Desde el año 2000, Panamá ha experimentado una profunda y silenciosa socialización de su economía, caracterizada por la creciente intervención estatal en la actividad productiva. Este proceso, lejos de generar una prosperidad sostenible, ha incubado una crisis de productividad y de sostenibilidad fiscal que amenaza el presente y el futuro del país.
La participación del Estado en el Producto Interno Bruto (PIB) ha crecido de forma constante, pasando del 18.5% en el año 2000 a un 28.1% en 2023, con una proyección de alcanzar el 30% para 2026. Este crecimiento ha sido impulsado por la expansión de la planilla estatal, que hoy emplea a más de 250,000 personas —frente a las 130,000 del año 2000—, y por la concesión de jubilaciones especiales. El sector público ofrece salarios entre un 20% y un 100% superiores a los del sector privado, creando un incentivo perverso que atrae talento humano hacia el Estado y reduce la competitividad de la empresa privada.
Paralelamente, el monto de los subsidios directos se ha multiplicado por 20 en 25 años, superando los 2,400 millones de dólares en 2022-2023 —equiparable a las contribuciones del Canal de Panamá— y con una proyección de 1,500 millones de dólares anuales para 2025. Programas como la Red de Oportunidades, el Vale Digital, el subsidio al gas y a la energía eléctrica, aunque alivian la pobreza coyuntural, no fomentan la autonomía productiva. Para 2026, este gasto representará el 4.4% del PIB. La experiencia sugiere que este tipo de transferencias, cuando no van acompañadas de políticas de inserción laboral o capacitación, generan dependencia y erosionan la base fiscal.
Esta estatización masiva ha asfixiado el dinamismo empresarial. La creación neta de empresas ha caído en picada: de un pico de 15,800 en 2012 a apenas 8,400 en 2022, mientras que las disoluciones han aumentado de 2,200 a 5,800 anuales. La competencia desleal con el Estado, las trabas burocráticas y la reducción de fondos para el consumo han mermado el ánimo emprendedor.
El sistema educativo refleja esta contradicción. Aunque el número de graduados universitarios ha aumentado, la calidad es deficiente y Panamá se ubica en los últimos puestos en evaluaciones regionales de aprendizaje. La brecha entre las competencias que proveen las universidades y las que demanda el mercado se amplía, saturando el mercado laboral con profesionales subempleados, 220,000 desempleados y alimentando una informalidad que ya afecta a 770,000 personas. La masificación educativa, sin la debida calidad ni pertinencia, terminará por saturar el mercado laboral, aumentando el desempleo profesional y la consecuente migración interna y externa del capital humano.
Este modelo de socialización progresiva, donde el tamaño del Estado se financia con endeudamiento masivo y no con ingresos fiscales sólidos, ya muestra sus consecuencias: la pérdida del grado de inversión, un crecimiento económico estancado y una dependencia peligrosa de los ingresos e inversiones del Canal para financiar los subsidios, proyectos de construcción y la creación de empleos.
Panamá se encuentra en una encrucijada. Para evitar seguir la tendencia de economías estatizadas que han colapsado, como la de Venezuela y la de Argentina bajo los Kirchner, debe reorientar su modelo. Es imprescindible reducir el tamaño del Estado, disminuir el peso de los subsidios generalizados, fortalecer la institucionalidad mediante una relación deuda/PIB sana, donde los fondos de funcionamiento del Estado provengan de ingresos fiscales sólidos derivados de las actividades más lucrativas y de sistemas progresivos, y no de la capacidad de endeudamiento público u otras artimañas financieras. Sobre todo, es vital priorizar la calidad educativa y la innovación como motores de un desarrollo sostenible. El futuro depende de construir una complementariedad público-privada que apueste por la libertad creativa de su gente, el desarrollo de megaproyectos que atraigan inversión directa nacional y extranjera, creen empleos con justicia social y eviten el estatismo desmedido.
Las similitudes con Venezuela y con la Argentina de los Kirchner, aunque aún distantes en magnitud, no lo son en tendencias y constituyen una advertencia para no repetir errores que puedan crear las condiciones para hipotecar el futuro con líderes políticos extremos que pretendan llegar al poder por la fuerza, por los votos o por una combinación de ambas.
El autor es ecologista y empresario verde.
