Históricamente, entre todas las ramas que componen el aparato del Estado, el Ejecutivo es el órgano dotado de mayor autoridad y libertad para actuar a sus anchas. Si bien esto puede tener diversas justificaciones, entre ellas la responsabilidad gubernamental de gestionar con rapidez las emergencias que surgen en la población, la verdad es que desde la ciudadanía carecemos de la costumbre política de utilizar los mecanismos de fiscalización que nos otorga la ley. En ese sentido, fue sorpresa para muchos cuando a inicios de este año, se presentó una solicitud de revocatoria de mandato contra el alcalde de la capital, la cual -acogida por el Tribunal Electoral- dio paso a la recolección de 198,920 firmas, las cuales tienen fecha límite de presentación el 18 de agosto de 2022. De reunirse suficientes firmas se convocaría un referéndum, buscando decidir si el alcalde es removido de su cargo o no. No obstante, los datos que semanalmente provee el Tribunal Electoral indican que a la fecha no se ha acumulado ni el 20% de las firmas requeridas. ¿Significa esto que la población está conforme con el mandato del alcalde? ¿Es posible que se haya sobreestimado el descontento de la ciudadanía respecto a su gestión?
La respuesta parece no ser tan sencilla. Previo al inicio del periodo de recolección de firmas y casi a lo largo de toda su gestión, un significativo porcentaje de la población civil se ha mostrado insatisfecha con la labor del alcalde. En ese orden de ideas, los promotores basan su solicitud en una deficiente gestión alcaldicia donde impera el amiguismo y los gastos innecesarios. No obstante, la mayor parte de las demostraciones de ese sentimiento colectivo surgen a través de redes sociales, como Instagram o Twitter, y no necesariamente se reflejan en el proceso legal que permitiría un impacto tangible. Por eso hay quienes señalan que la propuesta es producto de una minoría acostumbrada al “activismo de sofá” y que carece del ímpetu necesario para lograr la revocatoria.
El Tribunal Electoral prohíbe repartir panfletos, volantes o indumentaria alusiva a la revocatoria de mandato, complicando los esfuerzos de la población civil por informarse y actuar libremente dentro del marco de sus derechos.
Sin embargo, es preciso indicar que el Tribunal Electoral prohíbe repartir panfletos, volantes o indumentaria alusiva a la revocatoria de mandato, complicando los esfuerzos de la población civil por informarse y actuar libremente dentro del marco de sus derechos. La realidad es que esto genera asimetría dentro del proceso político en cuestión; ejemplo de esto, el pasado 27 de abril tuvo lugar una manifestación en la Plaza 5 de Mayo, donde con la presencia del alcalde, se protestó en contra del proceso de recolección de firmas, mientras que en contraste, los favorecedores de la revocatoria carecen de la misma libertad. Adicionalmente, la población civil se enfrenta a restricciones, como un sistema de recolección de firmas plagado de deficiencias y un temor a posibles represalias si laboran dentro de una institución gubernamental.
En vista de las complicaciones que enfrenta la ciudadanía, es importante tomar conciencia de los mecanismos que tenemos a nuestra disposición. Hacer buen uso de nuestras libertades dentro del espacio cívico implica entender que como ciudadanos también tenemos responsabilidades de fiscalización. En medio de la crisis que estamos enfrentando actualmente como sociedad, los deseos de la población rara vez compaginan con las agendas de nuestros gobernantes.
Quizá lo único que queda en manos de la ciudadanía es exigir reformas que fomenten mayor participación civil dentro de los procesos políticos. Debemos equilibrar el poder que el Estado tiene frente a su población y optimizar los mecanismos disponibles. Resulta ilógico que las disposiciones actuales exijan más firmas para convocar un referéndum, de los votos que se necesitaron para elegirlo como alcalde de Panamá.
El autor es estudiante de derecho y amigo de Fundación Libertad
