El viernes 9 de octubre, un sismo de magnitud superior a siete sacudió la península de Azuero desde un epicentro cercano a Tonosí, y el balance del Centro de Operaciones de Emergencia, por fortuna, no registró fallecidos ni desaparecidos. Los rascacielos de la capital se mecieron y no pasó nada; los puentes aguantaron y, por eso, los primeros comentarios fueron de alivio y hasta de orgullo por el trabajo de los profesionales idóneos que diseñaron y construyeron esas obras.
Ese orgullo tiene fundamento, pero las torres de iglesias que cayeron, las viviendas afectadas y los tramos de carretera que se partieron no estaban en la ciudad donde viven los ingenieros y donde se revisan los planos, sino en Azuero y en Veraguas, que cuentan con muy poco de todo eso. En esa diferencia hay una lección más importante que la resistencia de cualquier edificio.
Ciertamente, la distancia explica la mayor parte de lo ocurrido, porque en la capital el sismo se sintió con una intensidad cercana a los cinco grados y, en los alrededores del epicentro, con siete, así que ningún rascacielos de Punta Pacífica aprobó el viernes un examen que en realidad no presentó. La ciudad tiene, además, su propia falla, la de Pedro Miguel, y es esa falla, y no la de Azuero, la que algún día pondrá a prueba toda la capacidad técnica instalada del país. Lo que sí muestra el sismo es que esa capacidad de prevenir, de inspeccionar y de evaluar daños está repartida de manera muy desigual sobre el territorio, y que el reglamento estructural no corrige por sí solo esa desigualdad, porque rige igual en Tonosí que en Bella Vista y lo que cambia es quién está ahí para aplicarlo.
La norma es buena y conviene reconocerlo, porque, desde el código antisísmico de 1976 hasta el Reglamento para el Diseño Estructural Panameño de 2021, vigente desde abril de 2023, cada versión corrigió a la anterior. Tampoco faltan profesionales, porque el Censo de 2023 cuenta 4,822 personas que ejercen como ingenieros civiles y 3,771 como arquitectos y, si se suman las demás ramas de la ingeniería, el país queda con unos 32 ingenieros por cada diez mil habitantes, una proporción parecida a la del Reino Unido. Siendo así, el problema de Panamá no está en la cantidad de profesionales que forma, sino en el lugar donde esos profesionales terminan viviendo y trabajando.
El censo permite verlo con detalle. La provincia de Panamá reúne al 35% de la población del país, pero al 61 por ciento de sus ingenieros civiles y al 67% de sus arquitectos. Herrera, Los Santos y Veraguas, las tres provincias más golpeadas por el sismo, tienen el 12% de la población y el 8% de los ingenieros civiles. Esa distribución no es un capricho ni una falla de las universidades, porque los ingenieros se reparten por el país igual que el producto interno bruto y no igual que la gente: la provincia de Panamá genera el 60% del PIB y tiene el 61% de los ingenieros civiles, mientras que Azuero y Veraguas generan el 5% del PIB y tienen el 8% de los ingenieros.
Los profesionales van adonde está la economía que puede pagarlos, como haría cualquier mercado, y así la capacidad técnica de un territorio queda atada a su producto y no a sus casas ni a sus fallas. Con los albañiles pasa lo contrario, porque se reparten más o menos como la gente, de manera que, por cada ingeniero civil o arquitecto residente, hay tres albañiles y medio en la provincia de Panamá y doce en Azuero. Visto por distritos, casi uno de cada cuatro no tiene ningún ingeniero civil residente y la mitad tiene menos de cinco profesionales entre ingenieros y arquitectos. Tonosí, el distrito del epicentro, no tiene ningún ingeniero civil y tiene dos arquitectos para cerca de nueve mil habitantes.
El censo registra dónde viven los profesionales y no dónde ejercen, pero, donde no vive ninguno, la revisión del plano y la inspección de la obra dependen de que alguien viaje. Panamá tiene, además, un reglamento estructural, pero no un código de construcción; es decir, tiene una norma técnica para calcular las estructuras, pero ninguna ley que reúna en un solo cuerpo qué materiales pueden usarse, cuánto deben medir los espacios y quién inspecciona cada obra, en qué etapas y con qué consecuencias. Los municipios tampoco pueden suplir esa ausencia, porque muchos carecen de personal especializado y 71 de los 81 distritos no tienen un plan de ordenamiento vigente, de manera que la decisión de dónde se construye se toma en cada trámite por separado, sin una visión de conjunto del territorio ni de sus amenazas.
Queda una escala por debajo de la municipal, que es la del barrio y la familia, y es ahí donde se concentra el riesgo. El ingeniero Ramiro Vargas señaló hace poco en estas páginas que gran parte de la población vive en casas construidas sin supervisión técnica, y el censo permite ver dónde: en Tonosí, Mariato y Soná, una de cada cuatro o cinco viviendas tiene paredes de madera, quincha o zinc en lugar de bloque, lo que no dice cómo resistirán un sismo, pero sí que nadie las revisó; en los distritos de la comarca Ngäbe-Buglé, esa proporción alcanza ocho o nueve de cada diez viviendas. Se suele decir que quien construye así lo hace porque no quiere pagar a un idóneo, pero el censo muestra que el hogar mediano del distrito de Panamá dispone de unos 1,200 balboas al mes y el de Tonosí, de menos de 500.
Como los honorarios profesionales son los mismos en todo el país, el juego de planos de una casa sencilla cuesta en la capital dos o tres meses del ingreso de un hogar y, en Azuero, el doble o el triple, así que recomendarle a esa familia que no escoja al más barato sirve de poco. Sin embargo, el censo muestra también dónde está el recurso: en la comarca Ngäbe-Buglé, donde no aparece ni un solo arquitecto, viven 667 albañiles, y en Azuero y Veraguas, más de siete mil, que ya levantan las casas que los profesionales no diseñan ni inspeccionan. La capacidad técnica que falta en esos distritos no va a llegar primero como un ingeniero residente, sino como un albañil mejor formado. Para eso hacen falta manuales de construcción sismorresistente para viviendas de uno y dos pisos, escritos en el lenguaje de quien pone el bloque, y programas de formación y certificación de maestros de obra que partan de lo que ya saben.
Se puede argumentar que concentrar la capacidad técnica en la capital es lo eficiente, y en parte es verdad, porque un distrito de pocos miles de habitantes no necesita una Dirección de Obras como la capitalina, pero sí necesita que alguien con idoneidad revise sus planos, inspeccione sus obras y le diga dónde no se debe construir. Esa función se puede prestar con unidades técnicas compartidas entre municipios vecinos o con la asistencia regional del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Lo que no me parece aceptable es que la seguridad de una casa dependa de la riqueza del distrito donde se levanta. Si los profesionales van adonde está la economía, esperar a que la economía de Tonosí atraiga por sí sola a sus ingenieros es esperar algo que no va a ocurrir. El único que puede romper ese círculo es el gobierno central, que recauda sobre el producto de la capital y puede gastarlo donde el producto no alcanza.
Colón es la advertencia de que ni siquiera tener el producto en casa basta, porque, con el segundo PIB por habitante del país, tiene menos ingenieros civiles por habitante que Herrera, ya que el producto del Canal y de la Zona Libre pasa por la provincia sin quedarse en ella. No se trata de repartir fondos por igual entre los 81 municipios, sino de focalizar la inversión en capacidad técnica en los distritos donde ni el mercado ni el presupuesto municipal la van a producir. Esa inversión no es un gasto a fondo perdido, porque un municipio con técnicos propios tramita, inspecciona y recauda. La ley vigente ya dispone que el Ministerio de Vivienda capacitará a los municipios, pero añade que lo hará “en el marco de sus capacidades técnicas y financieras”, y esa salvedad deja la obligación en manos de la voluntad y del presupuesto de quien tiene que cumplirla.
El anteproyecto de ley 71, que reforma la Ley 6 de 1 de febrero de 2006, mejor conocida como la Ley de Urbanismo, atiende una parte del problema: no hace más resistente ningún edificio, pero convierte aquella obligación condicionada en un deber del Estado de garantizar el fortalecimiento técnico de los municipios (artículo 22-B), obliga a que la evaluación de cada plan mida la exposición a amenazas naturales (artículo 16-A) y permite revisar el plan después de un desastre sin esperar el plazo mínimo (artículo 16-B). Se le puede reprochar que llega hasta el municipio y no hasta la comunidad y, si el sismo deja una lección para esa reforma, es que esa última escala también tiene que quedar escrita.
En el ínterin, el Estado no tiene que inventar la red que hace falta, porque ya existe. La Universidad Tecnológica de Panamá, la Universidad de Panamá y la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos reúnen la mayor parte del conocimiento sísmico del país, y las tres tienen centros regionales y capítulos en Azuero, Veraguas y Chiriquí, a una o dos horas de los distritos afectados, con docentes y profesionales idóneos que conocen el suelo y las casas de su provincia mejor que cualquier brigada venida de la capital. Lo que falta es que el Estado contrate con ellos, con presupuesto y honorarios, la evaluación de las viviendas, las escuelas y las iglesias de Azuero y Veraguas, y no en forma de voluntariado.
Tampoco faltaría a quién contratar, porque uno de cada catorce profesionales del país está subempleado, y un programa así les daría trabajo en su oficio donde viven. Panamá es uno de los países más ricos de Hispanoamérica y no tiene excusa para pedirles a sus ingenieros que trabajen gratis donde el propio Estado no ha puesto a nadie, ni para mendigar ayuda a potencias extranjeras por daños que puede evaluar y reparar con su propio presupuesto.
El reglamento no viaja solo al interior del país y, si queremos que el próximo balance sea tan favorable como este cuando el epicentro esté en Pedro Miguel o vuelva a estar en Azuero, la capacidad técnica tendrá que estar ya instalada donde se necesita, y alguien tendrá que pagarla. Que esa capacidad existe no hay que demostrarlo, porque el viernes la demostraron las torres, los puentes y los pasos elevados de la capital que se mecieron y quedaron en pie; lo que el país todavía no ha hecho es llevarla adonde las casas se construyen sin ella.
El autor es arquitecto y urbanista.
