En el libro Tyranny of the Status Quo (La tiranía del statu quo), publicado en 1984, el Premio Nóbel de Economía Milton Friedman y su esposa, Rose, describen el fenómeno de la resistencia a ultranza que ejerce una clase política corrompida contra todo intento de aplicar políticas de transparencia y reducción del Estado. Al ver peligrar su cuota de poder y fuente de enriquecimiento, hará todo lo posible por mantener el statu quo.
Gran parte de la clase política traiciona el principio que debe regirla: servir a los ciudadanos y no a sí misma, a costa de los ciudadanos. Para subir al poder y quedarse allá arriba, cultivan una administración clientelista que beneficia con trato preferencial a ciertos allegados a la cúpula y a los donantes de campaña, ya sea legislando en su favor, otorgando concesiones directas o por licitación con pliego de cargos confeccionados a la medida de la empresa favorecida, u otorgando exoneraciones y créditos fiscales. En la otra modalidad del clientelismo, los políticos tradicionales recompensan a sus seguidores con puestos de trabajo en la administración pública sin importar ni la pericia del contratado, ni el impacto que va creando el aumento descontrolado de la planilla en el presupuesto del Estado ni la burocracia ineficiente que va enquistándose en las instituciones públicas, con la consecuente erosión en la calidad de los servicios públicos.
Pienso que muchos de quienes profesamos simpatía por la tesis de que el Estado debe quedarse del tamaño estrictamente necesario para atender las necesidades básicas del pueblo, sentimos hoy cierta esperanza –aunque con un alto grado de escepticismo– debido a la nueva conformación de la junta directiva de la Asamblea Nacional, con el apoyo de los diputados no tradicionales. La aparente intención es impulsar por fin los cambios requeridos en el Reglamento Interno para una mayor transparencia institucional y la disminución de la abultada planilla clientelista del Órgano Legislativo. Esto debería emularlo el Ejecutivo, según lo ha venido prometiendo.
Algunos diputados argumentan que a ellos le compete tan solo la reducción de la planilla del Legislativo, y que no tienen injerencia en la planilla del Órgano Ejecutivo. No es cierto, ya que, para hacer una reducción drástica en la planilla clientelista del Ejecutivo, dependerá de que en la Asamblea se realicen los debidos cambios a la Ley de Carrera Administrativa y demás normas especiales que obstaculizan la destitución de funcionarios. Cuando la trampa se introduce en la ley, no basta con tener la voluntad y el compromiso de desmontar el andamiaje clientelista. Es imperativo aprobar las modificaciones legales que lo permiten en estricto derecho.
Sin duda alguna, debe existir la estabilidad laboral del funcionario público contra destituciones basadas en filiaciones políticas. No obstante, en Panamá los cambios legislativos a la carrera administrativa se han efectuado para frenar incluso la destitución justificada de funcionarios. Por ejemplo, en la Ley de Carrera Administrativa se establecen hasta tres instancias distintas en las que el funcionario puede lograr que se revoque su destitución; en cada una de ellas existe el concepto de silencio administrativo favorable al funcionario: si transcurren cortos términos de tiempo sin que exista un pronunciamiento, ello equivale a la restitución automática del funcionario.
La carrera administrativa debe poseer mecanismos que logren que la meritocracia y la eficiencia sean los factores determinantes en las relaciones laborales del sector público. Otro ejemplo: no se puede seguir permitiendo que a costa del dinero de los contribuyentes se den aumentos automáticos por la antigüedad del funcionario sin considerar otros elementos. Las evaluaciones para las contrataciones deberían darse por medio de exámenes con los más estrictos estándares de excelencia. Y para garantizar una mayor certeza de la transparencia en estos procesos, debería supervisarlos un cuerpo colegiado conformado, aunque sea parcialmente, por reputadas asociaciones de la sociedad civil.
Es evidente que cualquier intento genuino de cambio generará resistencia por parte de la clase política, que intentará evitar, dilatar o revertir las reformas, incluso mediante tácticas mediáticas que victimizan a los funcionarios destituidos o satanizan al Ejecutivo. También advertirán sobre un supuesto impacto negativo en la economía, incluyendo huelgas y manifestaciones coordinadas por diversos sindicatos, grupos de interés u opositores políticos.
La mayoría del pueblo sigue sin entender el grado de erosión que el clientelismo está causando a los cimientos de la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho. Por ello, la forma más eficaz de lograr un cambio de consciencia colectiva sería a través de campañas de concientización que lo conviertan en un tema medular, sobre todo en época de elecciones, como ha ocurrido en otros países, donde se ha podido obtener un aval expreso del electorado para elegir a políticos honestos y comprometidos. Un mandato popular específico combatiría de forma más eficiente la “tiranía del statu quo”.
El autor es abogado.
