En la antigua Grecia, considerada la cuna de la democracia, los llamados “ciudadanos” tenían el derecho de elegir por votación a sus gobernantes y también el derecho de destituirlos si no cumplían con los fines para los cuales habían sido escogidos. Es más, los funcionarios destituidos de sus cargos mediante la acción del voto ciudadano no podían ejercer ningún otro cargo público y, en muchos casos, eran desterrados (ostracismo) por ser considerados un peligro para la sociedad.
Con el tiempo, muchos países adoptaron la democracia como modelo ideal para escoger a sus gobernantes. Sin embargo, el mecanismo de participación ciudadana se limitaba exclusivamente al día del sufragio. Luego de esto, los funcionarios elegidos podían actuar bien o mal sin que su gestión se viera afectada por la figura de la revocatoria de mandato, una herramienta legítima en una sociedad inconforme.
En muchos países del mundo existe la figura de la revocatoria de mandato como un derecho político de los ciudadanos para dar por terminada la gestión de gobernadores y alcaldes que no cumplen con lo prometido en campaña o que muestran algún nivel de incapacidad o ineficiencia en sus funciones públicas.
En la Ley 134 de 1994 de la República de Colombia, se establece en su artículo 6 que la revocatoria de mandato “es un derecho político por medio del cual los ciudadanos dan por terminado el mandato conferido a un gobernador o a un alcalde”. Además, estipula que, luego de efectuarse dicha revocatoria, “se convocarán elecciones de mandatario dentro de los meses siguientes”.
En nuestra vecina Costa Rica, conocida por muchos como la “Suiza de América” por su alto nivel de participación ciudadana, donde incluso se han juzgado y sentenciado a prisión a varios expresidentes, se contempla en su ley electoral la revocatoria de mandato como “el procedimiento mediante el cual los ciudadanos pueden destituir, mediante votación, a un funcionario público”.
Desgraciadamente, en Panamá, donde impera una democracia restringida y en la que la última palabra la tienen los partidos políticos (partidocracia), la figura de la revocatoria de mandato ha sido intencionalmente opacada con un manto de invisibilidad, precisamente para robustecer las acciones de funcionarios electos con el voto popular, pero que luego actúan a su antojo.
Recientemente, un abogado panameño propuso una iniciativa de recolección de firmas para que, una vez alcanzada la exigencia del Tribunal Electoral, se pueda destituir al alcalde capitalino por las incapacidades manifiestas en su gestión. Sin embargo, los enemigos de la democracia incluyente, empezando por los representantes afines al alcalde, convocaron una manifestación en la que, a todas luces, estaban presentes colaboradores del municipio y personas que han recibido ayudas de los ediles.
Algunos medios de comunicación locales también han lanzado “dardos sutiles” contra el abogado gestor de la revocatoria de mandato, argumentando una serie de teorías conspirativas que, como siempre, surgen de aquellos que buscan ocultar la verdad y seguir defendiendo un sistema democrático carcomido por la corrupción de décadas.
Es posible que muchos se hagan los “desentendidos” o sean indiferentes ante esta coyuntura, en la que se invoca una legítima participación ciudadana. Pero si este proceso llega a cristalizarse, Panamá habrá dado un gran paso hacia la construcción de una democracia más integral y participativa. De lo contrario, seguiremos en el mismo círculo vicioso donde las leyes siguen protegiendo a los “intocables” e incapaces que se han colado producto de la ignorancia en un esquema de elección mal llamado “democracia”.
El autor es sociólogo y docente.
