He visto un video que circula en redes donde el fallecido general y ex hombre fuerte de Panamá, Manuel Antonio Noriega, dice textualmente: “Aguántense a Noriega, que los que vienen son peores”. Y, como si fuera una profecía certera, así ha pasado con los gobiernos que hemos tenido luego de la invasión de Estados Unidos a Panamá.
Lo único que se aprecia en la llamada “vuelta a la democracia” después de 1989 es el derecho al voto y la supervisión de los resultados por parte del Tribunal Electoral, para que el desenlace del sufragio sea transparente y se declare un vencedor, aunque sea con un resultado mínimo.
Sin embargo, todos los gobiernos que hemos tenido, supuestamente nacidos de una democracia que costó muchas vidas, han sido una especie de “dictaduras de partidos políticos” con agendas totalmente alejadas del sentir e interés popular.
La Asamblea Nacional, al igual que la Corte Suprema de Justicia, que deberían ser instancias independientes como ordena nuestra Constitución, están subordinadas a las disposiciones del Ejecutivo, que decide qué magistrados serán nombrados según la línea de los gobernantes de turno. Este aspecto, además de ser una aberración en democracia, sigue constituyendo un nudo por resolver que impide el buen desarrollo de una democracia plena.
Algunos sectores empresariales en nuestro país consideran la democracia como un juego de carreras de caballos, donde el ganador, aunque sea por un margen estrecho, “se lo lleva todo” y no hay nada que discutir. Así ocurrió con la Ley 462 de la Caja de Seguro Social, en la cual los sectores dominantes en términos económicos se alinearon con el presidente José Raúl Mulino para impulsarla.
Aunque los votos para aprobar la Ley 462 se obtuvieron en la Asamblea Nacional en medio de fuertes antagonismos, la aprobación resultó controversial, generando una serie de protestas por parte de diversos actores del movimiento social panameño. Lejos de originar espacios de diálogo, estas manifestaciones provocaron represión y persecución por parte del gobierno.
Siempre he escuchado el mismo discurso de los gobiernos de turno con relación a las protestas sociales en Panamá: se aceptan siempre y cuando sean “pacíficas”. Sin embargo, cuando estas se ejecutan, caen en oídos sordos.
Todo parece indicar que, en cuanto a las protestas, hay un hilo conductor común en todos los gobiernos que hemos tenido: “Te escucho, pero no te hago caso”, lo cual limita de forma significativa el desarrollo de una democracia inclusiva.
Si la protesta se convierte en actos de violencia, de inmediato son tachadas de subversivas y “terroristas”, pero no se toma en cuenta que es precisamente la actitud intransigente de los gobernantes la que da pie a estas reacciones.
Si la gestión de José Raúl Mulino piensa que, con encarcelar, perseguir y reprimir a manifestantes, ha ganado una batalla a favor de los intereses empresariales, está totalmente equivocada. Lo único que ha logrado es apaciguar un incendio momentáneamente, pero ha abonado más resentimiento en una población que experimenta una frustración creciente, muy parecida a la de los días previos al golpe militar de 1968 en Panamá.
El autor es sociólogo y docente.
