Panamá vive una paradoja peligrosamente inquietante. Nuestro gobierno se jacta de ser empresarial, defensor de la eficiencia y la inversión, pero sus acciones muestran lo contrario: debilitan instituciones, destruyen capital humano y generan desconfianza. Un “buen negocio”, como lo entendería aquel otro gobierno dizque empresarial liderado por Trump. Pero aquí, Mulino se enorgullece de no negociar con las personas a las que representa.
El anuncio del cierre del Ministerio de la Mujer confirma lo poco empresarial que es este gobierno. Esta institución trabajaba para reducir brechas de género, atender casos de violencia y apoyar a las mujeres en sectores donde ya están insertas, pero en condiciones desiguales, como la manufactura de moda o la economía informal. Degradarla a secretaría bajo el Ministerio de Desarrollo Social no es hacer eficiente el Estado: es desmantelar capacidades. Es dejar de invertir en un grupo que contribuye al desarrollo económico del país por partida doble: desde sus trabajos remunerados y –por la desigual distribución de las tareas de cuidado entre hombres y mujeres– desde sus hogares.
La amenaza de cerrar el Suntracs, uno de los pocos actores que históricamente ha equilibrado el poder empresarial en el país, demuestra el escaso aprecio por instituciones claves del capitalismo. Cualquier empresario sabe que la época dorada del sistema económico mundial, entre 1950 y 1970, fue en parte resultado de sindicatos fuertes y de una mayor representación de los trabajadores en decisiones estratégicas. Los sindicatos son esenciales para la estabilidad, la productividad y la paz social. Pero el mal llamado gobierno empresarial busca debilitar aún más al sector laboral. Según datos de la OIT, la cobertura real de negociación colectiva en Panamá está por debajo del 5%. Para ponerlo en contexto: Chile, bastión del liberalismo económico, registró 21% en 2018, y México, 10%. Esto significa que, aunque existen sindicatos, su capacidad real de negociar condiciones laborales es extremadamente limitada. Es el resultado de más de 30 años de demonización de una institución clave para la economía. Así, muy pocos trabajadores están amparados por acuerdos que garanticen condiciones justas. El resultado: un reparto desigual del ingreso, con alrededor del 30% del PIB destinado a salarios, una de las proporciones más bajas de la región. Y cualquier empresario sabe que, sin consumidores con poder adquisitivo, no hay mercado interno que sostenga crecimiento ni inversión a largo plazo.
Los inversionistas, dentro y fuera del país, observan a un gobierno enfocado en destruir instituciones. Aún peor: ven un país que insiste en operar a ciegas, sin datos, sin estudios, sin evidencia. Es imposible realizar análisis económicos serios en Panamá cuando el INEC y el MEF publican indicadores de empleo, PIB, pronósticos de productividad y cifras de desigualdad con retrasos de un año o más. Es antiempresarial insistir en que la inversión en investigación científica es un lujo, cuando en realidad es una necesidad para el desarrollo.
Cuando se eliminan los canales formales de diálogo (ministerios, sindicatos, negociaciones colectivas, investigaciones sociales), lo que queda es el conflicto en la calle. La manera más eficiente de detener marchas, paros y huelgas no es con violencia institucional ejecutada por quienes dicen actuar “por Dios y por la Patria”. Estas protestas cesarán cuando reforcemos los espacios de negociación social: fortaleciendo sindicatos, garantizando la representación efectiva de las mujeres y valorando la contribución de las universidades y la investigación científica. Porque –vale la pena repetirlo– un buen negocio negocia tanto con quienes piensan igual como con quienes piensan distinto.
El autor es economista y miembro del Sistema Nacional de Investigación.
