La discusión sobre el futuro del sector eléctrico panameño dejó de ser una posibilidad. El Ejecutivo, por medio del ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, presentó ante la Asamblea Nacional un proyecto para modificar la Ley 6 de 1997. A ello se suma el anteproyecto impulsado por la bancada Vamos. Dos iniciativas distintas que coinciden en algo esencial: el modelo eléctrico necesita cambios. Ese debate, sin embargo, no puede quedar únicamente entre empresas, autoridades y diputados.
La propuesta del Ejecutivo fortalece las facultades de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), endurece las sanciones, incorpora compensaciones para los usuarios y permite intervenir una distribuidora cuando esté en riesgo la continuidad del servicio. Son elementos que responden a problemas reales y a reclamos que durante años han formulado los consumidores.
Pero también existen decisiones que requieren una discusión más profunda. Entre ellas, trasladar a las distribuidoras la organización y adjudicación de las compras de energía y potencia que actualmente realiza la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA). Asimismo, debe analizarse si un límite del 30% para nuevas concesiones o licencias de generación es suficiente para evitar posiciones dominantes y garantizar una competencia efectiva.
Vamos propone otro camino. Su iniciativa apuesta por separar distribución y comercialización, permitir comercializadores independientes, reconocer al prosumidor, facilitar la generación solar y crear progresivamente el derecho del usuario a escoger quién le vende la energía. Es una visión más orientada a introducir competencia en la relación comercial con el consumidor.
Sin embargo, abrir mercados no garantiza automáticamente tarifas más bajas. También hay que preguntar quién controlará las redes, qué costos podrán trasladarse al usuario y qué ocurrirá con ETESA y el Centro Nacional de Despacho (CND). Dar mayor independencia técnica y funcional al CND merece discusión, pero cualquier transformación debe evitar debilitar capacidades estratégicas del Estado.
Ante este escenario, Sitiespa no puede limitarse a observar. Los trabajadores poseen algo que muchas veces falta en reformas elaboradas desde oficinas: conocimiento directo de cómo funciona el sistema, dónde están sus ineficiencias, cómo se comportan las empresas y qué decisiones terminan afectando el servicio y la tarifa.
La coyuntura amerita que Sitiespa presente una propuesta propia de reforma de la Ley 6. Esa propuesta debería partir de una pregunta sencilla: ¿qué cambios estructurales pueden reducir el costo que paga la población sin debilitar el servicio público ni sacrificar derechos laborales?
Un primer eje debe ser la competencia. Limitar la participación de un mismo grupo económico en la generación, impedir que la concentración se esconda detrás de sociedades relacionadas y evitar que las distribuidoras controlen la generación destinada al mercado nacional deben formar parte del debate. La competencia no puede medirse solo por el número de empresas, sino por quién controla realmente la oferta.
Un segundo eje debe ser tarifario. No toda erogación de una empresa debe convertirse en costo para el usuario. Multas, pérdidas superiores a metas razonables, inversiones imprudentes, gastos duplicados, sobrecostos entre empresas vinculadas o capacidad contratada que no está disponible no deberían terminar en la factura eléctrica. La regulación debe proteger a las empresas eficientes, no garantizar el traslado de cualquier costo.
Un tercer eje debe ser el fortalecimiento de ETESA y del CND. Modernizar no significa desmontar capacidades públicas. El CND puede requerir mayor autonomía técnica y operativa, pero ello no obliga necesariamente a separarlo de ETESA. Antes de crear nuevas estructuras, debe demostrarse que producirán mayor eficiencia, transparencia y menores costos para el sistema.
Finalmente, ninguna reforma seria puede ignorar a los trabajadores. Reorganizaciones, cambios de concesionario, automatización o transformaciones empresariales no deben convertirse en mecanismos para eliminar conocimiento técnico, desconocer la antigüedad, debilitar convenciones colectivas o precarizar el empleo. La modernización debe acompañarse de capacitación, certificación, transferencia de conocimiento y una transición justa.
El Ejecutivo ya puso su propuesta sobre la mesa. Vamos también ha presentado la suya. Falta una voz indispensable: la de quienes operan, mantienen y conocen diariamente el sistema eléctrico. Esa voz puede aportar equilibrio técnico y social al debate nacional.
Sitiespa tiene la oportunidad de demostrar que el sindicalismo no solo defiende puestos de trabajo; también puede formular políticas públicas. Una propuesta propia permitiría colocar en el centro tres preguntas: cuánto pagará el usuario, quién controlará el mercado y qué papel tendrá el Estado.
Reformar la Ley 6 puede ser una oportunidad histórica o una simple redistribución de negocios dentro del mismo modelo. Por eso, la participación de los trabajadores no debe llegar cuando todo esté decidido. Debe llegar ahora.
El autor es secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Similares de la República de Panamá (Sitiespa).
