A lo largo de recientes entregas hemos diseccionado una crisis que trasciende la simple falta de lluvias. Panamá padece una asfixia autoinfligida. La radiografía de nuestra planificación revela un patrón histórico imperdonable: en ambos extremos del país, los gobiernos han sacrificado la soberanía del agua por miedo al conflicto o para proteger intereses privados, dejando al Canal y a la metrópoli en el medio, literalmente secándose.

Esta orfandad institucional no se limita al corredor transístmico. El histórico abandono hídrico también ha asfixiado a la región de Azuero y a las provincias centrales, una vulnerabilidad crónica que acaba de quedar trágicamente expuesta ante las consecuencias del devastador sismo de hace apenas unos días. Una región que lleva décadas clamando por agua potable y embalses resilientes hoy debe enfrentar la furia geológica y la reconstrucción desde la más absoluta precariedad estatal. Es el mismo patrón sistemático: el Estado reacciona a los escombros de la emergencia, pero evade la planificación preventiva.

Hacia el occidente, la historia repite esta tragedia de miopía política. Aunque un fallo de la Corte Suprema le devolvió a la Autoridad del Canal la jurisdicción sobre las cuencas occidentales, el daño físico avanza. El reciente y confuso aviso oficial de “abrir para cerrar la mina en décadas” agrava el balance del daño ambiental. Bajo esta excusa operativa, la cuenca del río Coclé del Norte seguirá comprometiéndose aún más, perfilando un escenario catastrófico en el futuro cercano: la amenaza inminente de que esa agua contaminada termine filtrándose y entrando al lago Gatún. Ese pasivo tóxico, sumado al silencio sobre el “limbo minero” de las demás concesiones suspendidas en la cordillera, nos dejó a Río Indio como la única carta limpia en esa frontera.

Pero el embalse de Río Indio no es un milagro inagotable. Su propósito original es garantizar el volumen operativo de las esclusas para no perder nuestra competitividad logística. Sin embargo, hoy el sistema de lagos canaleros opera como una gigantesca potabilizadora de facto. Si no logramos liberar el amarre perverso que existe entre las reservas del Canal y la sed de la capital, el crecimiento urbano se beberá velozmente las aguas de Río Indio, anulando el rescate de la vía interoceánica.

La única forma de desatar este nudo es mirando hacia el este: la inmensa reserva del lago Bayano. Conocida en los mapas de planificación del Estado como la cuenca hidrográfica 148, esta zona vuelve a mostrar el patrón de cobardía. El Gobierno reconoció su orfandad técnica delegando en la ACP los estudios de viabilidad, pero ahora rehúye la ejecución de las verdaderas soluciones.

Mientras el Idaan despilfarra fortunas alquilando camiones cisterna vinculados al clientelismo para apagar crisis vecinales, el Ministerio de Ambiente actúa como espectador pasivo ante la deforestación de los afluentes de Bayano. Vivimos la amarga ironía de aplaudir a la concesionaria AES por donar fondos para reforestar el Canal, mientras la cuenca 148 —de donde extrae sus millonarias ganancias— se llena de sedimentos.

El colmo de esta abdicación estatal es el impulso burocrático de la “Alternativa 12”. En lugar de ejercer el peso del Estado para instalar una toma directa y segura en el espejo del lago Bayano, las autoridades insisten en captar el recurso “aguas abajo”, usando las sobras del negocio eléctrico. Prefieren condenar a la ciudad a los riesgos de la salinidad con tal de no restarle a la concesionaria los vitales metros sobre el nivel del mar (msnm) que le garantizan su máxima capacidad de generación.

El país necesita separar sus fuentes. Bayano debe convertirse en la gran potabilizadora nacional para liberar a Gatún y Alhajuela y, en el futuro cercano, a Río Indio de su carga insostenible. Romper este cerco exige carácter de Estado: saldar la deuda hídrica con nuestras provincias, frenar la contaminación en el oeste y financiar la toma directa en el este.

Queda, sin embargo, una interrogante crítica en el tintero que amerita un debate profundo: mientras el Estado claudica en asegurar nuestra agua potable para no alterar el volumen de los embalses hidroeléctricos, la burocracia agiliza agresivamente los permisos para la interconexión eléctrica con Colombia. ¿Acaso nos preparamos para facilitar la exportación de energía al mercado sudamericano a costa de dejar a nuestra propia capital bebiendo las sobras salobres de las turbinas?

El autor es industrial.