“Desde su origen en la Ley 51, el SEBD (Sistema Exclusivo de Beneficio Definido o Sistema Solidario) se diseñó como una población cerrada”. [Informe de la OIT, citado por Argote, Felipe, 2024, p. 145]
Esta infamia, junto con otras que mencionaré, constituye la génesis de la indolencia de los sucesivos gobiernos, responsables directos —por comisión u omisión— de la situación que hoy atraviesa el SEBD o programa solidario de la Caja del Seguro Social.
El esperpento jurídico y financiero que es hoy el programa denominado Sistema Exclusivo de Beneficio Definido (SEBD), popularmente conocido como “sistema solidario de pensiones de la CSS”, fue diseñado mediante la Ley 51 de 2005, “Orgánica de la CSS”, en el nefasto gobierno de Martín Torrijos Espino, acertadamente identificado por Don Eladio como el gobierno del “muñeco que pasea” y, por un expresidente de la República, como el mandato de los que “entran limpios y salen millonarios” o el mandato durante el cual se construyó —según el populacho— “la cinta coimera”.
El informe de la OIT evidencia la maldad concebida en el gobierno del “hijo del general” al dividir el sistema de pensiones en dos subsistemas: el solidario o SEBD y el sistema mixto, con un componente solidario y otro individual. En 2008, se cerraron las cotizaciones al sistema solidario, de modo que los trabajadores que en 2005 tenían 35 años o menos solo cotizarían, de ahí en adelante, en el sistema mixto o de cuentas individuales.
Sin embargo, la irresponsabilidad hacia los trabajadores que ingresaron a ese perverso y mezquino sistema y que aún no se han jubilado —y que, si no se retorna al sistema solidario, recibirán una magra jubilación menor a la mitad de lo que hoy reciben los adultos mayores jubilados— continuó en los gobiernos subsiguientes de la plutocracia corrupta y clientelista (Martinelli, Varela y Cortizo).
En efecto, contradiciendo o incumpliendo las disposiciones de la Ley 51 de 2005, durante los últimos quince años se permitió que la administración de la CSS no depositara la parte correspondiente del sistema mixto en el programa solidario. En su lugar, “dejaron esos fondos sin sentido en el sistema mixto”, generando aparentes niveles de fondos ficticios; por ejemplo, el sistema mixto presenta un superávit de más de 6,000 millones de dólares, mientras que el programa SEBD está deficitario.
Además, en este período, los gobiernos de la oligarquía han evitado ratificar los convenios de la OIT sobre seguridad social.
En síntesis, a pesar de que Panamá es uno de los tres países con mayor ingreso per cápita en la región latinoamericana, con cerca de 17,000 balboas anuales y considerado de ingresos altos, solo destina la miserable fracción de 0.3% del PIB a contribuciones para las jubilaciones.
El estudio de la OIT, citado por el profesor Argote, “sentencia que establecer un programa de pensión universal de vejez costaría tan solo entre el 1% y el 1.2% del PIB”.
En consecuencia, las medidas paramétricas anunciadas por el presidente de la República y el director de la CSS son “vagabunderías” que buscan evadir la responsabilidad gubernamental y descargar la crisis de la seguridad social sobre los pobres y los trabajadores, ofreciéndoles a cambio pensiones de hambre.
¡Así de sencilla es la cosa!
El autor es abogado y analista político.
