Todos las hemos visto. En clínicas, hospitales y consultorios médicos aparecen esas bolsas rojas en los rincones, bien selladas, con símbolos de advertencia que la mayoría de nosotros aprendemos a ignorar. Mis estudiantes de 10.º grado las habían visto decenas de veces. Ninguno sabía qué pasaba con ellas después.
Eso cambió el día que hicimos una gira a una empresa dedicada al tratamiento de residuos clínicos y bioinfecciosos, como parte de nuestro trabajo para abordar la química verde en el aula.
Cuando planifiqué la visita, mi objetivo era conectar los principios de esa disciplina con la realidad industrial del país. Lo que no anticipé fue la magnitud del impacto. Mis estudiantes entraron pensando que iban a ver «una fábrica» y salieron con una comprensión completamente distinta de lo que significa manejar responsablemente los desechos peligrosos que genera el sistema de salud.
Lo primero que les llamó la atención fue la escala. Panamá produce una cantidad significativa de residuos bioinfecciosos cada día —jeringas, gasas, material quirúrgico y muestras de laboratorio— y existe toda una industria especializada en garantizar que esos materiales no terminen en un vertedero común ni representen un riesgo para la población. Mis estudiantes no sabían que eso existía. Nadie les había contado.
Observaron el proceso de incineración, en el que los residuos son destruidos a temperaturas que los estudiantes registraron entre novecientos y mil grados Celsius, suficientes para eliminar patógenos. Vieron el tratamiento posterior de las cenizas resultantes, que tampoco pueden disponerse de cualquier manera. Aprendieron sobre salud ocupacional: los protocolos que siguen los trabajadores para manipular material potencialmente peligroso sin exponerse ni exponer a otros. Y aprendieron algo tan concreto como esencial: cómo manejar correctamente una bolsa roja y por qué nunca debe contener objetos punzocortantes sueltos.
Ese último punto fue el que más los impactó, porque entendieron que el error no lo paga quien lo comete. Una aguja o un bisturí desechado en una bolsa roja, en lugar de un contenedor rígido, puede atravesar el plástico y herir a la persona que la transporta horas después, en otro lugar, sin saber qué contenía. Para un operador de planta, ese pinchazo significa una posible exposición a virus que se transmiten por la sangre, como los de la hepatitis B y la hepatitis C, o el VIH. Significa también meses de pruebas, tratamiento preventivo y la angustia de esperar resultados. Una bolsa mal cerrada o sobrecargada puede romperse durante el transporte y derramar fluidos sobre el trabajador o el área de trabajo. La seguridad de quienes trabajan en esa planta empieza mucho antes, en el consultorio donde alguien decide dónde tirar una jeringa.
Al regresar al aula, ya sin el ritmo de la gira y con tiempo para pensar, empecé a hacerme preguntas que no formulé en su momento. No sobre esta empresa en particular, que opera dentro del marco regulatorio panameño y recibe monitoreos por parte de las entidades competentes, sino sobre el sistema en general. La incineración destruye los patógenos, pero también genera gases y cenizas que deben controlarse, porque la quema de ciertos plásticos puede producir compuestos tóxicos como las dioxinas. Por eso busqué dónde podría un ciudadano consultar los reportes de emisiones de las plantas de incineración del país.
Panamá cuenta con un Sistema Nacional de Información Ambiental de acceso público y hace más de una década se anunció que incluiría un Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes. Sin embargo, no logré encontrar en él datos de emisiones de estas plantas presentados de forma comprensible para quien no es especialista. Otros países de la región, como Chile, publican esa información en un portal abierto. Panamá, además, ratificó en 2020 el Acuerdo de Escazú, que compromete a cada país a establecer un registro de este tipo. La química verde no es solo una metodología de producción limpia; es también una cultura de transparencia. Y esa transparencia, para ser real, necesita ser pública.
No lo digo para señalar a nadie. Lo digo porque creo que, como país, deberíamos avanzar hacia estándares en los que la información ambiental no sea accesible solo para las entidades reguladoras, sino también para cualquier ciudadano que quiera saber qué ocurre en su entorno. Esa es una conversación que Panamá tiene pendiente.
Hay otra conversación pendiente, y esta ocurre dentro de las escuelas. La química verde ya forma parte del programa de 10.º grado del Ministerio de Educación, pero el manejo de residuos bioinfecciosos no aparece como uno de sus casos de estudio. ¿Por qué no se aprovecha ese espacio para que los estudiantes analicen cómo se tratan en su propio país los desechos que genera el sistema de salud? Es un tema que toca a toda la población y que permite aplicar los principios de la química verde a una realidad concreta y cercana, en lugar de quedarse en la teoría.
También me pregunté algo que cualquier padre de familia tiene derecho a plantear: ¿es realmente seguro llevar a estudiantes de secundaria a una planta de este tipo? Puede serlo, pero no de cualquier manera. Durante la visita, utilizamos todos los elementos de salud ocupacional que exige la planta para evitar accidentes y seguimos en todo momento los protocolos de bioseguridad del personal. Esa experiencia también fue parte del aprendizaje: entendieron que la protección no es un trámite, sino lo que permite trabajar con riesgo sin convertirlo en daño. Pero que una visita así sea segura no debería depender de la iniciativa de un docente aislado; debería existir una guía clara que oriente a las escuelas sobre cómo hacerlo de forma responsable.
Lo que vi en mis estudiantes me convence de que vale la pena. Al final del proyecto, contrastaron lo observado con la normativa vigente y concluyeron que la empresa cumplía con ella. También construyeron una maqueta de la planta de incineración, una instalación que gran parte de la población desconoce, y redactaron un ensayo argumentativo sobre su experiencia. Sus textos mostraron que habían entendido mucho más que un proceso industrial. Uno de ellos explicó que, sin un tratamiento térmico controlado, la lixiviación podría arrastrar metales pesados y patógenos hacia los suelos y los mantos acuíferos. Otro escribió que la responsabilidad sobre los desechos «no termina con su recolección, sino con su neutralización segura». La mayoría coincidió en que esta información debería estar al alcance de todos los estudiantes, no solo de quienes tuvieron la oportunidad de hacer la visita.
Sus ensayos también revelaron algo que me hizo pensar. Muchos admitieron que no tenían idea de que existieran leyes que regulan el manejo de estos residuos y se preguntaron por qué nunca habían escuchado del tema en redes sociales, en televisión ni en ningún otro medio. Creo que la respuesta está en la naturaleza misma de este trabajo: cuando el manejo de residuos funciona bien, no se nota y solo se vuelve noticia cuando algo sale mal. Por eso no basta con esperar a que los medios lo cuenten. Si la buena gestión es invisible, la escuela tiene que hacerla visible. Considero que este es un campo que puede y debe explorarse en el ámbito educativo y también en el de la comunicación pública.
Como docente, esa gira me dejó dos aprendizajes. El primero, para mis estudiantes: que detrás de cada bolsa roja hay personas, protocolos, hornos, cenizas y decisiones, y que alguien siempre tiene que hacerse cargo de lo que desechamos. El segundo, para mí: que una buena visita académica no es la que lo responde todo, sino la que te deja con mejores preguntas que las que tenías al entrar.
Panamá tiene empresas que hacen un trabajo silencioso, pero esencial para la salud de todos. Y quienes trabajamos en ciencia y en educación tenemos la responsabilidad de conocerlas, de llevarlas al aula y de seguir preguntando. Como escribió uno de mis estudiantes, un Panamá más limpio depende de nuestra responsabilidad de reducir y segregar los desechos desde el origen.
La autora es licenciada en Química por la Universidad de Panamá, profesora asistente de laboratorio en esa universidad y docente de química en educación media. Cuenta con un diplomado en Resolución de Situaciones Problemáticas en Química (Senacyt).
