.
Lo que hizo el gobierno de Colombia para combatir el narcotráfico no fue sencillo, pero sí épico e histórico, ya que muchos sectores sociales se unieron y entendieron que, si no se llevaba a cabo esta lucha frontal, Colombia se convertiría en un narcoestado, como sucede hoy en día en algunos países.
En primer lugar, fue necesario depurar todos los organismos de seguridad de posibles infiltraciones de peones del narcotráfico, así como de jueces al servicio de los carteles de la droga. En segundo lugar, Colombia, a través de su presidente en ese entonces, César Gaviria, pidió ayuda a varios países en concepto de tecnología e información, porque sabía que la guerra interna no la podría ganar solo.
Colombia realizó cambios en sus leyes para poder detectar los dineros provenientes del narcotráfico en bancos, industrias y partidos políticos.
El proceso que vivió Colombia contra la narcopolítica lo estamos viviendo en Panamá. ¿Pero estamos dispuestos a seguir los mismos pasos para combatirla? Lo primero sería cambiar radicalmente las leyes que otorgan inmunidad a ciertas figuras públicas, en especial a los diputados. Lo segundo sería endurecer las penas contra los implicados en el negocio de las drogas, sea quien sea. La rebaja de condena por cooperación no nos favorece, y los narcos lo saben.
El autor es sociólogo y docente
