El debate sobre la implementación de la segunda vuelta electoral en Panamá es más que una simple reforma; es un paso necesario para fortalecer nuestra democracia. Hoy, el sistema de mayoría simple —el candidato con más votos gana, sin un umbral mínimo— ha generado una realidad donde la legitimidad del ganador depende, a menudo, de una diferencia mínima. Los resultados históricos en Panamá, exceptuando la elección de 2009, muestran que el candidato ganador ha superado al segundo lugar con una diferencia que oscila entre 3% y 7%. Esta constante estrechez es el motor que debe impulsarnos a buscar un mecanismo más robusto.
La segunda vuelta funciona como un filtro democrático. En la primera ronda participan todos los candidatos; si ninguno obtiene la mayoría absoluta (generalmente el 50% más uno de los votos válidos), se habilita una segunda ronda. Allí compiten únicamente los dos candidatos más votados. Este mecanismo garantiza que el ganador cuente con un respaldo electoral verdaderamente significativo, evitando triunfos con un apoyo minoritario.
El contraste es claro. Mientras países como Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Perú, República Dominicana y Uruguay utilizan la mayoría absoluta con una eventual segunda vuelta, Panamá, Honduras, México, Paraguay y Venezuela mantienen un modelo de mayoría simple. Ha llegado el momento de alinearnos con los sistemas que garantizan mayor representatividad.
Un aspecto vital es el período de reflexión entre la primera y la segunda vuelta. Los ciudadanos obtienen un tiempo valioso para analizar detenidamente las opciones y tomar una decisión más informada. Esa pausa enriquece el proceso electoral y eleva la calidad del mandato.
A nivel constitucional existe una ambigüedad que permite su implementación. El artículo 177 de la Constitución Política de Panamá establece que el presidente será elegido por “mayoría de los votos”; sin embargo, no define qué constituye esa mayoría ni prohíbe explícitamente la segunda vuelta. Esta laguna legal abre la puerta a su adopción.
No obstante, la implementación no es trivial. Podría adoptarse mediante una ley o en un futuro proceso constituyente, asegurando un consenso amplio. La meta debe ser una institucionalidad fortalecida, donde el ganador refleje un alto porcentaje de aceptación ciudadana.
Los beneficios clave de la segunda vuelta son innegables:
Promueve mayorías amplias, lo que reduce la polarización y los conflictos poselectorales.
Garantiza representatividad y mejora la estabilidad política.
Obliga a los candidatos a buscar un respaldo más amplio, enriqueciendo la deliberación pública.
Otorga mayor legitimidad al ganador.
Implementar la segunda vuelta es un paso decisivo hacia la consolidación democrática de Panamá. Existen desafíos, como mantener la participación ciudadana y asegurar la equidad en la contienda, y se requerirán ajustes continuos; pero la recompensa es un presidente con legitimidad incuestionable y un mandato más sólido. Es hora de que la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) inicie el debate y le dé a Panamá la oportunidad de que su próximo presidente sea elegido no por una mínima diferencia, sino por una mayoría significativa. Es un paso firme para que la democracia panameña no solo funcione, sino que brille con una representatividad más robusta.
El autor es abogado e investigador.
