La ciudad se vive a ras de suelo. Cuando una acera desaparece bajo un poste, una rampa mal resuelta, un automóvil o un desnivel, el espacio público deja de cumplir su promesa. Para quien camina, utiliza silla de ruedas, acompaña a un niño o un adulto mayor, no es un problema estético: es autonomía, seguridad y ciudadanía. Recuperar las aceras del distrito de Panamá es una obligación impostergable.
El Acuerdo Municipal N.º 316, aprobado el 13 de octubre de 2026 y publicado el 30 de octubre, adopta la Guía de Diseño Urbano para el Espacio Público. Su propósito es pertinente: mejorar la accesibilidad, ordenar el mobiliario, incorporar infraestructura verde y azul y proteger la integridad de las aceras. La dirección es correcta. La discusión comienza cuando examinamos cómo se pretende alcanzar ese objetivo.
Una ciudad caminable necesita una red continua de recorridos accesibles, cruces seguros, sombra, drenaje, iluminación y conexión con el transporte público. Un tramo con 1.80 metros libres pierde utilidad si termina frente a un poste, una intersección peligrosa o una barrera infranqueable. La accesibilidad no depende únicamente del ancho: depende de la continuidad y funcionalidad del sistema.
La guía establece 1.80 metros como referencia general de circulación libre y contempla excepciones justificadas de 1.50 metros. También fija plazos diferenciados de 60 días, seis meses y hasta dos años para distintas adecuaciones. Sin embargo, la ciudad real no es una cuadrícula homogénea. Pendientes pronunciadas, barrios consolidados, lotes estrechos, edificaciones antiguas, árboles, servidumbres y redes de servicios requieren soluciones contextualizadas. Aplicar criterios uniformes sin reconocer esas condiciones puede producir intervenciones costosas, fragmentadas o técnicamente inviables.
La preocupación ciudadana tampoco debe despacharse como resistencia al cambio. Propietarios y profesionales se preguntan quién asumirá los costos, qué ocurrirá con inmuebles construidos bajo planos aprobados, cómo se resolverán las excepciones y cuáles serán los criterios de fiscalización. El artículo 52 contempla multas de B/. 5,000 para determinados incumplimientos. Una sanción fija plantea interrogantes de proporcionalidad cuando no distingue suficientemente entre gravedad, reincidencia, capacidad económica y posibilidad efectiva de corregir. La orientación anunciada por la Alcaldía puede contribuir a aclarar dudas, pero las declaraciones públicas no sustituyen ni modifican el texto normativo.
También merece atención el planteamiento jurídico que advierte posibles afectaciones a la seguridad jurídica, los permisos anteriores y el uso de los retiros. No debe descartarse como una simple defensa de intereses particulares. La Constitución protege la propiedad y establece límites a la retroactividad; la Ley 6 de 2006 reconoce la naturaleza privada de los retiros, aunque los somete a restricciones y finalidades urbanísticas. Esto no significa que toda exigencia nueva sobre un inmueble existente sea automáticamente retroactiva o expropiatoria. Hay que distinguir entre corregir una ocupación del espacio público, regular una situación que continúa y alterar las consecuencias jurídicas de una obra legítimamente autorizada.
Un permiso municipal tampoco puede convertirse en una licencia perpetua para obstaculizar una acera pública. Pero la Administración debe explicar qué obligación corresponde a cada inmueble, desde cuándo resulta exigible y bajo qué procedimiento. No es razonable ignorar la confianza de quien construyó conforme a planos aprobados por la propia autoridad. La legalidad debe proteger tanto el interés colectivo como la previsibilidad de las decisiones públicas.
Hay, además, una responsabilidad que no puede quedar diluida: la institucional. Postes, transformadores eléctricos, hidrantes, registros y drenajes también interrumpen los recorridos peatonales. ¿Quién coordina su reubicación?, ¿quién la financia?, ¿qué entidad responde por los plazos? No debería trasladarse automáticamente al propietario el costo de resolver interferencias atribuibles a empresas de servicios o infraestructuras públicas. El Municipio debe liderar, coordinar, presupuestar y fiscalizar; las empresas deben corregir sus instalaciones; y los propietarios cumplir las obligaciones que legítimamente les corresponden. Los hogares con recursos limitados necesitan asistencia técnica y mecanismos graduales, no una carga uniforme.
El problema de Panamá no es solamente que sus aceras estén mal construidas o invadidas; es que históricamente ha tratado el espacio público como una suma de fragmentos privados, en lugar de gestionarlo como un sistema urbano cuya planificación, financiación, construcción y mantenimiento requieren liderazgo institucional. Por eso, la salida no es abandonar el Acuerdo, sino revisar y fortalecer su aplicación.
La ciudad caminable no se decreta: se planifica, se financia y se construye. Defender la acera es defender el derecho a desplazarse; defender la seguridad jurídica es impedir que una buena causa se convierta en una carga arbitraria. El éxito del Acuerdo 316 no será cuántas multas se impongan, sino cuántas personas puedan caminar con seguridad y dignidad por una ciudad que finalmente funcione para todos.
El autor es arquitecto y especialista en ordenamiento territorial para el desarrollo urbano y la gobernanza.

