América Latina y el Caribe (ALC) es una de las regiones más vulnerables del planeta frente a los desastres naturales. Desde huracanes en el Caribe hasta inundaciones en Centroamérica y sequías prolongadas en el Cono Sur, la frecuencia e intensidad de los eventos extremos ha aumentado drásticamente en las últimas décadas. Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), desde el año 2000 se han registrado más de 1,500 eventos catastróficos que han afectado a 190 millones de personas en la región.
Los sistemas de alerta temprana multirriesgo (SATM) son herramientas esenciales para mitigar estos impactos. Integran monitoreo meteorológico, análisis de riesgos, comunicación comunitaria y protocolos de respuesta. Su objetivo es anticipar amenazas y activar mecanismos de protección antes de que se materialicen. En 2024, ALC sufrió 74 grandes desastres que afectaron a casi 7 millones de personas y causaron pérdidas económicas estimadas en 10,000 millones de dólares.
La expansión urbana desordenada, la deforestación, el desplazamiento forzado, la falta de políticas habitacionales, la pobreza y la desigualdad agravan la exposición de las comunidades vulnerables. Fortalecer los SATM no es solo una cuestión técnica, sino también una prioridad política y social.
Entre los eventos más frecuentes que amenazan a la región están los huracanes, las inundaciones repentinas, las sequías, los incendios forestales, las olas de calor y los terremotos. La combinación de estos fenómenos con factores sociales como la pobreza o la falta de infraestructura resiliente multiplica el riesgo para millones de personas.
De acuerdo con proyecciones del BID y de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR), si no se fortalecen los sistemas de alerta y la resiliencia comunitaria, ALC podría enfrentar en los próximos años más de 35 millones de personas afectadas, pérdidas acumuladas por 60,000 millones de dólares y hasta 20,000 muertes evitables. Estos costos trascienden lo económico: representan retrocesos en educación, salud pública y desarrollo humano.
Invertir en SATM, educación comunitaria, infraestructura resiliente y gobernanza climática puede reducir estos impactos hasta en un 60%, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
En 2022, el secretario general de la ONU, António Guterres, lanzó un llamado urgente: “Cada persona en la Tierra debe estar protegida por un sistema de alerta temprana en los próximos cinco años”. De allí nació la iniciativa global Early Warnings for All, liderada por la UNDRR y la Organización Meteorológica Mundial (OMM). Sus objetivos incluyen cobertura universal para 2027, fortalecimiento de capacidades locales, integración de SATM en políticas públicas, financiamiento climático e inclusión de comunidades vulnerables.
En América Latina y el Caribe, esta estrategia se implementa a través de plataformas como Hidromet, que reúne a expertos, gobiernos y sociedad civil. Colombia ha avanzado en democratizar el acceso a la información climática, traduciendo pronósticos técnicos en mensajes comprensibles para comunidades rurales. En Panamá, aunque existen directrices, falta mucho por llevarlas a la práctica.
La meta para 2027 es ambiciosa pero alcanzable: que ningún ciudadano esté desprotegido ante los desastres naturales. Esto implica tecnología, pero también educación, participación comunitaria y voluntad política.
El autor es empresario verde y ecologista.
