La demolición del Monumento Chino en el mirador del Puente de las Américas no fue otra cosa que una perversidad encubierta y no tuvo como objetivo real acciones preventivas, sino que tiene toda la apariencia de responder a intereses ocultos y dañinos. El acto arbitrario de demolición se realizó la noche del 27 de diciembre, como una acción sorpresiva, sin ningún tipo de aviso ni negociación, por lo que queda claro que se sabía que las malévolas intenciones seguían un plan de acción debidamente trazado.
Según la responsable de este atentado cultural, “todo se hizo con la legalidad debida”, frase utilizada no para reconocer la perversidad encubierta, sino como una pantalla para justificar comportamientos cuestionables y perjudiciales. ¿Será que dicho personaje estaba buscando notoriedad y quería cerrar el año viejo con algo más impactante que los pirotécnicos? Es muy probable que su imagen se popularice en los muñecos del Año Viejo, que se queman el 31 de diciembre para convertir en cenizas los actos malos, como es la tradición panameña. Ojalá veamos cientos de estos muñecos ardiendo en todo el país.
Este atentado contra el bienestar de la nación e insulto a una comunidad que desde el nacimiento de la República ha estado contribuyendo culturalmente, que participó en la construcción del Canal, que se mantiene activa en sus actos y en la preservación de su cultura, requiere un análisis crítico de las verdaderas intenciones, ya que está muy lejos de promover el bienestar colectivo y parece ser solo una fachada con objetivos menos nobles.
Reflexionando un poco, es muy difícil creer que este personaje haya tomado estas acciones por cuenta propia y que, además, asuma plenamente toda la responsabilidad que conlleva este acto ignominioso. ¿De quién será la mano que mece esta cuna? ¿Será que le ofrecieron una “visa dorada”? Si otro de los objetivos era desestabilizar al Ejecutivo, creando una nueva situación internacional con China, esto se suma al reciente viaje a Taiwán realizado por legisladores disidentes. Señor presidente, cada día lo están retando con mayor frecuencia.
Como era de esperarse, el Ejecutivo, en un comunicado oficial, indicó claramente que no compartía el procedimiento utilizado para la demolición, “el cual se realizó en horas nocturnas, sin aviso previo y sin comunicación con los sectores involucrados”. O sea, como se dice en buen panameño, “se fue jaqueando por fuera y sin frenos”. La reacción inmediata del Gobierno fue anunciar la reconstrucción del monumento en su sitio actual, en coordinación con la Comunidad China Panameña y el Ministerio de Cultura, con el compromiso de preservar los derechos culturales.
Este incidente no puede terminar así, con la reconstrucción del monumento y nada más. Esta funcionaria debe recibir un castigo ejemplar equivalente al daño causado, ya que el mismo se realizó con toda la planificación y alevosía del caso. El daño tiene un componente económico, que serían los gastos de reconstrucción del monumento y su adecuación a su estado original, los cuales deben salir del peculio de la causante. El segundo componente es el daño intangible, económicamente irreparable, que no es otro que la ofensa a la comunidad chino-panameña, al herir profundamente sus sentimientos. En la cultura oriental, el arrepentimiento y el pedir perdón público por las ofensas cometidas sería una muestra de reparación del daño causado.
¿Será que veremos a la que ofende de rodillas, en una plaza en Arraiján, pidiendo públicamente perdón por sus actos y ofensas? El hecho de que renuncie a su posición no cambia la naturaleza humana de la persona, ni que pague de su peculio los gastos de reconstrucción constituye un castigo equivalente a los daños físicos y morales causados, por lo que se hace imprescindible que las sanciones conlleven mayor severidad. Sin perdón ni arrepentimiento no hay reparación de la ofensa. Esta ha sido una herida profunda que los panameños no compartimos, por lo que también debe arrepentirse y pedir perdón a toda la ciudadanía.
Actualmente se le sigue un proceso de revocatoria de mandato iniciado por miembros de su comunidad, el cual ha avanzado de forma incipiente, pues se han recolectado 2,488 firmas de las 57,465 necesarias. La fecha tope para obtener firmas es el 15 de enero de 2026. El tiempo es corto y el camino largo, por lo que los ciudadanos de Arraiján deben pisar el acelerador y recolectar las más de 55,000 firmas que hacen falta.
Independientemente del resultado de la revocatoria —que sería más un trámite y una expresión de descontento y rechazo a su desempeño—, quiero apelar a su dignidad para que repare su ofensa ante la comunidad chino-panameña y ante todos los panameños que hemos quedado sorprendidos por tan bajo golpe proveniente de la escoria humana.
Sin perdón ni arrepentimiento no hay reparación de la ofensa, y el castigo debe ser proporcional al daño causado.
El autor es ciudadano.
