Hace unas semanas, la Policía Nacional desmanteló una red criminal dedicada al transporte de miles de kilos de droga al exterior, fraudes bancarios y otros delitos. Lo alarmante es que esta organización operaba desde una urbanización residencial, Brisas del Golf, ubicada a las afueras de la capital.
Este hecho coincidió con la reunión de la Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Transnacional, celebrada en Panamá, donde se destacó que nuestro país enfrenta un alto índice de estructuras relacionadas con el crimen organizado.
Sin embargo, no debemos reducir este problema al ámbito bancario o comercial. Las bandas criminales se acercan cada vez más a nuestras comunidades, lo que exige que alcaldes y juntas comunales coordinen con los estamentos de seguridad estrategias locales de prevención.
El crimen organizado opera con métodos sofisticados y cada vez más violentos. En varios países se ha identificado la colaboración entre bandas internacionales y locales, desde la planificación de robos hasta tácticas para evadir la acción policial. Actualmente, los robos involucran grupos de seis u ocho delincuentes armados, que actúan con un alto nivel de violencia y precisión.
Hace poco, estuve en Chile, donde el panorama de seguridad ha cambiado drásticamente. Los robos, ejecutados en minutos, han aumentado de manera alarmante. Los medios destacan a diario asaltos a casas, “encerronas” de vehículos, incluso en movimiento, y robos a cajeros automáticos.
Una de las razones detrás de la incapacidad de los Carabineros para controlar estos delitos es la falta de fiscalización frente a la masiva entrada de inmigrantes ilegales a través de la frontera norte. Entre ellos, algunos delincuentes provenientes de Venezuela, Colombia, Haití y otros países han afectado el tejido social y la búsqueda legítima de mejores oportunidades por parte de tantas familias.
Este panorama desbordó a la policía chilena, debilitando su capacidad de fiscalización y prevención. El miedo domina las calles, y cada vez menos personas se aventuran fuera de sus hogares, especialmente de noche.
En Panamá, nuestras juntas comunales deben priorizar la prevención del crimen en sus planes de inversión. Esto incluye capacitar a los vecinos y fomentar comunidades más resilientes. Vivir sin temor es tan esencial como contar con aceras o parques.
No podemos esperar a que estas amenazas se materialicen. Las consecuencias físicas y emocionales del crimen organizado son devastadoras, y prevenirlas es un deber colectivo.
El autor es comunicador y jubilado.
