Cuando escribí en este diario “La reforma que el país necesita” en junio pasado, compartí la convicción de que Panamá debía dar un paso decisivo hacia la profesionalización de su servicio público. Entonces, la idea de una nueva Ley de Carrera Administrativa era apenas un borrador discutido y entregado al Ejecutivo luego de seis mesas de trabajo. Hoy, ese borrador se ha convertido en un proyecto oficial que el Ejecutivo ha remitido a la Asamblea.
Ver este avance me llena de satisfacción, pero también de un profundo sentido de responsabilidad. Recuerdo cuando, durante mi maestría en Administración Pública y Gobierno en el Instituto Universitario Ortega y Gasset, el profesor Rafael Jiménez Asensio explicaba el marco conceptual de las carreras profesionales en el sector público. En ese momento “se me encendió el foco”: entendí que la vía más efectiva para profesionalizar el Estado y reducir tanto los nombramientos políticos como la utilización clientelista de los recursos era consolidar una verdadera carrera administrativa, capaz de garantizar servicios públicos de calidad.
Al trasladar esa reflexión a la realidad panameña, salta a la vista un problema central: la Dirección General de Carrera Administrativa depende del Ministerio de la Presidencia, lo que limita su autonomía y la expone a presiones políticas. Por eso celebro que el Ejecutivo haya acogido el núcleo de nuestra propuesta: la creación del Instituto Nacional de Administración Pública, un ente autónomo y técnico que reemplazará a la actual Dirección. No se trata de un simple cambio de nombre, sino de un paso decisivo para blindar el servicio civil del clientelismo y avanzar hacia una verdadera profesionalización del Estado.
Este instituto será el garante de los concursos públicos y de la evaluación anual obligatoria de desempeño de todo funcionario, corrigiendo décadas de discrecionalidad y nombramientos políticos. Para dimensionar el reto: de los más de 260,000 funcionarios del sector público, solo 13,086 pertenecen a la Carrera Administrativa, y son los únicos sujetos a evaluación obligatoria. El Estado panameño necesita funcionarios que lleguen por capacidad, no por favores.
Ahora la responsabilidad recae en la Asamblea Nacional, que deberá debatir, enriquecer y aprobar el proyecto. La sociedad civil, los gremios y los propios funcionarios de carrera deben vigilar que el texto conserve su espíritu: autonomía, concursos y evaluación.
El camino no estará libre de obstáculos. Persisten sectores que se benefician de las viejas prácticas clientelistas y buscan perpetuar sus feudos políticos, incluso a costa del interés nacional. Pero el país no puede seguir atrapado en esas redes: requiere instituciones sólidas, reglas claras y un servicio civil basado en mérito. Apostar por esta reforma es apostar por un Estado que planifique a largo plazo, que gaste con responsabilidad y que devuelva confianza a la ciudadanía.
Por eso, mi compromiso en la vida pública no responde a triunfos momentáneos ni a cálculos electorales. Lo asumí para impulsar transformaciones que perduren más allá de mi generación. Esta reforma no es un simple cambio legal: es la oportunidad de demostrar que Panamá puede romper con el clientelismo y construir instituciones que sirvan, de verdad, a su gente. Es pensar con visión de Estado.
El autor es diputado independiente por el circuito 8-4 (2024-2029).
