Hablar de la Caja de Seguro Social (CSS) nos trae a la memoria imágenes poco gratas de una institución cuyos objetivos, en gran medida, no se han cumplido a lo largo de los años. Brindar pensiones dignas y acordes con la situación económica del país, que aseguren el bienestar de las generaciones que lo han dado todo por el progreso de la nación, ha sido un espejismo. La carestía, la miseria y el abandono golpean a nuestros adultos mayores, todo esto sin contar el abuso que muchos sufren por parte de sus propios familiares: jóvenes que, en lugar de brindar atención durante sus años dorados, esperan sus quincenas para lucrar con ese beneficio.
Eso, en cuanto a las pensiones. También debemos recordar que los servicios de salud brindados por la principal institución pública del país (la CSS) se han deteriorado en los últimos años. A tal punto, que muchas personas hacen un esfuerzo desesperado por sacrificar sus ahorros o endeudarse para acudir a la atención privada, donde al menos se garantiza rapidez y calidad. Acudir a la CSS, por el contrario, significa enfrentar largas filas, extensas esperas y, en ocasiones, soportar groserías e insensibilidad por parte del personal administrativo. Cuando finalmente se logra la atención médica, el paciente recibe una receta con medicamentos que frecuentemente no están disponibles en la institución, y por la urgencia, hay que acudir a una farmacia privada para conseguirlos.
Peor aún si se requiere un examen especializado —como un ultrasonido— o atención de un médico especialista. En estos casos, la espera puede extenderse por meses o incluso años, durante los cuales la salud del paciente se deteriora sin remedio.
Todo lo anterior es producto del saqueo de los fondos de la CSS, que al final no son otra cosa que el dinero de todos los que cotizamos. Fondos cuyo destino ha sido el despilfarro a manos de distintos gobiernos, que han visto la Caja como un botín político. A ello se suman las “botellas”: centenares de funcionarios sobrepagados o colocados por el partido de turno, sin justificación técnica.
Basta con recordar algunos escándalos en los que muy pocos han pagado. En tiempos del fallecido presidente Remón, se otorgó un préstamo exorbitante a un allegado al poder; según recortes de la prensa de la época, nunca se supo si fue saldado. Pero uno de los casos más escandalosos fue revelado por una investigación periodística en 1982: más de 100 millones de balboas fueron destinados —en teoría— a un programa de viviendas populares que jamás se construyeron ni entregaron. Ya en ese momento se advertía que las futuras generaciones no tendrían una jubilación garantizada. La Caja estaba herida de muerte. El programa de jubilaciones requería una solución. Sin embargo, como siempre, los gobiernos de la época evitaron enfrentar el problema, pues implicaba pedir sacrificios a los asegurados, quienes no eran los responsables del desastre generado por la avaricia de los corruptos.
A esto se suman otros escándalos. El envenenamiento masivo por el dietilenglicol —un jarabe distribuido por la institución— que cobró vidas de personas que confiaban en su sistema de salud. O el robo de fentanilo de los almacenes de la CSS, una droga altamente codiciada por narcotraficantes, caso que aún sigue bajo investigación. Y la bola sigue rodando con el escandaloso regalo de los terrenos de Loma La Pava.
En 2005, bajo un gobierno del PRD —el “heredero” del proceso— se intentó una solución viable con la Ley 17. Esta fue objetada por los grupos de izquierda, que, mediante una hábil retórica, convencieron a muchos y lograron una paralización del país. Eso derivó en su derogación y el nacimiento de la Ley 51 (vigente hasta su reciente reemplazo por la Ley 462). Esta fue una solución “light”, según expertos en la materia, quienes la calificaron como un simple parche que garantizaría unos pocos años de sostenibilidad, especialmente para el sistema solidario. Ya entonces se advertía que tendría que reformarse en su debido momento.
Ese momento llegó. Finalmente, alguien asumió la responsabilidad de reformar la Ley 51. El anteproyecto de ley 163 llegó a la Asamblea, a la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social. Tras un primer debate y consultas, el texto original fue modificado en más del 80%. Pasó a segundo debate, donde recibió nuevas modificaciones, y así nació la Ley 462 como texto único, sancionada días después por el Ejecutivo.
No es una ley perfecta, como se ha discutido hasta el cansancio. Pero el precio final no lo deben pagar los asegurados. Como se ha dicho en párrafos anteriores, debe nombrarse una comisión independiente que investigue a fondo, y que los responsables —o sus herederos— devuelvan al pueblo lo robado.
La Ley 462 no está escrita en piedra. Deberá ser parte de un diálogo que construya una sociedad más justa, que permita recuperar la paz social y la estabilidad que necesita la nación panameña. Y que desenmascare a aquellos que, bajo discursos desestabilizadores, solo buscan proteger privilegios y mantener el caos.
El autor es diputado de la República por el circuito 13-1 (Arraiján).
