Dos leyes permiten titular tierras nacionales. Aunque los pasos son pocos, la burocrática Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) provoca que los trámites tomen décadas.
Para solicitar la compra a la nación, se deben presentar ciertos requisitos junto a un plano de la finca a titular. Anati recibe los documentos e inicia el proceso. El plano pasa a la Dirección de Mensura, donde puede permanecer varios años antes de ser revisado. Luego, agrimensores de Anati deben verificar los puntos en el terreno y aprobar el plano. En mi caso, inicié trámites en 2009, pero no fue hasta 2014 que aprobaron mis planos. Pueden pasar 5, 10 años o más sin que se realicen los traslapes de planos, manteniendo a los solicitantes en la incertidumbre. Hay múltiples casos de personas que presentan solicitudes de compra y, años después, se les informa que hay traslape y no pueden titular.
Otra grave irregularidad es que Anati no hace traslapes entre la Ley 37 de 1962 y la Ley 80 de 2009. Se han dado casos en los que la misma tierra es titulada bajo ambas leyes sin que nadie tome medidas para corregirlo.
Después de la aprobación de los planos, sigue la publicación de edictos y la obtención del visto bueno del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot). Este trámite puede tomar varios años. En mi caso, Anati demoró 4 años en entregarme los documentos para la publicación de edictos. Mis edictos fueron publicados en 2018, lo que significa que pasaron 9 años solo para completar este segundo paso.
El tercer paso es la determinación del valor de la tierra a pagar. Estamos en 2025 y aún no me han informado el monto. Han pasado 7 años desde la publicación de los edictos sin respuesta alguna. Bajo la Ley 80, el valor puede ser elevado; en Chepo, oscila entre $15,000 y $30,000 por hectárea, cifras irreales para actividades agropecuarias. En cambio, bajo la Ley 37, el valor más alto es de $420 por hectárea y el más bajo de $6 por hectárea. Sin influencia política, es poco probable obtener el valor más bajo.
Por estas razones, hay titulaciones de Anati que tardan 20, 30 años o más. Algunos solicitantes incluso fallecen antes de obtener su título. Esta lentitud provoca invasiones de tierras y otras problemáticas. En mi caso, sufrí una invasión en 2018, y el desalojo tomó casi 5 años. Solicité el cierre de los expedientes de los invasores, pero Anati lleva más de 3 años sin resolver. A pesar de que los juzgados y la Corte Suprema de Justicia han fallado a mi favor en cada instancia legal, los invasores siguen intentando apropiarse de la finca debido a la demora de Anati en titular. Incluso he recibido amenazas de muerte.
Otro serio problema de Anati es la constante rotación de funcionarios con cada cambio de gobierno. En algunas direcciones, solo 1 o 2 empleados con experiencia permanecen en sus cargos. Los nuevos funcionarios tardan hasta 2 años en familiarizarse con los expedientes. Además, cada tramitante puede manejar más de 3,000 expedientes y debe atender al público mientras trabaja en los casos que sus superiores priorizan. Es humanamente imposible gestionar tal cantidad de expedientes, lo que retrasa aún más las titulaciones.
Por otro lado, quienes tienen conexiones políticas pueden titular en pocos meses o incluso semanas. Conozco un caso en el que una titulación se resolvió en plena pandemia, cuando el gobierno estaba cerrado, en menos de 24 meses. Mientras tanto, mis vecinos y yo llevamos más de 20 años tratando de titular sin éxito.
Es urgente modificar la ley y establecer límites a los trámites. Cada paso debería tener un plazo máximo de 12 a 15 meses, de manera que una finca pueda titularse en menos de 4 años. En mi caso, inicié el proceso en 2009 y, en 2025, aún no tengo el valor a pagar. Han pasado 16 años y este calvario no tiene fin.
El autor es economista y MBA. Productor ganadero desde 2001.
