Hace apenas unos meses, mientras observábamos las consecuencias de los terremotos en Venezuela, escribimos sobre las primeras 72 horas de una tragedia y las decisiones que se toman décadas antes para proteger vidas. Nunca imaginamos que muy pronto aquella reflexión nos alcanzaría en Panamá.

El 9 de octubre de 2026, uno de los terremotos más impactantes de la historia panameña, de magnitud 7.7, sacudió nuestro país. Más de un siglo después del terremoto de 1913, volvimos a enfrentarnos a una prueba extraordinaria.

Y hay mucho que reconocer.

Nuestros ingenieros, arquitectos, obreros, capataces y profesionales de la construcción merecen reconocimiento por contribuir a que una ciudad repleta de rascacielos permaneciera en pie. También lo merecen quienes, desde hospitales, cuerpos de rescate y comunidades, protegieron vidas en medio de la incertidumbre. La infraestructura que resistió nos recuerda por qué los estudios, las normas y la supervisión técnica importan. Aquello que parece un gasto adicional representó vidas protegidas.

Pero resistir no es lo mismo que ser resilientes.

Mientras admiramos nuestras grandes obras metropolitanas, miles de familias enfrentan una realidad desgarradora en el interior del país: viviendas destruidas, comunidades afectadas y escuelas que ya no pueden recibir estudiantes.

Las pérdidas humanas recientemente reportadas también nos recuerdan que las consecuencias de un terremoto trascienden el concreto: afectan nuestra salud física y emocional, así como la tranquilidad de familias enteras.

Y aquí aparece una verdad incómoda: los muchos Panamá que coexisten en este pequeño territorio y la vergonzosa desigualdad que, como sociedad, hemos permitido perpetuar.

Porque decir “gracias a Dios, solamente fueron pérdidas materiales” significa algo muy distinto para una familia que acaba de perder el esfuerzo de toda una vida, incluso de varias generaciones.

La educación merece especial atención. Los reportes identifican 35 escuelas colapsadas y más de 600 con afectaciones. Pero ¿cuántas ya carecían de condiciones adecuadas antes de que temblara? ¿Cuántas estarán realmente listas para recibir a nuestros niños en el año escolar 2027?

Desde Jóvenes Unidos por la Educación presentamos un estudio que toma en cuenta las lecciones aprendidas de experiencias similares e hicimos recomendaciones concretas. Llevamos años insistiendo en que la educación es una herramienta transformadora contra la desigualdad. Una escuela insegura o cerrada representa una pérdida de oportunidades para generaciones enteras.

En medio de la tragedia, es profundamente esperanzador ver al pueblo ayudando al pueblo.

Jóvenes, vecinos, profesionales y voluntarios ofrecen tiempo, recursos y manos, día tras día, sin pedir nada a cambio. Esa solidaridad representa lo mejor de Panamá.

También debería incomodarnos que tantas veces sea la ciudadanía la que deba compensar las deficiencias de nuestras instituciones.

Mientras las comunidades luchan por levantarse, resulta inadmisible confundir la aparente normalidad de la capital con la realidad nacional. Un país no está bien mientras gran parte de su población lo ha perdido todo. Gobernar exige escuchar y responder con empatía, urgencia y presencia territorial.

Se autorizaron hasta $100 millones para atender la emergencia. La respuesta no se medirá en cifras ni discursos, sino en cuánto tiempo les devolveremos seguridad, dignidad y oportunidades a las familias afectadas.

Tenemos profesionales, conocimiento técnico y mecanismos institucionales para actuar. Requerimos voluntad para utilizarlos: evaluar los daños con rigor, priorizar a las comunidades más vulnerables, garantizar la continuidad educativa mediante los mecanismos ya existentes y reconstruir con transparencia, planificación y participación ciudadana.

Mientras las réplicas nos recuerdan que el riesgo persiste, proteger vidas debe seguir siendo nuestra prioridad. Prevenir no es generar miedo. Es brindar conocimiento para proteger vidas.

Que esta sea nuestra oportunidad de reconstruir no solo infraestructura, sino también instituciones, confianza y ciudadanía. Porque Panamá no necesita solamente volver a ponerse en pie, sino garantizar que todos podamos hacerlo con seguridad, dignidad y oportunidades.

Ya vivimos las consecuencias de la improvisación, la opacidad y la desigualdad durante la pandemia. Repetir errores sería imperdonable. Hoy tenemos la oportunidad de aprender de ellos y demostrar que podemos y sabemos hacerlo mejor.

Las primeras 72 horas comenzaron hace décadas. Que las próximas décadas reflejen un Panamá que decidió reconstruirse mejor, reconociendo que nuestra esencia está en cada rincón del país, sin dejar a nadie atrás.

La autora es ingeniera civil y miembro de Jóvenes Unidos por la Educación.