Hans Kelsen, en su obra De la esencia y valor de la democracia, observa que la representación del pueblo se encuentra en todas las democracias modernas fundada sobre una distribución del trabajo que exige un poder limitado y controlado por los representados. La extensión del poder político debe ser interpretado restrictivamente, a fin de evitar abusos y arbitrariedades que perjudiquen la libertad.
Para que el pueblo sea libre, no es suficiente que de tiempo en tiempo hagamos elecciones; es necesario que el gobierno que se elija sea vigilado, controlado y sancionado, anulando los actos ilegales y separándolo del poder si su política es contraria a los intereses nacionales, como nos lo señala la profesora Marie-Anne Cohendet (Droit constitutionnel – Sorbonne).
El control de los actos del gobierno se debe realizar a nivel de la conformidad de sus actos al derecho y del control político de los mismos. Este último consiste, en democracia, en verificar que los actos del gobierno sean justos, oportunos, deseables y equilibrados. Por lo tanto, la responsabilidad política del gobierno puede ser exigida, sin estar condicionada a la responsabilidad civil o penal que pudiera existir, en la medida que se juzgan sus actos como contrarios a la Constitución o que no corresponden al interés ciudadano.
Este control que debe ejercerse sobre los representantes políticos puede llevar, por consiguiente, a descartar del poder a los responsables políticos, anticipando el fin de su mandato, por la falta cometida, algo a lo que evidentemente se oponen. Esta es una manifestación del poder soberano del pueblo que puede exigir la responsabilidad política de sus representantes y decidir la terminación anticipada de los períodos para los que han sido electos, por la pérdida de confianza en ellos.
La responsabilidad política de nuestro Gobierno y otros funcionarios se ha configurado, al haber incurrido en actos u omisiones graves en perjuicio del interés colectivo fundamental, despilfarrando la riqueza nacional, por haber generado un excesivo endeudamiento injustificado y por no haber propuesto ni desarrollado políticas públicas que resuelvan los problemas del país. La responsabilidad política responde a las decisiones clientelistas adoptadas por el Gobierno y por algunos de los funcionarios electos.
En nuestro país, el Gobierno y sus diputados en la Asamblea Nacional han aprobado la Ley 406 sobre el contrato minero, un hecho multitudinariamente rechazado por la nación que ha generado una de las mayores huelgas y demostraciones de rechazo que se recuerden en los últimos 30 años. Tal rechazo implica también un rechazo mayor que debería comprometer, al menos, la responsabilidad política del Gobierno, al haber perdido la confianza nacional.
Sin embargo, hemos visto cómo la reacción gubernamental, lejos de asumir su responsabilidad política, va dirigida a aferrarse al poder, ejecutando planes de escape de la crisis, sin presentar, al menos, una depuración de su gabinete, manteniendo a sus ministros.
El gobierno, deslegitimado en las calles, que no genera confianza ni en la clase empresarial que lo sostiene, es incapaz de proponer un plan de salida de la crisis que se extiende ni una renovación de las estructuras políticas del país, cuyo detonante ha sido el contrato minero, que ha mostrado la cara abierta de la regresión social en que nos encontramos, donde las desigualdades y la fractura social se acrecientan, generando malestar, pobreza y resentimientos.
Lamentablemente, nuestro gobierno, electoralmente minoritario, se ha creído propietario y con dominio, siendo incapaz incluso de consultar con la oposición política, con los gremios que protestan, con la ciudadanía, haciendo ver que nuestro país es solo una democracia electoral. No tenemos un gobierno, sino una alianza de intereses que se ha apoderado del Estado y que no lo desea soltar y que manipula y se retuerce y se estira, pero que no se rompe, siendo su único interés el poder y los beneficios que de él se derivan, creyéndose absolutamente irresponsable.
Pretender capear el temporal esperando que el movimiento se desgaste y que las aguas vuelvan a su nivel es desconocer la voluntad popular, siendo una forma de eludir su responsabilidad política, a pesar de su ilegitimidad y la desconfianza que cada acto que realizan despierta.
El autor es abogado
