¡Panamá sintió que la tierra tembló! Fue un sismo somero, lejos de la capital; el Canal siguió operando con normalidad. ¡Gracias a Dios!

No puede pasar desapercibido mi orgullo por los colegas ingenieros estructurales panameños, pero también por los capataces, reforzadores, albañiles y ayudantes, que son quienes ejecutan las obras en el terreno. Pero hay una pregunta que todos deberíamos hacernos: ¿qué hubiera pasado si ese sismo, con igual magnitud e intensidad, hubiera ocurrido en otra falla, más cerca del principal centro urbano?

Panamá convive con fallas activas que no están en el interior rural, sino bajo su corazón logístico e institucional. La falla de Pedro Miguel corre en paralelo al Canal, entre las esclusas de Pedro Miguel y Miraflores, y podría generar un sismo a pocos kilómetros de la capital, donde vive cerca del 50 % de la población. En 1621, un terremoto asociado a esa zona dañó seriamente lo que hoy es Panamá Viejo; esto es parte de nuestra historia, está allí.

La ampliación del Canal se diseñó con esto en mente: hay sismógrafos y acelerómetros en la cuenca, y la presa Borinquen puede absorber el desplazamiento que se espera de la falla de Pedro Miguel y seguir operativa. Pero ahí está la trampa de pensar que el Canal, por extensión, está resuelto: la resiliencia es un atributo de ciertos eslabones de la cadena, no del sistema completo. El reglamento estructural exige resistir entre seis y siete veces la aceleración que realmente se sintió en el sismo reciente, pero no se aplica de forma pareja a toda la infraestructura que depende de él.

La pregunta “¿estamos preparados?" está mal formulada. Ningún código sismorresistente diseña contra el peor sismo posible; diseña contra una probabilidad de excedencia definida de antemano. El estándar en Panamá para una edificación ordinaria (Categoría II según la ASCE), con base en los códigos estadounidenses, corresponde a un período de retorno de 475 años, con un 10 % de probabilidad de excedencia en 50 años; para la infraestructura esencial —hospitales, presas, subestaciones, plantas de agua, puentes—, el umbral es otro, cercano a 2,500 años, deliberadamente más exigente para lo que no puede fallar. Pero no nos equivoquemos: los diseños no son para que no se dañen, son para que no colapsen. La preparación no es un estado que se alcanza y se cierra, es una decisión de diseño sobre cuánta probabilidad de falla aceptamos, tomada con los números delante, con base científica, estudios estadísticos y ensayos de laboratorio. Un buen ejemplo de esta pregunta es la hidroeléctrica de Fortuna, con sus inspecciones y mantenimientos mayores cada quince años, que incluyen la integridad estructural de la caverna de generación, el túnel y la tubería de presión: ¿ese ritmo incorpora explícitamente el riesgo sísmico, o solo el desgaste mecánico?

Naciones Unidas estima que cada dólar en prevención sísmica puede ahorrar hasta quince en reconstrucción; en Chile, un peso en mitigación ahorra seis. Pero reforzar algo ya construido es un gasto que nadie asume voluntariamente, y para un inversionista privado no tiene sentido económico salvo que él mismo vaya a operar esa obra durante décadas. El Canal sí tiene ese incentivo: no solo le interesa el riesgo, es su obligación, dado el impacto de una falla sobre el país. Un hotel o un condominio privados no cargan con esa obligación, y ahí la lógica económica y la de seguridad pública se separan.

Y está la pregunta más incómoda: ¿quién fiscaliza que lo que se construye se construya bien? Panamá tiene un reglamento actualizado en 1984, 1994, 2004, 2014 y 2021, y aun así hay dos huecos que venimos cargando desde hace años. El primero: el código sí contempla el detalle constructivo de la vivienda pequeña, pero esos planos viven en un documento técnico que una familia de escasos recursos en zona rural jamás va a consultar, porque construye sin ingeniero y sin permiso. La norma existe, pero no siempre llega a donde más se necesita. El segundo es más grave, porque no es de alcance sino de voluntad: hemos visto colapsar estructuras que sí tuvieron ingeniería, no la casita informal, sino hoteles. Ahí la pregunta no es si existía el diseño, sino qué pasó con la inspección durante la obra, que en Panamá no es obligatoria. Los permisos los otorgan los municipios, y varios, sobre todo en el interior, carecen de ingenieros propios para supervisar las obras. Los edificios de antes de 1984 merecen mención aparte: nunca fueron diseñados contra un estándar que entonces no existía, y Panamá ni siquiera sabe cuántos de esos activos esenciales nunca han sido evaluados.

El terremoto de Turquía de 2023 muestra qué pasa cuando esta fiscalización falla: dejó más de 59,000 muertos entre ese país y Siria, con más de 75,000 edificios de la zona que habían recibido amnistías de construcción, a pesar de que Turquía tenía uno de los reglamentos sísmicos más completos del mundo. La norma estaba. La fiscalización no.

Y el punto final: la cultura de mantenimiento estructural en América Latina sigue siendo reactiva, no preventiva. Se invierte en construir, rara vez se presupuesta el refuerzo de lo ya construido, y las pérdidas regionales por desastres se duplican cada década. Posponer la prevención no es neutral, es matemáticamente más caro cada año que pasa.

Soy panameño, ingeniero civil estructural de formación, y como dije al inicio, estoy muy orgulloso y aliviado de que el conteo de víctimas haya sido bajo, con todo el respeto y el pesar que causa tener una sola. Y es precisamente desde esa primera víctima que a todos los involucrados en la construcción nos debe pesar por igual: a la parte social (ingenieros, arquitectos, personal de obra) y a la parte institucional (municipios, inspectores). Como siempre digo, es una responsabilidad compartida entre quienes construimos con conciencia social y quienes fiscalizan con criterio institucional. Escribo esto no para generar miedo, sino conciencia: ningún país diseña contra la certeza absoluta, solo contra un umbral de probabilidad que alguien decidió aceptar. Y hay algo humano que no debemos perder de vista: el miedo y la incertidumbre de la gente afectada merecen tanta atención como el concreto y el acero. Lo que sí podemos exigir es que el período de retorno fijado en el papel para cada activo crítico sea el que de verdad se construye, se inspecciona y se mantiene en el terreno. El sismo reciente fue una advertencia amable. No sabemos si la próxima lo será.

El autor es ingeniero civil estructural.