La limitada legitimidad democrática del actual gobierno representa una vulnerabilidad estructural en lo que respecta a la concentración del poder político, la gobernanza y los mecanismos de control institucional que sustentan al Estado.
Si bien es cierto que el sistema electoral panameño permite el acceso al poder con una escasa diferencia de votos, o incluso sin contar con la mayoría absoluta del electorado, ello no implica que tales resultados confieran automáticamente legitimidad política y moral suficiente para gobernar sin restricciones. La legitimidad democrática no debe entenderse únicamente como una cuestión de resultados electorales, sino también como el ejercicio responsable del poder dentro del marco del Estado de derecho.
En ese sentido, la noción de que, aun cuando el gobierno se equivoque, “este vuelve a mandar”, resulta improcedente. Los daños ocasionados por decisiones gubernamentales erróneas o arbitrarias deben estar sujetos a los mecanismos de rendición de cuentas establecidos por la Constitución y el ordenamiento jurídico, a fin de preservar la integridad institucional y la confianza ciudadana en el sistema democrático. De otro modo, nuestra democracia no será muy diferente de un régimen autoritario.
A lo anterior se suman tres cuestiones que evidencian vulnerabilidades en la gobernanza panameña durante el primer año del gobierno del presidente José Raúl Mulino: la aprobación de la Ley 462, que reforma la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social; la firma del memorándum de entendimiento con los Estados Unidos en abril del presente año; y la posible reactivación de la minería, cuya reapertura, de manera unilateral, podría no pasar por la Asamblea Nacional.
En primer lugar, dejando de lado los tecnicismos y los nuevos fundamentos introducidos en la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, la forma en que se aprobó dicha reforma —en particular, la extensión del plazo para la revisión de la edad de jubilación— parece responder a una estrategia política de evasión del costo electoral por parte de los diputados, quienes buscan evitar las consecuencias asociadas a decisiones impopulares sobre un tema tan sensible como la seguridad social.
Por otro lado, la polarización de opiniones frente a estas reformas surge de disputas ideológicas que pretenden imponer una visión sobre otra, lo que conduce a la ciudadanía a presenciar, una vez más, la postergación de soluciones estructurales a los problemas del sistema. Todo ello ocurre en nombre de reelecciones, aspiraciones políticas futuras y el afán de notoriedad, alimentado por la constante desinformación promovida por individuos que se presentan como los únicos capacitados para resolver los problemas nacionales.
Adicionalmente, la firma del memorándum de entendimiento entre el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, y autoridades panameñas plantea posibles violaciones a la neutralidad de la República de Panamá y al Tratado Concerniente a la Neutralidad del Canal de Panamá. Aunque el gobierno lo niegue, el país atraviesa una crisis diplomática.
La carencia de personal capacitado y eficiente en materia de relaciones internacionales ha limitado la capacidad de negociación de Panamá, tanto con Estados Unidos como con la República Popular China. Resulta contraproducente, desde una perspectiva estratégica, intentar tomar partido en el contexto de la guerra comercial entre las dos principales potencias mundiales. Panamá —aunque algunos actores no lo comprendan— constituye una economía de conexión, no una economía subsidiaria de Estados Unidos.
El cuerpo diplomático panameño debe comenzar por comprender la historia nacional y analizar los valores patrios antes de comprometer principios fundamentales mediante la firma de acuerdos. Su deber es servir al país conforme a sus intereses superiores, promoviendo los valores democráticos y nacionales tanto en el ámbito internacional como en el interno.
Finalmente, las declaraciones del presidente José Raúl Mulino sobre la posible reapertura de Minera Panamá sin que exista un contrato que deba ser aprobado por la Asamblea Nacional resultan altamente preocupantes. De concretarse, constituirían una iniciativa arbitraria que quebrantaría el orden democrático.
Aunque Panamá puede ser considerado un país con un sistema presidencialista robusto, ello no implica que el presidente goce de poderes absolutos. El papel de la Asamblea Nacional frente a cualquier propuesta del Ejecutivo relacionada con la reactivación de la actividad minera debe ser el de fiscalizar y garantizar que tales acciones no contravengan la legislación vigente ni desobedezcan los precedentes jurídicos establecidos en relación con los planes pasados, presentes y futuros sobre la explotación de recursos naturales. Cabe enfatizar que dichos recursos pertenecen al pueblo panameño, no al gobierno de turno.
El autor es internacionalista y estudiante de Derecho.
