La jornada del lunes empezó francamente mal para Ed Miliband, el líder del Partido Laborista, al que últimamente nada parece salirle bien. Se disponía a presentar la segunda de las cinco promesas electorales clave de su partido ante las elecciones de mayo. La primera, la semana pasada, fue sobre el déficit; la segunda, el lunes, versó sobre inmigración: no quería dejar dudas sobre lo “muy en serio” que se toman los laboristas un asunto que escala posiciones en la lista de preocupaciones de los británicos, arrastrado por el partido populista UKIP. Pero este lunes, antes de su discurso en Norfolk, Ed Miliband se enfrentó a una de esas noticias que le atragantan a un político el desayuno: la filtración al Daily Telegraph de un documento interno de 33 páginas, titulado “Hacer campaña contra el UKIP”, en el que la cúpula laborista aconseja a sus diputados “cambiar de conversación” si los votantes quieren discutir el tema de la inmigración, y centrarse en áreas como la vivienda o la sanidad pública. Un tiro por la culata de antología.
El ruido generado por la filtración restó vigor a la promesa estrella de un discurso que supone un endurecimiento de la política de los laboristas hacia la inmigración. Si gana las elecciones, Miliband perseguirá con mano dura a los empresarios que pagan a los trabajadores inmigrantes menos que a los británicos. Un futuro Gobierno laborista convertiría esa práctica en delito castigado con penas de cárcel. “Hay empresarios que traen trabajadores bajo coacción o engaño y les pagan salarios significativamente más bajos con peores condiciones laborales”, aseguró Miliband.
En Reino Unido, según las últimas estadísticas (de julio), hay 236 mil trabajadores que cobran por debajo del salario mínimo, y un 11.9% de ellos son inmigrantes. Según datos publicados este mes por la Organización Mundial del Trabajo, los inmigrantes ganan un 8.4% menos que los británicos de media, a pesar de que poseen prácticamente la misma formación y experiencia.
Ante al fracaso del Gobierno de cumplir su promesa de reducir la inmigración –el saldo neto alcanzó la cifra récord de 260 mil personas, un 43% más que el año pasado–, el líder de la oposición plantea una estrategia diferente: perseguir a los empresarios defraudadores. Los críticos señalan la dificultad de probar los abusos.
Miliband se mostró partidario de limitar el acceso a las prestaciones sociales en Reino Unido a los inmigrantes de la UE e impedir que reclamen prestaciones no laborales durante sus dos primeros años en el país. El anuncio se produce dos semanas después de que el primer ministro, David Cameron, anunciara un duro paquete de medidas contra la llegada de inmigrantes europeos.
El déficit y la inmigración, los dos puntos por los que ha empezado Miliband a desvelar su programa, son los dos llamados a centrar la campaña y que capitalizan, respectivamente, los conservadores y UKIP. También son precisamente los dos temas que Miliband olvidó mencionar en su discurso en el congreso del partido el pasado septiembre.