Se fue Chiquita Panamá, raudo y veloz, ante la masa embrutecida, esa que se deja llevar por líderes que no piensan con la razón, sino con la fiereza.
Miles de trabajadores bocatoreños han quedado en la calle, mientras los otros grupos que los apoyaban en su ilegal huelga cerraban vías y detenían el tráfico en perjuicio de quienes supuestamente defendían, con la absurda intención de derogar la Ley 462. Ahora se han quedado sin nada, en una provincia que se derrite en la pobreza, frente a la destrucción masiva de estructuras públicas y privadas. Negocios y empresas pequeñas de emprendedores y empresarios bocatoreños están hoy en la penumbra y en medio de una creciente incertidumbre, en una provincia olvidada y sin la capacidad de elegir electoralmente a los mejores; todo lo contrario.
De parte de las autoridades, si hubo algo que me sorprendió fue su reacción tardía frente al pillaje. Con un aparente miedo a crear mártires, lo cual demostraría una limitada eficacia y eficiencia en el llamamiento al orden. Y cuando llegan, en medio de su presencia, se produce el paradójico saqueo. Incoherencia, no porque el asalto lo realizaran forajidos, sino porque se da justo después de llegar la tropa.
No está clara la supuesta participación de las autoridades del orden en actos violatorios a los derechos humanos, pero eso está en investigación y se tendrá que esclarecer. Porque, independientemente de la ilicitud de los hechos, estos se confrontan con firmeza, pero dentro de lo que permite la legalidad y al margen del daño físico o mental de los manifestantes, por más extrema y fuera de la ley que fuese su actuación.
Del otro lado, hay maneras de confrontar un gobierno cuyas decisiones no compartimos. Y la forma de hacerlo es dentro del debido proceso y respeto ciudadano, sin afectar los derechos de terceros ni crear desconfianza para la inversión y el ejercicio laboral, donde no cabe el odio visceral, ni siquiera por la ignorancia de aquel que, ante la falta de estudio, se cree la primera y siguientes mentiras que le dicen.
El camino es largo ante la crisis de legitimidad, de representatividad y de credibilidad, no solo del ciudadano hacia los gobiernos, sino de los panameños entre sí. Crisis heredada por el presidente Mulino que, si bien está en el piso de las encuestas por aparentes indicios de autoritarismo, ha tomado decisiones importantes y necesarias cuyo costo político era previsible. Precio que es insignificante frente a los beneficios que, a mayor plazo, pueden representar frutos importantes y positivos para la nación.
Que quede claro que no soy gobierno ni “apoyo abiertamente al presidente”, según dijo con “tristeza” y públicamente un conocido ciudadano. Pero, desde los predios de una oposición responsable, esperaré, para una mejor medición, la foto final del 2025 respecto a los resultados del tamaño del déficit fiscal, el desempleo, la informalidad, la deuda pública, los ingresos y gastos corrientes, la relación deuda/PIB, el comportamiento del presupuesto, los subsidios, intereses de deuda, las exoneraciones e incentivos, el crecimiento económico, la planilla y tantas variables sobre las cuales mediremos si el gobierno ha ejercido una debida diligencia y contención, o lo delatará su falta de toma de decisiones.
Nos queda esperar los resultados macroeconómicos de este primer año completo de Mulino, para valorar más objetivamente su gestión; pero, sobre todo, entender el fundamento de un segundo presupuesto tan abultado, tan forzado y tan artificial, frente a las enmarañadas trampas institucionales que sugieren las leyes especiales, jubilaciones especiales, planillas especiales y demás especialidades que, en lugar de un desarrollo sostenible, multiplican esa holganza generalizada que aniquila el carácter, anula el porvenir, debilita la democracia y arruina al Estado.
El autor es abogado.
