Hace más de 40 años, Torrijos promovió, con empeño y energía, la explotación de la mina de cerro Colorado. Esta iniciativa fue rechazada por todas las fuerzas vivas de Chiriquí, por los daños ecológicos que ocasionaría en la región.
Afortunadamente, el proyecto fracasó y la provincia más productiva del país se salvó de un colapso ecológico que hubiese provocado la contaminación de los ríos y la gradual extinción de su ganadería y agricultura. Debemos tener presente que Chiriquí, aparte de ser la más fértil y productiva región del país, es una zona geográfica de intensas lluvias.
Al examinar las estadísticas de las precipitaciones fluviales durante los últimos años, es fácil constatar lo peligroso y dañino de un proyecto de explotación minera a cielo abierto en cerro Colorado.
En países como Chile, Perú y Bolivia, donde el desarrollo minero es muy importante, las explotaciones se hacen en regiones desérticas alejadas de las áreas productivas. En esas zonas de explotación minera apenas llueve unas pocas pulgadas al año. A pesar de que las condiciones en estas zonas se consideran adecuadas para la explotación, las evidencias nos indican que ha habido todo tipo de problemas y peligros para los obreros que trabajan en las minas, entre otras afectaciones.
En Costa Rica, con una vegetación similar a la de Chiriquí, se ha prohibido la explotación minera, ya que la misma puede dar al traste con su proyecto de desarrollo sostenible.
Se escucha por parte de las compañías mineras que la nueva tecnología de punta que se utilizará asegura que las explotaciones mineras no causen daño alguno al medio ambiente ni a las poblaciones aledañas. Esto hay que analizarlo con sumo cuidado, pues está en juego el devenir de la república y su gente: los posibles efectos dañinos de estas explotaciones podrían ser irreversibles y afectarían al bienestar general de la nación, tanto para las presentes como para las futuras generaciones de panameños.
En materia de inversión, algunas no son convenientes. No importa los millones que las mismas puedan dejar al país. Debemos considerar con mucho cuidado las consecuencias que pueden tener esas explotaciones. ¿De qué nos sirven los millones, si las poblaciones aledañas se enferman y las actividades agrícolas y ganaderas se vuelven improductivas?
Recientemente, el Gabinete del presidente Cortizo envió a la Asamblea Nacional, a través de su ministro de Comercio, un contrato con la Minera Panamá. Luego de que la Comisión de Comercio escuchó por más de dos semanas la opinión de gremios, sindicatos, la academia, asociaciones, distinguidos juristas, estudiantes, empleados y residentes del área, la mayoría se opuso a la aprobación de este contrato, por estar en contra de los mejores intereses del país.
La página 31 del plan de desarrollo integral de la provincia de Colón denominado “La ruta estratégica hacia una vida digna”, trata de los efectos dañinos a la ecología y el medio ambiente que la minería puede causar al distrito especial Omar Torrijos Herrera.
Dice textualmente, “la mina de Cobre Panamá representa un desastre ecológico incalculable, que impactará severamente sobre todos los recursos naturales renovables del área y contribuirá al empobrecimiento del suelo y los residentes a mediado plazo. Incrementará la sedimentación y la contaminación de los suelos, el agua y el aire. Habrá movimientos migratorios de agricultores pobres de Coclé y trabajadores hacia la mina”.
“Eso implicará un incremento de asentamientos humanos ilegales y podrá intensificar la carencia de servicios básicos e infraestructura de trasporte a corto plazo, la cual recaerá en el gobierno central su solución”.
En cuanto al Canal de Panamá, dice “es importante considerar la propuesta para el reservorio de la operación del Canal de Panamá y sus grandes y graves implicaciones sociales, ambientales y económicas locales de río Indio, al igual que el impacto territorial en la administración local de los espacios”.
Este plan de desarrollo integral de la provincia de Colón fue presentado recientemente a la Asamblea Nacional, para su aprobación, por el ministro de la Presidencia. Se trata del proyecto de ley 1083, “que adopta el plan de desarrollo integral de la provincia de Colón y crea la Corporación para el Desarrollo Integral de Colón”.
Es incomprensible que el Estado, por un lado, este defendiendo la aprobación del contrato minero y, por el otro, cuestione a la minería por los daños al medio ambiente y a la ecología en general.
Con todas estas evidencias y otras falencias, el Ejecutivo debe pedirle a la Asamblea que devuelva el contrato minero para hacerle los cambios necesarios, con el fin de evitar un conflicto de inmensurables consecuencias económicas y sociales para el país.
El autor es empresario
