Varios expertos califican la educación panameña como el principal problema del país. Yo añadiría el adjetivo “estructural”. Frente a las afectaciones causadas por los gremios docentes de escuelas públicas en huelga, sus manifestaciones carnavalescas desde hace casi dos meses y sus efectos en el atraso académico de los estudiantes —con consecuencias en la ya intensa inequidad social—, algunos especialistas se han pronunciado públicamente. Recordemos a Nivia Rossana Castrellón, quien afirma: “Mi hipótesis es que Panamá es desigual porque su sistema educativo es desigual”, y a Leopoldo Neira Meléndez, quien declaró recientemente: “La única fórmula para evitar una explosión social… es una: mejorar continuamente la educación pública”.
Es un tema que abordé en 1998, cuando publiqué un artículo titulado El reto de la educación panameña, cuya versión actualizada aparece en Reflexiones sobre Panamá y su destino de 1990 a 2024 (disponible en: www.omarjaen.com.pa). Hoy resumo mi posición en tres puntos:
Primero, hay que reformar a fondo las universidades públicas donde se forman los maestros y profesores, para sustituir el sistema político-clientelista —copiado de los partidos corruptos— por uno basado en la excelencia académica de sus directivos y docentes. Es indispensable cambiar el método de selección de las autoridades universitarias, reemplazando una “democracia” basada en simpatías y clientelismo por una selección por competencias y resultados académicos, por capacidad y sabiduría.
¿Será por inconsciencia o cinismo que rectores de universidades públicas se jacten de comportamientos gloriosos de hace más de medio siglo como si fueran actuales, y presuman de triunfos académicos claramente exagerados? Por ejemplo, lo hace la Universidad de Panamá, que hoy ocupa un lugar casi ínfimo a nivel mundial —entre el puesto 1,200 y 1,400 en excelencia—, con una magra producción científica. Según el QS World University Rankings: América Latina y el Caribe 2024, entre 430 universidades evaluadas, figura en un rango medio, del 191 al 200, mientras que la Universidad de Costa Rica ocupa el puesto 20 y las tres mejores de Colombia están entre el 6 y el 16.
Mucho peor es el caso de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), modelo insuperado de mediocridad, corrupción, clientelismo, nepotismo y despilfarro, denunciada incluso por el jefe de Estado. Apoyada por políticos considerados delincuentes, mantiene salarios exorbitantes para centenares de favoritos y aparece en el último rango regional, el 401–430. Ambas universidades están también en la mira del contralor general de la República, pero hasta ahora no ha ocurrido nada verdaderamente contundente. ¿Será necesario adoptar legislación para combatir estos crímenes educativos todavía impunes?
Segundo, se deben nombrar docentes por méritos comprobables y la mejor formación disponible, mediante una selección rigurosa, evitando la xenofobia y la afiliación política o ideológica. Es un asunto clave para cambiar uno de los sistemas educativos más deficientes del continente y elevarlo al nivel que merecemos. Hay muy buenos docentes en todos los niveles, pero parecen imponerse los peores.
Creamos un sistema educativo público mediocre e injusto para más del 80% de la población estudiantil, un proceso que comenzó en la década de 1970. Hicimos lo contrario de lo que hizo China Popular desde 1977 o Singapur desde los años 80, países que apostaron por una educación primaria y secundaria de calidad, y por una educación superior súper elitista, de la más alta excelencia, con resultados extraordinarios. Cometimos un error gravísimo con un costo enorme.
Tercero, transformar radicalmente el MEDUCA, que ha sido, en realidad, el Ministerio de la Mala Educación. Una reingeniería completa, despolitizarlo y modernizar el reclutamiento de directivos, administrativos y docentes —evaluándolos según su formación, aptitud y rendimiento— debería mejorarlo notablemente. El resultado de tantas fallas ha sido condenar a una inmensa población escolar a un futuro más incierto y empujar a millares de estudiantes a la deserción educativa, disminuyendo definitivamente su calidad de vida personal y profesional.
Se puede mejorar lo que se mide y se compara con la competencia. La calidad educativa se evidencia en pruebas internacionales como PISA (lectura, matemáticas y ciencias): en 2022, nuestros estudiantes ocuparon el lugar 74 entre 81 países evaluados, mientras que los de Singapur y China Popular destacaron en los primeros puestos. ¡No renunciemos a las pruebas PISA!
Estos fracasos han afianzado una mentalidad irracional, pasional, mítica y supersticiosa, que domina a parte de nuestra población y que nos sitúa entre los grupos más conservadores, ignorantes y atrasados de América Latina, aunque estemos —por los elevados rendimientos del sistema logístico alrededor del Canal— entre los países más prósperos.
A diferencia de lo que ocurrió en el extranjero, donde hubo gobiernos más responsables, en Panamá se impuso un cierre prolongado de las escuelas durante dos años a partir de 2020, el más extenso del planeta según Unicef. Fue decidido por un gobierno y un MEDUCA sin verdadero criterio científico ni sensato, sometido a poderosos gremios de educadores radicalizados y politizados, muchos de ellos avivatos acostumbrados al ocio de largas vacaciones pagadas durante la pandemia. No han hecho más que agravar una situación educativa estructuralmente gravísima.
Tenemos escuelas incluso en mal estado físico, pero con docentes entre los mejor pagados de Latinoamérica. Lo mismo ocurre con las universidades públicas, donde abundan profesores remunerados como si fueran catedráticos de instituciones de excelencia mundial.
Los largos cierres educativos son la mayor catástrofe social que ha sufrido el país en décadas, con implicaciones graves en la formación de los ciudadanos y su preparación profesional para un mundo cada vez más competitivo, tanto dentro como fuera del país.
No hay que inventar la rueda. Debemos inspirarnos en los mejores sistemas educativos del mundo —Singapur, Japón, Corea del Sur, Irlanda o Canadá— si realmente queremos salir del empantanamiento ya estructural.
El autor es geógrafo, historiador, diplomático.
