Desde mi perspectiva, y después de un análisis comunicacional de los temas que originaron los injustificados paros de educadores y activistas del Suntracs, la gran víctima de ese diferendo ha sido la verdad. La victimización de la verdad la facilitó el propio gobierno cuando, después de aprobada la Ley 462, que reforma la ley orgánica de la Caja de Seguro Social (CSS), dejó de informar y hacer docencia en los medios de comunicación y las redes sociales, un vacío que llenaron los enemigos de dicha ley para divulgar falsedades que fueron aceptadas como “verdad absoluta” por gran parte de la población.
Pero, ¿qué es la verdad? De las varias acepciones que da el diccionario de la Real Academia Española, la que más se aplica al debatido diferendo es la que define la verdad como “juicio o proposición que no se puede negar racionalmente”. A manera de ejemplo, la Ley 462 no aumentó la edad de jubilación, pero Suntracs y los líderes de los educadores organizados bajo Asoprof alegan que sí la aumentó, y gran parte de la población asimiló esta mentira. La verdad es que la Ley 462 no aumentó la edad de jubilación; lo que sí aprobó es que, al sexto año de su vigencia, el gobierno contrate a tres firmas internacionales de reconocido prestigio para el estudio actuarial que determinará la necesidad, o no, de cambiar la edad de jubilación. De recomendarse un aumento en la edad de jubilación, este deberá ser considerado por la Asamblea Nacional.
Otra mentira que ha tenido gran acogida es que la Ley 462 reduce el monto de las jubilaciones. En realidad, la nueva ley aumenta la pensión con respecto a la antigua Ley 51. A manera de ejemplo, un empleado que alcanzaba al jubilarse un salario promedio de $1,100 (mil cien dólares) y que ha pagado el mínimo de 240 cuotas (20 años), con la vieja ley del Subsistema Exclusivamente de Beneficio Definido (SEBD) recibe una pensión de $660 (tasa de reemplazo de 60%); bajo la Ley 462 recibirá una pensión de $677.44 (tasa de reemplazo de 61.6%). Y en el caso de los asegurados bajo el sistema mixto, su jubilación aumentará aún más, en virtud de que el aporte a su cuenta individual aumenta del 10 al 15% por encima de los $500 de salario mensual. Además, se reconoce este incremento de forma retroactiva hasta el momento en que el trabajador comenzó a cotizar.
Mejor aún, bajo la Ley 462, a medida que aumenta el número de cuotas, también aumenta la tasa de reemplazo con respecto a la que regía con igual número de cuotas bajo la Ley 51. Por ejemplo, un pensionado que se jubila con un salario promedio de $1,100 luego de aportar 360 cuotas (equivalente a 30 años), recibirá una pensión mensual de $861.96 (tasa de reemplazo de 78.36%). Bajo el viejo sistema “solidario” habría recibido $825.00 (tasa de reemplazo de 75%).
Otra de las falsedades sobre la Ley 462 divulgadas por sus críticos es que la misma acaba con el sistema solidario, perjudicando a los jubilados. Sin embargo, esta ley no toca a los actuales pensionados bajo el SEBD, quienes mantienen sus pensiones. Pero es más solidaria que este, pues no solo cubre el déficit proyectado, sino que garantiza pensiones para más de 300,000 jubilados y medio millón de cotizantes que no tienen un centavo de reservas. Por primera vez, tanto los trabajadores eventuales como los agrícolas e informales están amparados por el sistema de pensiones. Antes de la aprobación de esta ley, estos trabajadores no cotizaban y, por lo tanto, no tenían derecho a una pensión de vejez.
A lo largo de este dilatado proceso, los dirigentes de Suntracs y Asoprof han acuñado la falsa premisa de que se ha reemplazado una ley solidaria por una que no lo es. Cabe preguntarse: ¿a qué llaman “solidaria” esos líderes?, si tomamos en cuenta que bajo el antiguo sistema los cotizantes con salarios bajos subsidiaban las pensiones de aquellos con mayor salario. Ahora es a la inversa. Al respecto, un experto en estudios actuariales me comentó: “La Ley 462 es lo más solidario con sostenibilidad que ha existido en Panamá”. Además, la nueva ley indexa anualmente las jubilaciones en base al Índice de Precios al Consumidor, lo que asegura futuros aumentos en línea con la inflación.
Cuando se aprobó la Ley 462 el 18 de marzo de 2025, Suntracs y los líderes de los educadores arreciaron su campaña de desinformación. Curiosamente, esta ley no afecta a los educadores, pues su sistema de pensiones está regulado por la Ley No. 54 de 2000, que crea el Plan de Retiro Anticipado Autofinanciable (PRAA), lo que sugiere que el apoyo de Asoprof al movimiento es más por razones ideológicas que profesionales. Esta irracional posición solo está contribuyendo a ampliar la brecha entre ricos y pobres en Panamá.
La semilla sembrada por esos dirigentes y sus seguidores provocó el caos que ha llevado a la ruina a Bocas del Toro, y la salida de Panamá de Chiquita Panamá. La relativa calma que reina desde que el gobierno dictó el Decreto de Gabinete No. 27 del 20 de junio, que declara el estado de urgencia en Bocas del Toro, no significa que el problema producido por la campaña de desinformación haya desaparecido.
Resulta oportuno y necesario que el gobierno revise lo actuado y corrija las fallas en su gestión informativa y docente sobre la Ley 462. Incluso, el Ejecutivo debería estar abierto a la posibilidad de corregir parte de las posibles deficiencias que señalan algunos de sus críticos durante el periodo legislativo que se inicia este 1 de julio de 2025.
El autor es periodista.
