El gobierno del presidente José Raúl Mulino ha consumado la peor traición de este siglo: permitir una ocupación militar estadounidense. El memorándum que la autoriza, firmado entre Panamá y Estados Unidos sin conocimiento ni consentimiento de los panameños, representa la más reciente y grave intervención avalada por nuestro propio gobierno.
Esta entrega de soberanía no es fruto de la cobardía, como si hubiera sido impuesta. Es una traición voluntaria, movida por intereses compartidos. Mulino y su administración colaboran abiertamente con el imperialismo estadounidense.
Tras la recuperación del Canal en 1999, los gobiernos posinvasión avalaron una creciente presencia militar extranjera. Mulino replica ese sometimiento y consuma un retroceso histórico: una ocupación permanente.
El memorándum permite a buques de guerra de Estados Unidos transitar por el Canal sin pagar peajes, establece bases militares en Howard, Sherman y Rodman —donde rigen leyes estadounidenses— y habilita el entrenamiento de tropas panameñas y latinoamericanas en esquemas de rotación continua. Bajo eufemismos violaron el Tratado de Neutralidad, la Constitución y nuestra soberanía, creando además una nueva zona canalera.
Esta vez, el enclave fue disfrazado de acuerdo comercial: Estados Unidos ofrece “protección militar” a cambio de una porción de nuestra soberanía y nuestros impuestos. Para justificar este subsidio al mayor ejército del mundo, inventaron la amenaza china sobre el Canal de Panamá.
¿Pero qué protección recibe realmente Panamá? Sabemos a quién protege Estados Unidos: a su hegemonía en la región, asegurando su control geopolítico frente al ascenso del sur global. Panamá, por su posición estratégica, es esencial en esa proyección de poder.
La protección que recibe Panamá no es para su pueblo, sino para su clase dominante: una oligarquía acostumbrada a apropiarse de la riqueza en tránsito sin desarrollar el país, que históricamente ha recurrido a Estados Unidos para defenderse de su propio pueblo.
Hoy, esa oligarquía necesita apoyo extranjero para garantizar la reactivación de la mina, la construcción del embalse del río Indio y las reformas de la Caja del Seguro Social. Necesita proteger sus intereses ante el descontento social.
Para Mulino y su entorno, la soberanía no es un principio, sino un obstáculo para los negocios. Coinciden así con los intereses estadounidenses: mientras Estados Unidos refuerza su control sobre Panamá, nuestra oligarquía asegura su poder interno. Están dispuestos a militarizar el país con tal de resguardar sus privilegios.
Estados Unidos quiere regresar a un pasado donde dominaba el mundo y Panamá era su colonia. Ese pasado es intolerable. Nuestra historia está marcada por generaciones que lucharon y conquistaron soberanía.
Nos corresponde avanzar, abolir el enclave y expulsar toda presencia militar extranjera. Es la tarea pendiente: conquistar la segunda y definitiva independencia de Panamá.
El momento ha llegado.
El autor es ex candidato a la vicepresidencia de la República, profesor y economista político.
